CIUDAD DE BUENOS AIRES (Especial de Idesa). El aumento nominal del 11% para las jubilaciones superiores a la mínima es significativamente menor al 19% que se promueve para los salarios. Esto implica que el gobierno sigue aferrado a la estrategia de generar superávit fiscal a través de la licuación de las jubilaciones.
La contrapartida de no respetar la movilidad es que la vulnerabilidad de la ANSeS (Administración Nacional de Seguridad Social) a los juicios previsionales es cada vez mayor.
El último aumento dispuesto por el Gobierno para los haberes previsionales profundiza la política que se viene aplicando con posterioridad a la crisis del 2002. Salvo para quienes cobran el haber mínimo, los aumentos nominales sobre los haberes previsionales van por debajo de lo que crecen los salarios.
De esta manera, durante el 2006 se producirá una nueva licuación de haberes para este segmento de la clase pasiva que se suma a los acumulados en años anteriores.
La lógica de concentrar el grueso de los aumentos sobre el haber mínimo manteniendo el retraso en los haberes superiores garantiza un aporte muy importante a favor del superávit fiscal.
Sin embargo, se trata sólo de un registro de 'caja'. Como la movilidad de los haberes es un precepto protegido por la Constitución Nacional, el Estado está contrayendo deudas –forzadas y no registradas– con los jubilados.
Una estimación del orden de magnitud de esta deuda puede realizarse con datos de la ANSeS y el criterio de movilidad en función de la evolución de los salarios que, mayoritariamente, está adoptando la justicia para fallar a favor de jubilados que reclaman ajustes de sus haberes.
En base a este cálculo se puede trazar el siguiente cuadro de situación:
> Habría unos 170.000 jubilados que en el año 2001 cobraban más de $1.000 con quiénes se ha generado una deuda de aproximadamente $28.000 en promedio con cada uno.
> Habría otros 860.000 jubilados que cobraban entre $300 y $1.000 con quiénes se ha generado una deuda de aproximadamente $5.500 en promedio con cada uno.
> Esto implica que la ANSES habría generado entre el 2001 y el 2006 deudas con 1 millón de jubilados por un monto total del orden de los $9.500 millones.
Este stock de deuda acumulado induce a iniciar juicios previsionales como única vía de defensa ante la arbitrariedad del Estado. Mientras más alto es el haber y más tiempo transcurre, mayor es la deuda y más incentivos existen para acudir a la justicia, sobre todo teniendo en cuenta que de acuerdo a la historia y la jurisprudencia todos estos juicios serán fallados en contra del Estado.
Más aún, como el aumento fue de apenas el 11%, cuando los salarios formales crecen casi al doble, la deuda se sigue incrementando. Se puede estimar que a partir de junio, que es cuando se aplican los ajustes anunciados, la deuda por insuficiencia de la movilidad previsional seguirá creciendo a razón de $400 millones mensuales.
Es decir, un monto anual asimilable a la mitad del superávit primario.
Para 'la City' alcanza con que las cuentas del sector público sigan mostrando holgura a nivel 'de caja', suponiendo implícitamente que las deudas no registradas que esta asumiendo el Estado no afectan el corto plazo.
Más aún, en la medida en que la ANSeS aumenta las trabas administrativas para procesar los reclamos previsionales, los números de la Secretaria de Hacienda seguirán siendo alentadores porque este gasto previsional seguirá oculto.
La permanente congestión que denuncian los jubilados del 0-800 de la ANSES para obtener un turno e iniciar los trámites de reclamos, si bien es un nuevo maltrato para los ciudadanos, constituye en la práctica un instrumento muy funcional para 'cuidar' la caja del Estado.
Parecería que el modelo subyacente en la política oficial es que el régimen previsional público tienda a especializarse en garantizar una prestación universal, básica y homogénea, y que las AFJP brinden un suplemento a esta prestación para los trabajadores con mayor capacidad de ahorro.
Al menos esto sugiere el hecho de los jubilados que cobran el mínimo ya son el 70% del total (sin importar el esfuerzo realizado durante su vida activa) y que a través de la moratoria gente con pocos o ningún aporte tiene la posibilidad de 'simular' haber sido un trabajador autónomo y acceder a idéntico beneficio.
Conceptualmente, dividir de esta manera roles entre la ANSeS y las AFJP es correcto, pero demanda una muy cuidadosa instrumentación que, hasta ahora, esta ausente.
Muy por el contrario, las medidas que ha tomado el Gobierno van camino a una nueva crisis previsional con secuelas fiscales importantes.
En la medida que las trabas administrativas de la ANSeS sean eficaces para contener los reclamos de los jubilados, más largo será el periodo de gestación y más grave la crisis posterior, porque la deuda acumulada será mayor.
En el medio se esta plasmando una nueva estafa a 1 millón de jubilados con quienes el Estado asumió un compromiso que no cumplió; una gran rentabilidad para los gestores previsionales que tengan contactos 'aceitados' dentro de la ANSeS y la justicia, y una inagotable fuente de oportunidades de corrupción.
Atención Massa: 1 millón de jubilados podrían hacer juicio a la ANSeS
Sergio Massa fue barrionuevista, menemista, ruckaufista, duhaldista y ahora es kirchnerista. Hombre que ha mejorado su calidad de vida -curiosamente coincidiendo con su arribo a la ANSeS- tiene desenfrenadas aspiraciones políticas. Pero debería calmarse un poco. Lo suyo es precario y, por ahí, no falta tanto para que aprenda a tocar 'el pianito'. Apenas falta que la inflación licúe un poco a Néstor Kirchner.
14 de mayo de 2006 - 00:00