REFORMA JUDICIAL

Unidad externa (PRO, UCR, CC) y fisuras internas (Verbitsky, Justicia Legítima, La Cámpora)

El avance del Gobierno en lo que denomina la "democratización" de la Justicia encuentra cuestionamientos entre adversarios y aliados. El proyecto para limitar las cautelares fue objetado por el CELS, que dirige el periodista de Página12, y la agrupación que lidera Alejandra Gils Carbó. En tanto, la oposición se mostró unidad en un acto en tribunales para rechazar la iniciativa oficial.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La reforma judicial que impulsa el Gobierno Nacional bajo el paraguas de la "democratización" de la Justicia está encontrando algunos obstáculos en el mismo seno del oficialismo que ponen en duda su aprobación tal como el Ejecutivo lo envío al Congreso. 

Se habla de una resquebrajamiento del "frente interno"
 
La muestra más cabal la exhibió el cruce que mantuvieron este martes el secretario de Justicia, el camporista Julián Álvarez, y el periodista ultracristinista Horacio Verbitsky, quien en calidad de presidente la ONG CELS llevó objeciones al proyecto para limitar las medidas cautelares. 
 
El CELS ya había manifestado sus reparos en un comunicado, ratificado por Verbitsky el último domingo en su habitual columna del diario Página12. 
 
Álvarez consideró "erróneos" los argumentos de la ONG y la acusó de ayudar a "a quienes van a dar el debate en los medios" y no en el Congreso. Verbitsky replicó que el proyecto "refleja la voluntad que anunció la Presidenta" en pos de mejorar el sistema judicial (Ver nota relacionada). 
 
El cruce en el plenario de comisiones del Senado intenta ser minimizado por el oficialismo. El usuario de Twitter @telamparatodos, del que estarían detrás periodistas no alineados de la agencia oficial de noticias, informó: "La Télam camporista ordena bajarle el tono al duro cruce Verbitsky-Alvarez en el Senado para no ahondar en la fisura del frente interno k". 
 
Por su parte, Télam no publica en su sitio web el episodio de este martes y se limita a reflejar en una línea la posición del CELS sobre las "objeciones de tipo constitucional" del proyecto. 
 
También publica un video en el que Verbitsky destaca como "un instrumento importante que no debe ser afectado" a las medidas cautelares. 
 

 
Pero la posición de Verbitsky no es la única que contradice el deseo oficial en la materia. También el colectivo de funcionarios judiciales liderados por la procuradora Alejandra Gils Carbó y que adhiere al proyecto de "democratización" planteó sus reparos. En un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, señaló que elaboró "una propuesta superadora del proyecto sobre medidas cautelares" y que la iba a presentar este martes en el Senado. 
 
 “Las cautelares han sido fundamentales en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, del derecho a la salud, a la seguridad social, a la vivienda, la alimentación. Proponemos que los nuevos obstáculos dejen a salvo la situación de estos grupos”, explicó al diario Página/12 Sebastián Tedeschi, secretario letrado de la Defensoría General y miembro de Justicia Legítima.
 
Al cierre de esta nota no se conocía cómo había sido recibida en el Congreso la "propuesta superadora" de esa agrupación. 
 
En cuanto al frente externo, el opositor, distintas expresiones no cristinistas se congregaron en la puertas de los tribunales para manifestarse en contra de lo que consideran un avance del Gobierno sobre la Justicia. 
 
Del acto participaron el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, los diputados de Pro Gabriela Michetti y Federico Pinedo, la senadora María Eugenia Estenssoro; Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica), Patricia Bullrich (Unión por Todos), Eduardo Amadeo (Peronismo Federal) y la plana mayor de la UCR, con su presidente, Mario Barletta, y el jefe del bloque de diputados radicales, Ricardo Gil Lavedra, a la cabeza.
 
Bajo la consigna "en defensa de una justicia independiente", los referentes opositores se apostaron frente a la sede de Talcahuano 550, donde firmaron un documento de rechazo a lo que describieron como un "intento de control de la Justicia" por parte del Gobierno.
 
Entre los participantes de la marcha, estuvo el ex fiscal Julio César Strassera, quien afirmó que "se les van a pedir cuentas a los senadores" que apoyen las iniciativas de la Casa Rosada, porque "esto algún día se va a terminar".
 
Strassera fue uno de los más ríspidos críticos de la reforma judicial, que busca, entre otras cosas, ampliar el Consejo de la Magistratura, crear tres nuevas Cámaras de Casación y regular las medidas cautelares contra el Estado.
 
Francisco de Narváez fue otro de los representantes que planteó objeciones sobre la decisión del kirchnerismo de "no cambiar ni una coma" de la reforma enviada por la presidente Cristina Fernández. "Eso no es debate, es un monólogo".
 
"La corrupción no es un problema partidario. Hay o no hay, y tenemos que pelear para que no haya. Es corrupto quien paga una coima en la aduana y es corrupto Lázaro Báez”, lanzó el diputado de la Unión Celeste y Blanca. 
 
La movilización coincidió con el primer día del paro de 72 horas lanzado por el gremio de empleados judiciales comandado por Julio Piumato.

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