Lavagna y Nielsen quedaron comprometidos por violación de la Ley Cerrojo

Algo muy irregular ha ocurrido en New York City, que exige investigación. O el abogado de la Argentina, Jonathan Blackman, actuó más allá de los poderes concedidos por sus mandantes, el Estado argentino, ofreciendo un acuerdo más allá de la Ley 26.017; o algunos funcionarios argentinos han violado la legislación dándole una autorización a Blackman que ultraja la legislación vigente. No hay terceras opciones. Si Blackman se extralimitó, es válido cuestionarse que, probablemente, Cleary, Gottlieb no debe seguir patrocinando a la Argentina. Si un funcionario argentino se extralimitó, hay que sancionarlo en consecuencia.

"Cuando se enoja, Blackman se pone colorado y eso se percibe de inmediato en su cara; pero ahora debe estar verde musgo, por el error que cometió", explicó un funcionario de la Procuración del Tesoro que evaluó ante U24 lo ocurrido en USA, y que el periodista Guillermo Laborda anticipó hoy en el diario Ámbito Financiero, probablemente como resultado de sus largas excursiones al 2do. piso del Patio Bullrich en búsqueda de deliciosos bizcochitos y un poco de información.

Blackman es Jonathan Blackman, el abogado-socio del estudio jurídico Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton, de New York City, que se encuentra a cargo de la defensa de la República Argentina ante sus acreedores en 'default' (porque el 24% de los bonistas rechazó la oferta Argentina de reestructuración de deuda y siguen reclamando sus acreencias).

Y el error que cometió Blackman es gravísimo, al punto que resulta inexplicable que hoy no se haya presentado alguna denuncia penal contra Roberto Lavagna, exigiendo que Blackman preste declaración testimonial, o al menos que el juez Thomas Poole Griessa y la Cámara de Apelaciones remitan las versiones taquigráficas de sus últimas audiencias acerca del 'caso Argentina'.

En tiempos republicanos se diría que cómo un fiscal federal no ha pedido explicaciones, pero con Esteban Righi al frente de la Procuración General, los fiscales no viven en tiempos republicanos.

Más incomprensible aún es que, en el final de la campaña electoral, ningún legislador de la Nación haya levantado su voz ya que es ridículo lo que ha sucedido, y sin duda le costará mucho dinero a la Argentina.

Al menos debería comenzar costándole honorarios al estudio Cleary, Gottlieb...

La verdad es que Blackman se había 'cebado' con el éxito de sus 'chicanas' rutinarias que durante 1 año han logrado detener las sentencias en contra de la Argentina.

¿Cómo lograba Blackman 'chicanear' en un tema que tiene perdido desde el inicio porque los derechos de los acreedores no pueden desconocerse ni eliminarse?

Él solicitaba documentación adicional en el Tribunal. Por ejemplo, llamaba al banquillo de los acusados a un pequeño tenedor de bonos, un jubilado argentino llamado Tomás Pico Estrada, hombre mayor, desconocedor de los vericuetos de la deuda, y le preguntaba: "¿Qué significa este documento A que Ud. presentó al Juzgado?"

Pico Estrada respondía: "¿Yo presenté un documento A? No sé de qué me está hablando...."

Obvio, Pico Estrada no es un abogado especializado en Derecho Financiero estadounidense, pero Blackman se solazaba y le decía a Griesa: "Señoría, solicito que quede asentado que el demandante ignora qué documentación presentó en su demanda".

Otra típica de Blackman: Un inversionista argentino demandante es citado a declarar. Blackman le pregunta: "Los bonos están a nombre de una empresa panameña, ¿de quién es la empresa?" Respuesta lógica del demandante: "De sus accionistas". Respuesta obvia de Blackman: "¿A ver quiénes son los accionistas? Mmmmm yo creo conveniente que se cite a declarar a... Fulano".

Y Fulano no siempre conocía de qué estaba hablando porque ya se sabe cómo se arman los directorios de las empresas offshore...

Ahora, para la temporada 2005, la 'chicana' de Blackman se llamó DTC, unos certificados que se extiende a los tenedores de bonos.

Blackman tenía órdenes de su cliente (el Gobierno argentino) para que la deuda externa no provocase 'ruido' durante la campaña electoral. Aplicado, Blackman decidió proceder nuevamente.

Depository Trust Company (DTC) es quien extiende los certificados de tenencia y es integrante del U.S. Federal Reserve System, funciona bajo las leyes del estado de New York registrada en Securities and Exchange Commission (SEC).

Blackman exigió en la Corte que todos los demandantes presentaran sus certificados DTC para verificar sus acreencias, como paso previo a cualquier negociación futura.

El problema de Blackman comenzó cuando al menos 2 estudios jurídicos habían previsto la posible estrategia dilatoria de Blackman, y habían reunido los DTC. Los pequeños tenedores comenzaron a desfilar con sus DTC, y Blackaman abrió bien grande su bocota.

Pablo Giancaterino, socio local -para este caso- del abogado de los demandantes, Guillermo Gleizer, había trabajado mucho hasta conseguir decenas de DTC.

Entonces Blackman propuso ante el juez Griesa, dejar de lado la petición de los DTC y pactar con los abogados qué certificación debían presentar.

Blackman hizo esto para impedir la obvia jugada de los abogados de los demandantes: que se tomara testimonio al responsable de DTC y que éste habilitara a todos los demandantes, porque lejos está de DTC querer involucrarse en este entuerto.

Con su jugada, Blackman dividió a la defensa de los demandantes. Un par de estudios jurídicos habían incluido en sus contratos de defensa de que se harían cargo de los gastos adicionales del juicio, y solicitar los DTC supone un cargo financiero por cada certificado.

Otros estudios no tienen esa obligación, y además querían demostrar que Blackman continuaba con una actitud que Griessa le advirtió hace meses: la dilación de sentencia.

Sin embargo, con su oferta ante el Tribunal, Blackman le propinó un jaque a, por ejemplo, el abogado Guillermo Gleizer.

Por cierto que nadie esperaba la respuesta de Gleizer a Griesa: "Me niego a aceptar la oferta de Blackman porque él no tiene mandato para realizar la oferta que está haciendo. Él está mintiendo a mis clientes y a Su Señoría. La Ley 26.017 (o Cerrojo) le impide modificar cualquier oferta de la Argentina a sus acreedores".

El rubor subió por el rostro de Blackman, y el juez Griesa le dio la razón a Gleizer.

Probablemente, enojado por esta situación Griesa decidió propinarle una tunda a la demanda. Entonces ejecutó una acción más imprevisible aún para el estudio Cleary porque Griesa dijo: "Si Blackman representa a la Argentina, y dijo ante este Tribunal que ya no pediría los DTC, ¿cuál es el obstáculo para que yo falle en el caso de Million Air Corp. contra la Argentina?"

Y falló en consecuencia, habilitando otras demandas contra la Argentina que conseguirán una sentencia favorable, en similares circunstancias, porque eso ya no se discute.

La estrategia del Gobierno argentino fue dilatar, porque sabe que deberá afrontar los pagos resarcitorios. Los plazos ahora se acortaron, y el propio Griesa dejó constancia de esto al fallar

Pero, ¿quién le dio mandato a Blackman para ofertar ante el Tribunal estadounidense, en la cuestión de los DTC, en nombre del Gobierno argentino, cuando se encuentra vigente la Ley 26.017?

Algo muy irregular ha ocurrido en New York City, que exige investigación.

O Blackman actuó más allá de los poderes concedidos por sus mandantes, el Estado argentino; o algunos funcionarios argentinos han violado la legislación dándole un poder a Blackman que ultraja la legislación vigente.

No hay terceras opciones.

Si Blackman se extralimitó, es válido cuestionarse que, probablemente, Cleary, Gottlieb no debe seguir patrocinando a la Argentina.

Si un funcionario argentino se extralimitó, hay que sancionarlo en consecuencia.

Luego, si la Argentina no llegó a un acuerdo con los acreedores que siguen en 'default', a quienes ignoró, y hoy está preparándose para pagar 150%, por lo menos, del monto adeudado (bien puede terminar bastante más del 150%), ¿quién se responsabiliza por semejante uso indebido de los fondos públicos y estafa a la credibilidad pública?

Por lo que se puede apreciar, el hecho es muy relevante y grave. En definitiva, la administración Kirchner, con Roberto Lavagna al frente de esta renegociación, puede terminar en un escándalo. ¿Qué festejaba hace algún tiempo Guillermo Nielsen acerca de la estrategia argentina de negociación? Su incompetencia solamente es comparable con su mala fe.

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U24, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2005.

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