En 15 días, Casino Club inaugurará un local con 300 máquinas tragamonedas en la provincia de Tucumán. Así lo confirmó el interventor de la Caja Popular de Ahorros (CPA), Osvaldo Jaldo, según indica el sitio Esto es Tucumán.
"Si todas las condiciones siguen como hasta ahora, no hay dudas de que se instalarán estas 300 máquinas provisorias", dijo.
Sin embargo, la apertura del centro de entretenimientos en avenida Adolfo de la Vega al 400 no implica la construcción inmediata del centro de convenciones, según deslizó el licenciado.
Es que, en principio, la inversión fue comprometida por la empresa patagónica a cambio de la explotación de 1.000 tragamonedas.
Al respecto, Jaldo aseveró al diario tucumano La Gaceta que todo está supeditado a lo que se resuelva en esferas judiciales.
La sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo lugar a una medida cautelar planteada por ambientalistas en contra de la construcción de la sala de juegos en el Hipódromo. De esa forma, el inicio de las obras previstas se encuentra paralizado hasta tanto la Justicia resuelva la cuestión de fondo.
"Está judicializado porque tiene que ver con el Hipódromo. Una vez que la Justicia lo resuelva y, en función de cómo lo haga, se trabajará en consecuencia. Pero hoy estamos en condiciones de asegurar que el centro de convenciones se hará en los términos, con el proyecto y con la inversión previstos. Hay que ver el tema del lugar, acerca de lo cuál la Justicia debe expedirse", señaló.
En el mismo momento, el interventor de la CPA ratificó que la entidad oficial no está en condiciones de financiar la concreción de obras públicas y que, por ese motivo, el Ejecutivo provincial debió recurrir al Banco del Tucumán.
"Hoy la Caja Popular no tiene ninguna posibilidad de dar créditos a las constructoras. No disponemos de $50 millones", dijo.
Resulta que, mientras la Justicia se decide, no solo el patagónico Cristóbal López, quien recibió la habilitación provisoria para la instalación de las tan rentables tragamonedas, tiene los beneficios de las amistades del poder.
El gobernador de la Provincia, José Alperovich, mantiene una reconocida relación con el dueño del Banco Macro, Jorge Brito. Reconocida verbalmente por el banquero, y en los hechos por el mandatario, sobre todo tras la adquisión en 2005 del Banco Empresario de Tucumán y el Banco del Tucumán por parte de Brito.
Brito, quien acaba de elogiar el plan de incentivo inmobiliario que lanzó el Gobierno de Néstor Kirchner (y no por simple halagador), funciona como agente financiero único de los gobiernos de las provincias de Misiones, Salta, Jujuy, y Tucumán.
Resulta ahora que el atraso en la llegada de los fondos nacionales para pagar a los contratistas de obras de vivienda administradas por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, aceleró los pasos del gobernador Alperovich, quien con presteza, decidió recurrir una vez mas al Decreto de Necesidad y Urgencia para establecer un mecanismo de financiamiento temporario de las empresas y "permitir la continuidad de las obras en ejecución".
Pero, como suele suceder, la "solución" encontrada por el gobernador fue una vez mas con beneficio adicional para los eternos asociados de toda operación financiera encarada por la provincia.
El Banco del Tucumán, en poder de su amigo, será el único banco autorizado para prestar hasta $50 millones a "una tasa de interés no superior a lo que surja conforme a las condiciones de plaza" según reza textualmente el decreto.
El condimento adicional de estas operaciones es siempre el mismo: la garantía del Estado provincial.
El decreto acuerdo 18/3, refrendado por el gobernador y los ministros de Gobierno, Edmundo Jiménez; de Economía, Jorge Jiménez; de Salud Pública, Juan Manzur; de Desarrollo Productivo, José Manuel Paz y de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, establece que transcurridos los 180 días establecidos como plazo máximo del crédito y no habiendo llegado los fondos nacionales, el Poder Ejecutivo puede hacer uso de dos opciones:
a) Tomar a su cargo la diferencia entre los intereses originados en las operaciones pactadas ...y la tasa pasiva fijada por la comunicación "A" número 14.290 del Banco Central de la República Argentina.
b) Cancelar las deudas contraídas por los contratistas con el Banco del Tucumán, subrogándose en los derechos de los mismos, para lo que se deberá instrumentar la correspondiente cesión". Esto hace referencia a la cesión de los certificados de obra negociados para que la provincia los cobre en su oportunidad.
Sucede que las obras de largo aliento son pagadas a los contratistas con lo que se llama "certificación de obra" que no es otra cosa que una planilla donde se asigna el avance de la obra en base a una inspección.
Cada ítem construido tiene un valor y la suma de los porcentuales de avance de esos ítem dan una resultante del avance total de la obra. En consecuencia el certificado establece un valor que deberá pagarse al contratista en ese mes que debe corresponderse a lo efectivamente construido. Esto es un "certificado de obra". Una suerte de factura a cobrar. Es lo que el Banco recibe como garantía del préstamo y por añadidura la garantía de que si la Nación no lo paga en 180 días, la provincia lo hará.
Esto es absoluta y total garantía sin asomo de riesgo para el prestamista. Un Buen negocio, sin dudas, para hacer con los amigos.
Normalmente las empresas suelen recurrir a este financiamiento con su banco habitual. Pero claro, no tienen la garantía de la provincia. El decreto los obliga a negociar con el Banco del Tucumán y de esta manera el gobierno provincial le da a la entidad financiera una buena participación en un negocio que les era ajeno.
Un mercado cautivo de muchos millones de pesos.
Claro que lo correcto hubiera sido un llamado a todos los bancos a competir con sus ofertas con lo cual las entidades financieras estarían en pie de igualdad y además, con seguridad, se conseguirían tasas de interés mas bajas.
El derecho a la sospecha se va transformando en deber de la certeza cuando la legislatura se muestra diligente para aprobar por unanimidad, según afirman, este DNU.
Sucede que, como está de moda la obra pública y el reparto también lo hace el dedo del gobernador, no son pocos los legisladores que se transformaron en constructores o pactaron con pequeñas empresas a modo de socios lobistas. Algunos dicen que en sus despachos se habla mas de ladrillos que de leyes.
Una vez mas se hace negocios con los pobres. No se debe olvidar el fin social de las viviendas FONAVI.
 
Según la última información difundida por La Gaceta, los legisladores peronistas confirmaron que el DNU será rechazado y que, en su lugar, se sancionará una norma que avale la operatoria. "El objetivo es darle más transparencia al sistema", explicó el presidente de la Comisión de Hacienda, Fernando Juri Debo (PJ).
El último plazo que tienen los parlamentarios para ratificar o rechazar el decreto del PE es el lunes 28 del corriente. Entonces, la operatoria entrará automáticamente en vigencia.