GN-Endesa: Kroes revisará la norma que dio competencia a España

La Comisión Europea rechazó hoy la denuncia presentada por Endesa respecto a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Gas Natural, al considerar que la operación no es competencia suya sino de las autoridades españolas, según informó la prensa hoy. De esta manera, las presiones del gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero sobre las autoridades comunitarias parecen haber culminado con éxito, aunque, según informó hace instantes la agencia Reuters, Neelie Kroes, comisaria europea de Competencia, propondrá un cambio en la norma que llevó a que sea Madrid y no Bruselas la que revise la controvertida oferta de compra de Gas Natural.

La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, propondrá un cambio en la norma que llevó a que sea Madrid y no Bruselas la que revise la controvertida oferta de compra de Gas Natural sobre la eléctrica Endesa.

Kroes expondrá a los comisarios que el caso Gas Natural-Endesa es el ejemplo más reciente de por qué las fusiones no deberían ir automáticamente a los reguladores nacionales si dos tercios de la facturación dentro de la Unión Europea (UE) de las firmas afectadas se realiza en su país, según Reuters.

"La importancia de esta norma se ha visto en el caso Gas Natural-Endesa", declaró Kroes en una nota a la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, tras autorizar a las autoridades españolasa decidir sobre la operación.

Mientras el gobierno español vanagloriaba la eficacia de sus presiones, al lograr su cometido de que Bruselas renuncie a la competencia en la OPA.

El sitio El Confidencial lo relató de esta manera:

El viernes pasado viernes, El Confidencial informó que el Gobierno Zapatero estaba "a punto de salirse con la suya", al conseguir que Bruselas remitiera a Madrid el expediente de concentración para ser estudiado por las autoridades de la competencia españolas, a cambio de ceder 2en las negociaciones sobre el presupuesto comunitario para el periodo 2007-2013".

Las sospechas se confirmaron ayer al conocerse que el jefe de gabinete de la comisaria de Competencia había presentado a sus colegas del comisariado una propuesta definitiva de Neelie Kroes en tal sentido. Medios cercanos al presidente de la CE, Durao Barroso, apuntaron ayer al comisario español, Joaquín Almunia, como el autor de la filtración.

La situación, que ha conocido presiones feroces por parte de ambos bandos, ha dado en las últimas fechas un cambio espectacular. A principios de la semana pasada, en los ambientes comunitarios se daba por descontado que el pleno de Comisarios, en su reunión del miércoles 9, reclamaría la competencia para Bruselas, puesto que tal era la opinión que había venido sosteniendo la comisaria Kroes.

El aplazamiento de esa reunión ya hizo intuir que algo grave estaba pasando. "Neelie no puede decir que le han obligado a cambiar de postura y que lo ocurrido es un trágala, pero no hay otra explicación a su cambio de postura", aseguraron ayer a este diario fuentes comunitarias cercanas al grupo popular. Endesa anunciará hoy su intención de plantear recurso ante el Tribunal de Luxemburgo, una iniciativa que, en todo caso, no suspende la tramitación de la OPA.

Al cambio de opinión de la comisaria de Competencia podría haber contribuido decisivamente un "contacto" (algunas fuentes hablan de un almuerzo) que el pasado fin de semana mantuvieron Zapatero y el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, quien en un principio apoyaba a la comisaria Kroes para que el expediente fuera a Bruselas y que en los últimos días le retiró ese apoyo.

Sobre Barroso habría presionado activamente, a su vez, la presidencia británica de la UE, en manos de Londres durante este semestre. El curso de los acontecimientos se habría alterado, según esta tesis, con motivo del reciente viaje de Rodríguez Zapatero a la capital británica, el 26 de octubre pasado, para entrevistarse con Tony Blair con motivo de una reunión de dirigentes socialistas europeos.

Pacto entre los gobiernos español y británico

Del encuentro de Londres, y de acuerdo con las fuentes, habría salido un acuerdo más o menos explícito, pero en todo caso indemostrable, de momento: Zapatero habría pedido ayuda a Blair en el contencioso de la OPA, a cambio de adoptar una "posición flexible" durante la discusión de las perspectivas financieras (presupuesto comunitario) para el periodo 2007-2013, que tendrá lugar en la cumbre de los días 15 y 16 de diciembre a celebrar en Londres.

España es el tercer contribuyente en importancia al llamado cheque británico, con 700 millones de euros, que Londres se niega a dejar de cobrar a menos que Francia se apriete a su vez el cinturón con los subsidios agrícolas. Para Gran Bretaña sólo se derivan ventajas de la oferta española: se quita de en medio un opositor a sus tesis, y además le sale gratis.

También el ministro de Economía, Pedro Solbes –además del comisario de Finanzas de la UE, Joaquín Almunia-, se ha implicado en la idea de que la OPA debía ser competencia de España. Justo lo contrario de lo que ha opinado el Partido Popular, quien se ha manifestado abiertamente en contra de que fuese el Ejecutivo de Zapatero el protagonista de la operación y en tal sentido ha hecho intenso lobby en Bruselas.

Ha podido más el Gobierno que la oposición. "Para llegar a esta solución, Kroes podía haber fallado hace un mes, sin necesidad de esperar tanto tiempo y protagonizar un lío que pone en evidencia la importancia de las presiones recibidas", asegura una de las fuentes consultadas.

La contraprestación que Zapatero tendrá que pagar

La toma en consideración de la OPA por parte de Bruselas no implicaba que fuera a ser más restrictiva que el TDC español. Ocurre, sin embargo, que su decisión es vinculante, y que, después de lo ocurrido con la financiación del PSC, Bruselas hubiera asegurado unos criterios de objetividad que el Gobierno de ZP no puede ahora garantizar en absoluto.

Hará falta, en todo caso, esperar a la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE para saber si el Gobierno Zapatero ha asumido, y en qué cuantía, algún compromiso firme con la presidencia británica, capaz de perjudicar los intereses colectivos españoles por favorecer los particulares de una empresa.

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