Es ley el impuesto De Vido, símbolo del poder discrecional del superministro de Kirchner

Los aumentos de tarifas se encuentran en marcha. No se llamarán 'aumentos de tarifas' porque el presidente Néstor Kirchner quiere 'tocar' el índice de precios y porque el ministro Julio De Vido pretende rentables negociaciones con las empresas con el argumento de premiar los planes de inversión. Pero es puro artilugio semántico.

El Senado habilitó al Poder Ejecutivo a aplicar cargos en las facturas de gas y electricidad para financiar de manera específica obras de infraestructura en materia energética.
La votación finalizó con 37 votos en favor y 20 en contra. El proyecto —enviado por el Ejecutivo en diciembre de 2004—, tuvo sanción de Diputados en marzo.
El Gobierno afirmó que ese aporte lo harán los grandes consumidores, pero nada impide que pueda ser abonado por los usuarios residenciales.
"A esta ley le falta nombre y apellido: Julio De Vido", afirmó el socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe).
Rodolfo Terragno (Capital), dijo que "lo que se está discutiendo es el impuesto De Vido".
La bonaerense Hilda de Duhalde aseguró que Néstor Kirchner "se acerca peligrosamente a la suma del poder público". Y le respondió Miguel Pichetto: "Escuché quejas de una senadora de una provincia donde se manejaron millonarios fondos sin control".
La ley otorga amplias facultades al Gobierno para imponer cargos a los usuarios de gas, gas licuado de petróleo y electricidad que se destinarán a fondos fiduciarios -existentes o por crear- para financiar obras de infraestructura de generación y transporte de energía.
Los fondos fiduciarios se encuentran fuera del presupuesto nacional, por lo que el Congreso no tiene posibilidad de opinar sobre el uso de esos recursos.
Esta falta de control fue motivo de serias objeciones, aunque el genuflexo titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y miembro informante del oficialismo, Jorge Capitanich (Chaco), aseguró que esas acusaciones eran "una falacia de falsedad absoluta" porque los fideicomisos son controlados por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN), que además depende del Congreso.
Terragno replicó recordando que Alessandra Miniceli, esposa de De Vido, es la Nº2 de la Sigen y que el control de la AGN es posterior a los hechos.
Avaló así a Adolfo Rodríguez Saá (PJ-San Luis), quien había destacado que sólo ahora el Congreso está por aprobar la cuenta de inversión -la aplicación de los recursos del presupuesto-, de 1997 y 1998.
La ley tiene estas características:
> Se crean cargos específicos en las tarifas de luz y gas "como aporte a los fondos de fideicomisos constituidos o a constituirse" para desarrollar obras de infraestructura.
> Faculta al PEN a fijar el valor de los cargos "y ajustarlos, en la medida que resulte necesario".
> También faculta al PEN a "determinar la asignación" de los cargos entre los distintos fondos fiduciarios "constituidos o a constituirse". El Gobierno deberá informar trimestralmente al Congreso sobre su aplicación.
> El Ejecutivo "podrá" exceptuar a los pequeños usuarios.
La senadora por Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, con su hipocresía habitual, dijo estar sorprendida por esas críticas porque estos temas "jamás se sometían a discusión del Congreso".
Ella rechazó la acusación del UCR Gerardo Morales, quien sostuvo que la ley modifica marcos regulatorios. "Si esto fuera así ahora lo está discutiendo el Congreso, cuando antes se hacía en una oficina de dos por dos y ya sabíamos a quién favorecían esos cambios", dijo la reaparecida senadora, quien luego arremetió: "¿Qué proponen los que dicen que esta ley es ineficaz? Nadie hizo un proyecto alternativo".
El jefe UCR, Ernesto Sanz, le contestó que se puede "gobernar desde la legalidad".
La norma delega en el Poder Ejecutivo facultades para fijar el valor de los cargos, el tiempo de su vigencia, su asignación a los fondos fiduciarios y la selección de las obras.
La ley no aclara si los usuarios residenciales estarán exentos de abonar esos cargos.
El texto sólo dice que el Poder Ejecutivo "podrá exceptuar a las categorías de pequeños usuarios que determine", pero no establece parámetros para limitar esa prerrogativa.
El jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto (Río Negro), justificó todo en la necesidad de realizar obras "para no parar el crecimiento de la economía".

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