EL CASO LEDESMA

Carlos Pedro Blaquier comienza a pasar facturas

Quien crea que el empresario Carlos Pedro Blaquier olvidará lo que ha ocurrido durante los últimos meses, se equivoca tanto como quien supone que puede haber perdido su decisión de defenderse hasta las últimas consecuencias. Y para corroborarlo, escribió lo siguiente:

 

por CARLOS PEDRO BLAQUIER
 
CIUDAD DE BUENOS AIRES (El Cronista Comercial). El 15 de noviembre pasado el juez federal subrogante del Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy, Dr. Fernando Poviña, concluyó que en 1976 Ledesma habría aportado camionetas para el traslado de 29 personas detenidas por las fuerzas de seguridad y ordenó mi procesamiento por ser el presidente de Ledesma S.A.A.I. Mis abogados, los doctores Jorge Valerga Araoz y Horacio Aguilar, han apelado este injusto procesamiento ante la Cámara Federal de Salta.
 
La imputación, además de arbitraria y contraria a derecho, está sostenida en pruebas falsas y en una visión sesgada del contexto histórico. 
 
Mi defensa ha presentado pruebas que acreditan que Ledesma nunca prestó camionetas ni colaboró con las fuerzas de seguridad para la detención o traslado de persona alguna. Entre estas pruebas se encuentra el oficio judicial contestado por la Gendarmería Nacional Argentina a fines de 2012, donde informa que no se usaron camionetas de Ledesma S.A.A.I. para los operativos de detención y traslado de personas. Esa contundente prueba ni siquiera fue mencionada en las resoluciones de procesamiento.
 
De más está decir que ninguna de las personas detenidas o testigo de los hechos refieren sobre mi presencia o de algún directivo de Ledesma en esos operativos.
 
Para fundamentar su resolución, el juez concluyó que Ledesma se habría beneficiado económicamente durante la última dictadura, merced a las políticas neoliberales implementadas por el gobierno militar. Eso también es falso. Durante la dictadura militar (1976-1983) la rentabilidad promedio de la empresa bajó al 3,6% anual, cuando en el período 1927-1975 esa cifra había sido de 11,3% promedio. Ledesma no sólo no se benefició sino que, por el contrario, y tal como ocurre con cualquier industria azucarera en el mundo, se vio perjudicada por las políticas neoliberales aplicadas en la Argentina.
 
También argumentó el juez, basado en algunos libros de historiadores de su gusto y sin fundamento probatorio alguno, que yo habría apoyado la persecución de gremialistas porque representaban un escollo para el desarrollo económico de Ledesma. 
 
Para empezar, ninguna de las 29 personas detenidas era gremialista o sindicalista, y solo 9 de ellas eran empleados de Ledesma. Sus legajos laborales, aportados por mi defensa, confirman que ninguna de ellas tuvo jamás conflictos o problemas con la empresa. Cinco de las personas detenidas continuaron trabajando en Ledesma cuando fueron liberados, y tres de ellos siguen trabajando actualmente.
 
Por otra parte, los dos dirigentes gremiales más importantes de esa época, uno de ellos preso durante la dictadura y el otro exiliado del país hasta el retorno de la democracia, han prestado declaración ante el tribunal dando testimonio de que Ledesma y los gremios siempre han mantenido un diálogo fructífero y cordial. 
 
La realidad histórica también contradice la decisión del juez. Cuando asumí la presidencia de Ledesma, en 1970, impulsamos un proyecto de responsabilidad social para los 12.500 empleados de Ledesma y para las comunidades locales. Entre 1970 y 1977, Ledesma construyó más de 5.000 viviendas para su personal. Además, en 1975 construyó tres escuelas que perduran hasta la fecha con una matrícula de 1.300 alumnos por año, y donó al Estado Nacional tres hospitales íntegramente equipados y las 75.000 hectáreas que hoy constituyen el Parque Nacional Calilegua. 
 
Por último, quiero destacar algunas de las graves irregularidades que afectaron mis derechos en este proceso. 
 
> 1. El juez natural fue forzado a renunciar. 
 
> 2. El abogado querellante fue designado fiscal ad hoc violando la ley argentina y el Tratado de Roma sobre Derechos Humanos.
 
> 3. Al concurrir al juzgado de Jujuy sufrí un grave atentado que me impidió ejercer allí mi derecho a declarar. Este atentado sigue impune.
 
> 4. Se ha permitido la incorporación de testimonios tomados por fuera del proceso judicial, sin juramento de decir verdad y sin participación de mi defensa. 
 
Reitero que sigo a total disposición de la Justicia. Seguiré prestando toda mi colaboración para demostrar que no he tenido ninguna responsabilidad en relación a estos lamentables sucesos, y no cejaré en mis esfuerzos hasta que esto sea reconocido en los tribunales nacionales o internacionales.

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