Confirmado: No hay solución para los desajustes de los servicios públicos

A propósito de que recortarían y demorarían el ajuste tarifario recientemente concedido a Gas Natural BAN por temor a que las empresas corrijan los precios de referencia acordados con el gobierno al reconocer los mayores costos, resulta interesante leer este trabajo de la consultora Exante.

CIUDAD DE BUENOS AIRES ( Exante). En los últimos años, las empresas de servicios públicos de la Argentina, más allá de sus diferencias en la evolución, han estado expuestas a varios hechos comunes que han alterado su desenvolvimiento.
En particular, las modificaciones de las reglas contractuales y regulatorias, el congelamiento de tarifas, la caída en la rentabilidad, el contexto inflacionario, la alteración de los precios relativos, entre otros, son claros ejemplos de ello.
Hoy el gobierno, en su carácter de garante de la prestación continua, segura y eficiente de los Servicios Públicos, con características de acceso universal, debe tomar riendas en el asunto y solucionar los grandes problemas que el sector en su conjunto está sufriendo.
El tiempo se acota y la realidad empieza a hacer estragos en este segmento de la economía.
Es sabido que frente a la crisis económica, política y social desatada a fines de 2001, las relaciones contractuales establecidas en la década del '90 entre el Estado (como agente regulador) y las empresas prestatarias de los servicios públicos se volvieron insostenibles.
Lo que aparentemente se trataba de un "contrato completo" inmediatamente mostró la necesidad de un reacomodamiento.
No era factible la opción de mantener dolarizadas las tarifas ante una suba del dólar del 200%, su costo era extremadamente alto, pero tampoco la solución pasaba por congelar las tarifas, quebrando de esta manera la regla y produciendo grandes riesgos jurídicos.
Las medidas a tomar debían pasar por la renegociación de los contratos y la implementación de nuevos derechos y reglas de juego.
Si bien el gobierno, desde el principio, adujo dirigirse en tal sentido, la realidad actual nos indica otra cosa. Poco se ha hecho y no hay avances sustantivos.
Existen gran cantidad de renegociaciones que permanecen stand by, sobre todo las relativas a los servicios prestados en Capital Federal y Gran Buenos Aires, lugar donde el INdEC determina el "famoso" IPC y donde reside nada menos que el casi 30% de la población argentina.
En definitiva, se está optando por el status-quo, medida social y políticamente factible en el corto plazo, pero con altos costos en términos de seguridad jurídica y con un fuerte desaliento a lainversión, que se hará notar en un futuro no muy lejano.
Los números hablan por sí solos. Desde diciembre de 2001 hasta marzo pasado la inflación minorista acumulada alcanzó el 79% y la mayorista el 176%; por su parte, el costo laboral promedio del sector "Transporte, Almacenamiento y comunicaciones" acumuló una suba del 94%, en tanto que el del sector "Suministro de Gas, electricidad y Agua" llegó al 116%.
Por otro lado, acorde con lo postulado por la teoría, el congelamiento de tarifas provocó una desmedida suba en la demanda promedio ponderada de todos los servicios públicos que alcanza el 66%, en tanto que la actividad lo hizo en un 32%.
Frente a esto, el gobierno plantea una estrategia alternativa con un sesgo "populista", caratulando a esta corriente de pensamiento como aquella en la que la "equidad" está por encima de la eficiencia, pero los problemas de eficiencia y de distribución no pueden separarse en las decisiones de política económica.
El gobierno se resiste a implementar los ajustes de tarifas ya renegociadas y se niega a aceptar que un nuevo contrato involucre lo mismo para evitar el traslado a precios, en tanto que mucho más difícil será que se autoricen subas en el sector residencial, que impactan directamente en el bolsillo del público.
Se insiste en una regulación de precios artificialmente bajos y no se reacciona coherentemente ante la falta de inversión en el sector.
En la solución parece plantearse un nuevo modelo de organización.
Las opciones involucran subsidios directos financiados y administrados por el Estado, separaciones de las decisiones de inversión (relativas a la calidad, el mantenimiento y la ampliación) de las de gestión (operación), junto con algunas reestatizaciones.
Tales roles contrastan con lo que ocurría en los '90, donde el Estado estaba relegado a las funciones de control y regulación, quedando en manos privadas de forma acabada las decisiones pertinentes a la prestación del servicio y su desarrollo, en el marco de un contrato regulatorio; y las inversiones eran financiadas por los usuarios vía tarifas.
Estamos ante un híbrido entre los modelos vigentes hasta fines de los '80 y el imperante en la década del '90, en el que el sector privado actúa como gerente de producción, en tanto que el gobierno se pone la camiseta de gerente de planeamiento.
El gerente de producción tomará decisiones sobre inversiones sobre las que él no fue quien decidió de que manera hacerlas, ni cuando, ni donde, dando lugar a una reducción extremadamente grande de alternativas para el desenvolvimiento del privado, atado a decisiones de otros, basadas en la búsqueda de fines disímiles.
Se suma a esto la casi indefectible puja política que surgirá por la adquisición del beneficio de las inversiones.
Las decisiones de inversión no deben ser motivadas por iniciativas políticas sino por señales de mercado.
Actualmente hay un desvío considerable y los precios están totalmente distorsionados, pero no parece que tales cambios estén orientados a un desenlace favorable sino que más bien tenderán a agravar el conflicto.
Ahora el Estado pasa a mantener las tarifas relativamente bajas y a financiar por medio de subsidios directos las inversiones, de esta forma las inversiones para un servicio consumido en el Gran Buenos Aires será financiado por los contribuyentes del resto de las provincias.
La teoría y la práctica no dejan dudas de que esto es ineficiente e inequitativo.
No se trata de un bien público con características de imposibilidad de exclusión, no rivalidad en el consumo, posibilidad de free riding, donde se opta por tal opción.
Si bien la existencia de subsidios es compatible con la prestación privada del servicio y, de hecho, hasta puede ser necesaria para lograr adaptar las tarifas a la capacidad de pago de los usuarios, el problema reside en el tipo y el diseño de tales esquemas.
Deben tenerse en cuenta diversos aspectos que pueden tornar a los subsidios en herramientas indeseables.
En particular, los subsidios directos no entrarían como opción. Tanto la práctica regulatoria como la teoría reconocen que las tarifas deben estar reguladas a un nivel que cubra sus costos a largo plazo.
Los subsidios cruzados bien diseñados son una alternativa más plausible que la nueva estrategia menos equitativa, menos transparente y más manejable por el poder político de turno.
Con los subsidios cruzados o con tarifas diferenciales para determinados niveles de consumo se traslada la carga a los usuarios y no a quienes pagan impuestos, se logra adecuar el sistema de tarifas a un diseño que permita el sostenimiento de la prestación del servicio.
Por otro lado, se amortigua el impacto de los ajustes tarifarios entre los usuarios de menor poder adquisitivo y, simultáneamente, se permite viabilizar algún sendero de incrementos paulatinos de tarifas.
Está probado que los descuentos por cantidad cumplen con el criterio técnico Ramsey de minimización de las distorsiones en términos de eficiencia y pueden cumplir con los objetivos de la política distributiva.
Es necesario el diseño de mecanismos en dirección a una solución sustentable en el largo plazo.
El conjunto de opciones de política adoptados hasta el momento dejan entrever el trade off entre los objetivos de corto plazo, utilizando las tarifas como una herramienta antiinflacionaria, y los de largo en lo relativo al restablecimiento del proceso de inversión junto con una continuidad de la prestación de los servicios públicos en la órbita privada bajo un esquema regulatorio, que ha mostrado ser mejor opción que el Estado como proveedor.
Debe hacerse política distributiva, es uno de los roles fundamentales del estado, pero debe tenerse en cuenta la restricción presupuestaria y deben protegerse los derechos de propiedad.
El desarrollo y el crecimiento no se alcanza si se sigue creyendo y aceptando que el Estado puede hacer y deshacer, puede tener una actitud desprejuiciada sobre la
validez de los contratos.
Tenemos relativa estabilidad macroeconómica, pero el clima de negocios es muy desfavorable y más aun para los servicios públicos.
No hay protección legal, lo que conduce a que se presenten dos grandes ausentes: la inversión y la productividad, y se pasen por alto, de esta manera, proyectos rentables.
Los subsidios directos junto con la baja ponderación que el gobierno actual le da al largo plazo aumentan el atractivo de comportamientos oportunistas por parte del mismo, llevando a una mayor sub inversión y comprometiendo seriamente de esta manera el
mantenimiento, expansión y calidad futura de los servicios.

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