Gallardo ordenó la clausura del casino flotante "Princess"

El juez Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, ordenó la clausura del barco casino "Princess", de la empresa Cirsa, la misma que posee el buque "Estrella de la Fortuna" ubicado en Puerto Madero, en el marco de una acción de amparo. La medida fue solicitada por el abogado Ricardo Monner Sans, quien cuestionó el funcionamiento del barco en ese lugar.

Antes de que comenzase el juicio político con el ahora destituido jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, el nombre de su enemigo, el juez Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, sonaba también fuerte como posible candidato a ser juzgado.

Fue Gallardo quien el lunes ordenó la clausura del barco casino "Princess", de la empresa Cirsa, ubicado en Puerto Madero, en el marco de una acción de amparo.

"Princess" tiene cuatro pisos y es el segundo casino flotante de Buenos Aires, tras "Estrella de la Fortuna". "Princess" funciona con máquinas tragamonedas en todos su pisos, más ruletas electrónicas en el 4º.

Ya en marzo de 2005, Gallardo le había ordenado al Gobierno de la Ciudad que clausurara el casino "Estrella de la Fortuna" (inaugurado en el 1999), ya que la ley Nº 538 prohíbe que haya explotación privada de juegos de azar en Buenos Aires.

Pero esta medida chocó con otra tomada en 1999 por el juez federal Luis María Márquez, quien entendió que el casino se encuentra en territorio nacional y no porteño, y que por lo tanto no depende la Ciudad su control. El fallo de este último fue avalado en noviembre por la Cámara de Apelaciones, que además prohibió la instalación del segundo casino.

La empresa Cirsa se presentó ante la Justicia Federal, y consiguió que otro juez, Sergio Fernández, autorizara abrir el Princess.

El Gobierno de Ibarra decía no tener el poder de policía para cerrar el primer casino e impedir que abra el otro. La disputa es importante ya que, según Cirsa, el actual casino factura al año $ 3.760 millones, de los cuales el 20% debe ir al Estado.

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