Expropiación a Bunge y Born provoca sospecha de corrupción en la Legislatura

El problema de las condiciones infrahumanas en las villas del sur de la Ciudad de Buenos Aires, "descubierto" por los medios e instalado en la agenda pública por la Defensora del Pueblo, la sciolista Alicia Pierini, desnudó otro tema complicado: las expropiaciones. Según la revista EDICIÓN i, con la excusa de la necesidad de construir viviendas sociales, un grupo de legisladores impulsa la expropiación de terrenos, eligiendo ignorar que existen lotes disponibles del Gobierno de la Ciudad. ¿Ideología o negocio?

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Una investigación de EDICIÓN i). El 2do. gran problema de la gestión de Jorge Telerman al frente del Ejecutivo porteño le llegó del sur, más precisamente de Villa Soldati. Antes, había tenido que reaccionar contra el incendio de un taller textil, las muertes y el problema de fondo: el trabajo esclavo de inmigrantes bolivianos.
 
 El 15 de marzo la Defensoría del Pueblo de la Ciudad emitió la resolución 0679/06. Como la mayoría de las tantas resoluciones que redacta el organismo conducido por Alicia Pierini, pasó desapercibido.
 Apenas tomó estado público cuando, un mes más tarde, Pierini inició una campaña de denuncia mediática desde el lugar de los hechos, la villa Los Piletones y su realidad más aterradora, las 50 familias que se habían instalado directamente sobre el lago Soldati.
 
 En realidad la denuncia de Pierini fue un informe global sobre la situación sanitaria del sur de la Ciudad de Buenos Aires, pero en la agenda, poco a poco se fue circunscribiendo a Villa Soldati
 
 El informe decía: "Una reciente e inexplicable expansión del núcleo habitacional ha llevado a cerca de 50 familias a constituir asentamiento detrás de la manzana 9 (fs. 8); dichas familias no sólo no cuentan con absolutamente ningún servicio sanitario, sino que además tienen su enclave dentro del lago regulador de Soldati lugar que de contener el agua de una imprevista e importante precipitación pluvial podría generar una catastrófica situación totalmente innecesaria e inexplicable."
 
 Y Margarita Barrientos directora del comedor Los Piletones relataba en alguna radio: "No tenemos red cloacal, y tenemos un foco contaminante de la zona. Esto es de hace mucho tiempo, la mayoría de las cloacas van a parar al piletón, no hay luz. Las autoridades conocen todo y saben que hay gente que vive de esa manera. Agua corriente hay, pero cuando llega a las casas viene cruzada con la del agua de las cloacas, son caños viejos y están muchos arreglados precariamente".
 
 Por supuesto que los políticos sabían de la situación. Es más: Barrientos fue una de las más activas "dirigentes sociales" que apoyó la operación retorno de Aníbal Ibarra hace algunos meses nada más. Incluso se vieron algunos carteles de Los Piletones en la marcha organizada por el ahora ya ex Jefe de Gobierno porteño.
 
 Y entonces, ¿a que se debió este repentino descubrimiento de la situación de los asentamientos de Villa Soldati por parte de la clase política?
 
 Según Telerman, las denuncias de Pierini fueron "maliciosas" y motivadas por un interés político. La tesis del entorno del Jefe de Gobierno sostiene que la Defensora del Pueblo estaría allanándole el camino a una futura candidatura de Daniel Scioli, del que especula ser compañera de fórmula.
 
 Más allá de las protestas, Telerman debió ir a Villa Soldati con su gabinete, recorrer los asentamientos, y prometer soluciones.
 
 Primero se especuló con la declaración de la emergencia sanitaria. Eso no ocurrió, fue un mucho menos dramático "riesgo sanitario".
 
 In situ, Telerman declaró que se construiría una planta de residuos cloacales y otra potabilizadora, que comenzarían los trabajos de desmalezamiento, desratización y limpieza del lago Soldati y que se acelerarían las obras de urbanización del barrio.
 
 Relocalización
 
 Y aquí está el punto en cuestión. La verdad es que las partes del asentamiento que están sobre el lago no pueden ser urbanizadas, deben ser relocalizadas.
 
 Lo mismo pasa con muchas de las villas que se encuentran en la zona. La situación de un asentamiento ubicado a pocas cuadras de los Piletones, debajo de autopista 7, es igual de grave: no sufren inundaciones, pero cuando llueve una cortina de agua cae de la autopista. Al estar permanentemente a la sombra, el terreno nunca se seca del todo. Además tienen problemas de hacinamiento y de mezcla de las redes de agua con la de los pozos.
 
 Prueba de que este no es un problema "nuevo", sino simplemente "descubierto" por el foco de los medios, es que ya existían dos proyectos de ley en la Legislatura para solucionar la situación de los habitantes de las asentamientos de Villa Soldati.
 
 Obviamente, los tiempos políticos aceleraron su tratamiento y el pasado 2 de mayo salió un dictamen de comisión recomendando el tratamiento del proyecto de ley originalmente firmado en diciembre del año pasado por Laura Moresi y Beatriz Baltroc.
 
 ¿En que consiste el proyecto?
 
 Simplemente ordena la declaración de utilidad pública y sujeto de expropiación a una serie de inmuebles que aparecen citados por su denominación catastral. En el artículo 2 ordena "Los mencionados predios deben ser destinados a la construcción de viviendas sociales."
 
 Los restantes artículos de la ley son de rutina: ordena que la tasación de los terrenos la haga el Banco de la Ciudad, tal como establece la ley de expropiaciones porteña y que se asignen las partidas presupuestarias correspondientes.
 
 Recién en los fundamentos se puede vislumbrar que el proyecto apunta a darle una solución a los habitantes de las villas de Soldati: "Posibilitaría encaminar los emprendimientos a la satisfacción de los derechos constitucionales referidos de los hogares de escasos recursos que aspiran a una vivienda propia, especialmente de aquellas personas que habitan bajo la AU7".
 
 La expropiación la fundamentan en el Derecho Constitucional de una "vivienda digna", previsto tanto en la carta magna nacional como en la local. Pero la Constitución porteña va un paso más allá, el artículo 31 establece que es responsabilidad de la Ciudad resolver "progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos".
 
 Hasta aquí parecería que no hay nada que objetar, la ley está cumpliendo con la Constitución y la obligación de proveer vivienda digna y no parece existir una mejor razón para esgrimir el argumento de la utilidad pública que la necesidad de que habitantes de la ciudad de Buenos Aires dejen de vivir sobre pozos de aguas contaminadas.
 
 Interrogantes
 
 1ra. pregunta: ¿Por qué expropiar si se puede comprar?
 
 La ley que crea el IVC, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, establece dentro de sus facultades están la de: "Proponer la expropiación de los inmuebles requeridos para el desarrollo de los planes a su cargo según las previsiones de la Ley N° 238 de Expropiaciones de la Ciudad". Pero también la de "Adquirir o transferir bienes muebles e inmuebles a título oneroso o constituir sobre ellos derechos reales."
 
 El derecho de propiedad privada está también protegido por la Constitución, tanto nacional como local. Y la expropiación presupone un perjuicio contra la propiedad, porque el propietario pierde la potestad sobre su bien, ya no puede decidir sobre lo que era suyo. De hecho la ley de expropiación habla de "indemnización", y se indemniza cuando se supone un perjuicio.
 
 Pero dejando de lado la cuestión ideológica, hay cuestiones prácticas por las cuales conviene intentar con la compra. Una expropiación supone, la intervención del Banco Ciudad, y además, si el dueño de las tierras se niega a la expropiación puede interponer un recurso de amparo y judicializar el proceso. Y segundo: el precio a pagar siempre es mayor en la expropiación, porque supone una indemnización.
 
 Alternativas
 
 2da. pregunta: ¿Por qué comprar u expropiar si se puede utilizar lo propio?
 
 El nuevo presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, Marcelo Meis, descubrió, recorriendo la zona, que existe un terreno que pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el cual se podrían construir las viviendas necesarias para trasladar a los habitantes de los asentamientos ubicados debajo del autopista 7 y sobre el lago Soldati.
 
 El terreno se encuentra entre la Avenida General Francisco Fernández de la Cruz, la avenida Lacarra y las calles José Barro Pazos y Martínez Castro. Literalmente al lado de la Autopista 7 y de los asentamientos que deben ser reubicados. Según el registro Catastral el propietario del lote, de 49.773 metros cuadrados (casi 5 hectáreas), es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este espacio cuenta con la ventaja que está exactamente en frente de los asentamientos.
 Marcelo Meis presentó un proyecto de ley por el cual el terreno se transferiría al Instituto de la Vivienda de la Ciudad y además se cambiaría la zonificación del lote para que en él se pudieran construir las viviendas necesarias. Además, a diferencia del proyecto de Baltroc y de Moresi, este menciona explícitamente que la finalidad de las tierras sería para "cubrir el déficit habitacional del sector poblacional del asentamiento denominado "AU 7", entre la avenida Roca y la calle Rodrigo de Triana"
 
 La ventaja de esta alternativa sería que para la Ciudad el terreno tendría un costo cero. Y los recursos ahorrados podrían incluso utilizarse para construir viviendas de mejor calidad. Además, este proyecto tiene la ventaja de que obliga al IVC a verificar si las personas a las que se les otorgarán las viviendas ya no han recibido otros subsidios similares. Esto se ha convertido en un problema permanente, ya que se han detectado casos en los cuales los beneficiaros reciben los créditos o las casas, y luego las venden para mudarse a otros asentamientos.
 
 "Expropiables"
 
 Pero, ¿cuáles son los terrenos que propone expropiar el texto de Baltroc y Moresi?
 
 En el proyecto sólo se mencionan los lotes por número catastral, a los cuáles EDICIÖN I pudo acceder. Según los planos los terrenos que se encuentran ubicados en entre la Avenida Francisco Fernández de la Cruz, la Avenida Varela y las calles Corrales y Castañón.
 
 En total son unas seis manzanas, ubicadas unas 10 cuadras del asentamiento de la autopista 7.
 
 Extraoficialmente, estas tierras tendrían un valor aproximado a los $ 6 millones.
 
 Ahora, ¿cual será el precio que le asignará el Banco Ciudad sumándole la indemnización correspondiente?
 
 Otro punto interesante y hasta sospechoso que surge de los registros catastrales es nombre de la empresa dueña de las tierras: Sociedad Financiera y de Inversiones Sud Americana S.A.
 
 El nombre no dice nada, pero la pista surgió de fuentes cercanas al IVC, la compañía estaría relacionada con la antigua Bunge & Born, aunque nadie sabía con certeza si ahora pertenece a la internacional Born o es propiedad de algunos accionistas locales que en 1998 vendieron su participación en la multinacional.
 
 EDICIÓN i pudo constatar que, en su momento, Sociedad Financiera y de Inversiones Sud Americana S.A se fusionó o fue comprada por Bunge & Born.
 
 En la página web del Estudio Brondo (www.estudiobrondo.com.ar), especializado en gestoría societaria, aparece nombrada la sociedad dueña de los lotes. En el staf de la empresa aparece como socio principal Ernesto Brondo, quien "integró el Dpto. de Sociedades de Bunge y Born S.A. desde marzo de 1982 a marzo de 1997". Y en la sección Antecedentes figuran todas las fusiones, escisiones y reconversiones que Brondo gestionó para Bunge & Born. Entre ellas figura la fusión entre Sociedad Financiera y de Inversiones Sud Americana S.A y la multinacional.
 
 Lo más curioso es que en el proyecto de ley también se propone expropiar otros terrenos ubicados en las inmediaciones de la intersección de la Avenida Dellepiane y la Avenida General Paz., a más de 30 cuadras del asentamiento de la AU7. Según el catastro estos terrenos pertenecen a la empresa Diaz Sur S.A., que los rumores también adjudican a Bunge & Born, algo que EDICIÓN i no pudo confirmar.
 
 Apuros
 
 Aunque el proyecto de ley de Baltroc y Moresi había sido presentado en diciembre, hace algunas semanas que los diputados que integran la Comisión de Vivienda de la Legislatura, se vieron súbitamente interesados en él. Especialmente Diego Kravetz, jefe del bloque de diputados del FpV, y Fernando Cantero, del ARI.
 
 Algunos de los nombres involucrados generan especial resquemor.
 
 Beatriz Baltroc, por su escandaloso cambio del voto el día anterior a que se dictara el veredicto en el juicio político al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta ese momento Baltroc había sido una de las principales propiciadoras del juicio. Según algunos familiares de las víctimas ellas les había adelantado su voto en contra de Ibarra y no conforme con ello, les oficiaba de "informante".
 
 Otra de las figuras que genera sospecha es la de Diego Kravetz, siempre muy cercano al movimiento de fábricas recuperadas, propiciador de la polémica expropiación del Hotel Bauen. Además su hermana fue abogada de muchas de las empresas tomadas por los trabajadores, cundo Kravetz como legislador promovía las expropiaciones.
 
 Lo raro es que de un día para otro, Kravetz y Cantero instalaron el tema en la comisión y rápidamente arrastraron a sus compañeros de bloque para lograr un dictamen de mayoría para el proyecto de Baltroc y Moresi, sin escuchar siquiera la solución alternativa que proponían los diputados del PRO.
 
 Off the record, nadie entiende el porqué de la necesidad de expropiar en este caso y muchos dudan que atrás haya otros intereses poco transparentes.
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