LA CONTAMINACIÓN ES UNA POLÍTICA DE ESTADO

1 año después, el pasivo ambiental ya no es moneda de pago de YPF a Repsol

Retonto o hipócrita, el senador nacional Marcelo Fuentes (Neuquén/FpV) dijo hace un año al paraestatal Página/12, en ocasión de la expropiación de YPF: "Esa es la diferencia entre una empresa con un sentido de integración, que necesariamente hoy debe tener por objetivo el cuidado del medio ambiente, con otra que no lo tiene. El titular de Repsol decía que debían disminuir su exposición en la Argentina (dato que figura en los balances). Era lo mismo que decir “nos estamos yendo y te dejo un agujero inmenso”. Ahora, ese pasivo ambiental, independientemente de que la Nación pueda coordinar la valoración a través del ministerio respectivo, pertenece a las provincias y comunidades. Hay distintos tipos de pasivos ambientales. Están los propios de cualquier actividad, por ejemplo. Pero incluso aquellos que operan con los mejores canones ambientales también crean pasivos. El tema es dilucidar si los pasivos fueron generados por falta de inversiones, algo que se ve reflejado en ductos con pérdidas o accidentes injustificados." ¿Qué hizo el Estado Nacional, el Estado provincial en manos de Jorge Sapag, aliado del FpV, y la expropiada YPF en el año que ha transcurrido? Nada, continuó la contaminación, y el pasivo ambiental desapareció de escena.

 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Hace 1 año, en ocasión de la expropiación de la petrolera YPF, la cuestión del monto a pagar fue motivo de debate y siempre el discurso argentino consistió en que el pasivo ambiental dejado por Repsol ameritaba no pagar nada a los españoles.
 
Sin embargo, en sede judicial el Gobierno argentino nunca avanzó en ninguna causa judicial vinculada a YPF, y menos en, por lo menos, la estimación del pasivo ambiental famoso.
 
El tema de la contaminación reapareció en la refinería Ensenada, a causa del origen de las explosiones en ocasión de la reciente inundación que ocurrió en los municipios bonaerenses La Plata y Ensenada.
 
No parece resultar un tema cotidiano para YPF cuando sí debería serlo por la contaminación existente en las napas de la zona, y por lo cual muy probablemente no puede culpar a Repsol sin apuntar, a la vez, al Estado Nacional, curiosamente su accionista de control.
 
YPF ha decidido ignorr el tema y por eso nunca distribuyó instructivos a la población cercana acerca de cómo reaccionar ante una emergencia ambiental, nunca envió a cuadrillas de personal para el tratamiento químico adecuado de viviendas contaminadas por el río de hidrocarburos que vertió la refinería Ensenada, y a ha ignorado las denuncias de la organización no gubernamental Greenpeace.
 
También debe considerarse que el grave pasivo ambiental no ocurre solamente con YPF sino también con las otras petroleras, y obviamente aparece en la venta de una participación considerable de Petrobras Argentina a OIL, empresa de Cristóbal López.
 
El asunto es bien complejo porque el 'waiver ambiental', o sea la autorización a no invertir en remediar la contaminación, habría sido una concesión gubernamental luego de la pesificación asimétrica y como contrapartida de los derechos de importación que se aplicó a esa industria (Eduardo Duhalde era el Presidente interino y Roberto Lavagna el ministro de Economía; y se profundizó con Néstor Kirchner).
 
Es decir que la contaminación fue una decisión política del Frente para la Victoria, que lleva 10 años en el poder, y por eso carece de la autoridad necesaria para reclamar por ello, inclusive a Repsol.
 
Y eso sucede en el país absurdo que estuvo a punto de ir a la guerra con Uruguay... por un supuesto litigio ambiental...
 
De esa decisión política participaron los gobernadores, ya que las provincias tienen la autoridad de aplicación ambiental. Cuando los viñateros de Mendoza enfrentan graves problemas con el agua de riego en Luján de Cuyo, por ejemplo, no solamente hay que reclamarse al Ejecutivo Nacional sino también al provincial, que renunció a ejercer la policía ambiental de las instalaciones de YPF.
 
El Frente para la Victoria fue más allá en su 'waiver ambiental' a la industria, y modificó el registro de inspecciones ambientales, modificando el régimen de auditorías externas. La Secretaría de Energía de la Nación quitó a las empresas verificadoras que hasta entonces estaban involucradas, para cederles esas atribuciones a las universidades nacionales, que desde entonces realizan la tarea, y son cómplices de lo que ocurre.
 
Por lo tanto sucede la paradoja que hay universidades que certifican a petroleras que contaminan, y a la vez ofrecen licenciaturas en Derecho Ambiental.
 
Hay contaminaciones escandalosas como la de las costas del Polo Petroquímico Bahía Blanca, donde los derrames son llevados por el régimen de mareas, mar adentro, sin que hasta la fecha le interese a las autoridades bonaerenses, probablemente porque la autoridad de competencia designada por el gobernador Daniel Scioli, José Molina, titular del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, es el resultado de una concesión política al sindicalista Hugo Moyano antes que una designación en función de ejecutar una política de Estado.
 
Cuando la especialista Silvia Ratto escribe "(...)  En la zona de Dock Sud se han registrado numerosos casos de plombemia, lo que compromete seriamente a la población infantil. Toda la zona sur en la que se desarrollan actividades relacionadas con refinamiento y almacenamiento de combustiblepresenta riesgos para la salud de los pobladores y de los trabajadores", eso es competencia de Molina, quien no aparece en escena.
 
Así, la situación explica porqué el pasivo ambiental dejó de ser una prioridad para la determinación de la deuda con Repsol por YPF.

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