La Argentina real: el 52% de los pobres son informales y el 10% vive del asistencialismo

El presidente Néstor Kirchner pretende un plebiscito favorable en 7 días más pero ¿qué hizo Kirchner por los pobres, por ejemplo? Ni siquiera resolvió la cuestión del empleo informal, que no se soluciona enviando inspectores del Ministerio de Trabajo. La verdad es que Kirchner hizo nada, y el escenario es preocupante, de acuerdo al informe que ha preparado Idesa (Instituto para el Desarrollo Social Argentino). Con estos datos, especular sobre comicios y boletas es ocioso.

La pobreza es un fenómeno estrechamente vinculado con la informalidad. Al operar por fuera de los circuitos legales, los pobres no son alcanzados por las intervenciones tradicionales del Estado.

Esto explica que las mejoras en la situación laboral de los pobres sean escasas.

Por ello, un factor decisivo para iniciar un proceso de inclusión social es asumir con audacia y convicción un proceso de inclusión de pequeñas empresas en la formalidad.

El 2005 terminará siendo un año atípico, caracterizado por un muy alto crecimiento en la actividad económica pero sin mejoras equivalentes en materia de inclusión social.

El PBI crece a casi 10% anual y la incidencia de la pobreza se mantiene en niveles próximos al 40%. Una explicación para esta preocupante contradicción surge al analizar las fuentes de generación de ingresos de los hogares pobres.

Según información extraída de la EPH del INDEC para el primer trimestre del 2005, las principales fuentes de ingresos de las familias pobres son:

> El trabajo formal (entendiendo por tal, el trabajo como salariado registrado, cuentapropista profesional o patrón) y sus derivados (ingresos por jubilaciones y seguro de desempleo), explican sólo el 35% del ingreso de los hogares pobres.

> El asistencialismo –fundamentalmente el Plan Jefes de Hogar– explica apenas un 10% del ingreso de los pobres.

> En cambio, el trabajo informal, o sea, el trabajo como asalariado no registrado o como cuentapropista no profesional, explica el 52% del ingreso de los pobres.

Los datos sugieren que los pobres subsisten fundamentalmente gracias al trabajo informal.

Bajo estas condiciones, el accionar del Estado entra en un dilema sin aparente solución.

Por un lado, las políticas públicas tradicionales –como los aumentos de salarios por decreto, de las prestaciones de la seguridad social o los subsidios discrecionales a las empresas– son poco eficaces para atenuar la pobreza porque no benefician a quienes operan por fuera de la legalidad. Peor aún, muchas de estas medidas perjudican a los pobres ya que estos soportan parte de los costos pero no acceden a sus beneficios.

Por el otro, el asistencialismo en el mejor de los casos aporta paliativos a un reducido grupo de hogares, pero no soluciones.

Peor aun, el asistencialismo a escala masiva deriva fatalmente en clientelismo, degradando las instituciones políticas y sometiendo a los pobres a la inmoral opción de que para paliar sus privaciones económicas tiene que claudicar en sus convicciones políticas.

La forma de romper el falso dilema es promover la inclusión de las pequeñas empresas en la legalidad.

En la medida que estas empresas entren al circuito formal, automáticamente se les abre las posibilidades de desarrollo y tanto la empresa como sus trabajadores pasan al ámbito de quienes pueden recibir la protección y el apoyo de las decisiones del Estado.

Para explicar los determinantes de la informalidad resulta pertinente considerar el ranking que elabora el Banco Mundial para aproximar una medición de la capacidad de los países en generar climas propicios para la inversión, el crecimiento y la productividad (Doing Business 2004).

En este ranking, la Argentina aparece en el puesto 77º entre 155 países. La mayoría de los indicadores que usa el ranking tiene que ver con aspectos que resultan mucho más limitantes para un pequeño emprendimiento que para una gran empresa.

Por ejemplo, la cantidad de trámites para lograr la apertura de una empresa o conseguir una licencia, las horas que demanda cumplir con el pago de los impuestos o las complejidades que impone la legislación laboral.

El único país latinoamericano ubicado en una posición promisoria en el ranking es Chile (25º) que también es el único país que ha experimentado en los últimos años un importante proceso de inclusión social. Según datos de la CEPAL, entre 1990 y 2003, la incidencia de la pobreza en Chile cayó del 38,4% al 18,6%.

Desde los tres niveles de gobierno y los tres poderes del Estado argentino emanan disposiciones que ponen trabas y complicaciones a quienes quieren producir y trabajar.

No se tratan de reglas de juego racionales que aportan al desenvolvimiento de las relaciones económicas, sino de inercias burocráticas que terminan discriminado a los más pequeños.

Por eso, o se inicia un agresivo proceso de simplificación y racionalización de las intervenciones públicas o habrá que resignarse a convivir con todas las derivaciones negativas de una situación en donde 4 de cada 10 argentinos viven en la pobreza. Una de estas derivaciones es el uso de la pobreza con fines políticos y electorales.

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