Mi intención no es debatir sobre las cuestiones que afectan a la salud que se han puesto al alcance de la opinión pública en estos días porque no es mi campo, pero si alertar que de ninguna manera podemos manifestar que la reestatización es una medida correcta cuando previamente no se avanza sobre cómo se estructurarán los mecanismos de control para monitorear el accionar que el Estado realice a través de Aguas y Saneamiento Argentinos.

Y no es porque en la Argentina los organismos de contralor no existan, sino porque cuando tienen que actuar sobre un Gobierno hegemónico como el Néstor Kirchner, desaparecen. Sin ir más lejos, recordemos como se bombardeaba a la opinión pública con las irregularidades de Metropolitano, las que dieron como resultado que el Gobierno decidiera rescindir el contrato de concesión y hacerse cargo del ferrocarril San Martín.

¿Y cuál es la situación actual? El Estado comete las mismas irregularidades que anteriormente denunció, pero ahora el contralor desapareció y las actuales quejas de los usuarios parecieran que carecen de fundamentos porque ya no están siendo escuchadas. Incluso la oposición, con su silencio, está aprobando este accionar en vez de exigir que se ataque el problema de fondo, que es la renegociación de los contratos de los servicios públicos. O peor aún, en el Congreso ahora directamente se dice que la discusión se debe apuntar hacia ‘‘al modelo de gestión estatal’’.

Todas sabemos que si el Gobierno no comienza a negociar con seriedad los contratos de concesión, serán pocas o ninguna las empresas privadas que quieran operar en la Argentina dentro de un mercado regulado porque varias de las regulaciones existentes carecen de lógica.

¿Y cuál es la propuesta de Kirchner para que la ciudadanía acepte semejante atropello? Que no habrá aumentos en las tarifas domiciliarias. Ahora, si consideramos que para el correcto funcionamiento de los servicios públicos será necesario realizar inversiones no sólo en mantenimiento sino también en ampliaciones, llegamos a la conclusión que lo que el Gobierno estará haciendo es un uso discrecional de los recursos fiscales. Pero lo peor, y por eso manifiesto que estamos sentados sobre una bomba de tiempo, es que se trata de una medida no sostenible bajo las actuales circunstancias, ya por las siguientes tres razones no podemos pensar que el superávit fiscal será eterno:

1. El gasto público está aumentando a una tasa superior a la de los ingresos fiscales.

2. Los ingresos por retenciones a las exportaciones no podrán mantenerse eternamente en los altos valores actuales porque están íntimamente ligados a los precios internacionales de las materias primas, y no a cuestiones que el Poder Ejecutivo pueda manejar.

3. Los servicios de la deuda indefectiblemente serán cada vez mayores porque con la salida del default se pactó una estructura de tasas de interés ascendente.

En otras palabras: tarde o temprano el aumento en las tarifas de los servicios públicos se producirá porque en la medida que los concesionarios continúen yéndose del país y el Estado se haga cargo de sus operaciones, el invertir sin la contrapartida económica generará un déficit fiscal fenomenal, del que ya tenemos sobrada experiencia, desgraciadamente, acerca de hacia donde nos lleva.

Seguramente que más de un nacionalista debe estar pensando en salir al cruce de mis palabras porque indirectamente estoy diciendo que el sector privado supera ampliamente al sector público en la gestión de activos claves para el desarrollo económico de un país, como lo son los ligados a la infraestructura. Y no es así. El sector público puede ser tan eficiente como el privado en la administración de los activos y la calidad de los servicios a brindar, lo que ocurre es que hasta que en la Argentina los organismos de contralor no comiencen a funcionar como debieran, ni siquiera debemos considerar la capacidad de gestión del sector público porque el control recae sobre ellos mismos.

Y lamentablemente no puedo afirmar que en esta oportunidad vaya a ocurrir lo contrario, porque para eso primero Kirchner tendría que haber estructurado los organismos de contralor de forma tal que sean realmente independientes del poder político. Como esto no ocurrió, ésta reestatización y las que vendrán no son más que una decisión política.

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* Presidente de Fundación Análisis, y miembro de la Junta Promotora de Liga Progresista.