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La Justicia le dijo No a las cámaras de Macri en las escuelas

La jueza Elena Liberatori hizo lugar a una acción de amparo para que el Gobierno porteño suspenda la instalación de cámaras de filmación u otros dispositivos similares en las escuelas a las que acuden los hijos de quienes presentaron la medida.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La jueza Elena Liberatori, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires, suspendió parcialmente la prestación del Servicio de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica adjudicado por Decreto Nº 216/11, únicamente en lo que respecta a la instalación de cámaras de filmación (circuito cerrado de televisión) u otros dispositivos similares en los establecimientos educativos a los que acuden las hijas de la parte aquí actora.

La medida fue dictada en el marco de una acción de amparo iniciada por un grupo de padres cuyos hijos asisten a establecimientos educativos de la Ciudad, según publica el Centro de Información Judicial.

En esa presentación se solicita “se excluya de la vida interna de los establecimientos educativos los registros video grabados que hagan posible la vigilancia, con destino a las bases de datos de las empresas privadas designadas por la demandada, evitando la instalación de tales dispositivos dentro de dichos establecimientos”.

En este sentido, impugnan el acto administrativo que incluyó como objeto de vigilancia la actividad interna de las escuelas donde concurren sus hijos, esto es la Resolución Nº 103/GCBA/MJYSG/11 y el Decreto Nº 216/11.

El secretario General de UTE-Ctera, Eduardo López, explicó que "el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, ha decidido instalar cámaras de audio y video en 17 jardines de infantes, 17 escuelas secundarias y 56 escuelas primarias porteñas, según él, con el fin de cuidar el patrimonio de la Ciudad".

"Justamente las escuelas en las que quieren poner cámaras son escuelas en las que se reclamó más presupuesto educativo, reformas edilicias y escuelas muy movilizadas por gremios docentes y alumnos", agregó.

"No vamos a permitir que pongan cámaras que violen las libertades públicas de nuestros alumnos porque entendemos que no son objetos de observación de nadie, sino que son sujetos de derecho y por eso fuimos a la justicia que nos dio la razón", señaló.

La jueza tomó la decisión ante el amparo presentado por la UTE, el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) y padres de las escuelas involucradas.

El abogado de ODH, Demian Konfino, señaló que el fallo expedido por la jueza menciona que "el medio elegido aparece prima facie como desproporcionado respecto de la finalidad perseguida (seguridad de bienes y dependencias del estado) ya que al no haberse establecido límite alguno para el funcionamiento de los dispositivos se genera una afectación irrazonable del derecho de la intimidad".

De la conferencia de prensa también participaron representantes de Madres y Padres por la Escuela Media, estudiantes de la Federación de Estudiantes Secundarios y los padres que presentaron la demanda, Silvia Doval y Héctor Hussein, quienes destacaron su rechazo a "la instalación de cámaras espías".

López convocó a "todos los padres, cuyas escuelas tienen cámaras, a preservar la privacidad de sus hijos, y a firmar la presentación judicial para extender al resto de los establecimientos esta medida".
 

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