CONTRAATAQUE DESDE COMODORO RIVADAVIA

Una jueza federal lava la imagen de De Vido y Lázaro

La jueza federal de Comodoro Rivadavia (Chubut), Eva Parcio, desmintió que haya investigado a Lázaro Báez o a Julio De Vido, cuestionó todo lo que afirmó Estela Kank, ex heredera-socia de la constructora Kank y Costilla, luego vendida a la gente del mencionado Báez.

 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Eva Parcio es una jueza federal conocida en la Patagonia porque fue quien ordenó el desalojo del grupo de malvivientes conocido como Los Dragones, del centro de producción petrolera Cerro Dragón, en Comodoro Rivadavia, Chubut, pero terminó declarándose incompetente en el tema.
 
Eva Parcio salió al cruce del programa Periodismo Para Todos (Canal 13, de Grupo Clarín), afirmando que ella nunca investigó a Lázaro Báez por lavado de dinero, y negó haber sobreseído a Julio De Vido, ya que nunca lo imputó.
 
Parcio habló el lunes con la prensa chubutense, incluyendo el programa Actualidad 2.0, que se emite por Radio del Mar.
 
De acuerdo a la agencia de noticias ADNSur, Parcio explicó que las únicas denuncias que recibió provenían de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), y fueron por evasión tributaria de la firma Kank y Costilla, detallando que cuando se canceló la deuda –por IVA y Ganancias- "dicté una resolución a partir de la cual se extinguió la acción penal", tal como dispone la propia ley.
 
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Parcio también descartó supuestos errores en el sobreseimiento del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a partir de una denuncia presentada por Estela Kank –familiar directa de los dueños de Kank y Costilla-, acerca de sobornos pagados a De Vido por empresarios de la provincia, entre los cuales figura su primo hermano, Carlos Kank, una causa del 23/10/2002.
 
En el año 2005, la diputada nacional Elisa Carrió presentó un informe elaborado por diputados de su partido ARI sobre sobornos contra De Vido, y "6 empresas" presuntamente relacionadas con hechos de "sobrefacturación y sobreprecios", cuyos integrantes serían "testaferros" de funcionarios del Gobierno Nacional. 
 
Carrió afirmó que, en base a la investigación realizada por la por entonces diputada (hoy día gobernadora) Fabiana Ríos, se detectaron a "6 empresas de Santa Cruz" que fueron beneficiadas "con el desvío de fondos de Vialidad Nacional" y se detectó un "sobreprecio en la construcción de viviendas populares por más de $ 190 millones". 
 
"Espero que se hagan cargo de investigar los fiscales y los organismos de control" del Estado, como "la Sigen o la Oficina Anticorrupción", dijo Carrió para luego advertir que, de lo contrario va a "pedir el juicio político" contra los responsables de esos organismos. 
 
El informe expresa que "en el área de Infraestructura pasamos de $ 2.000 millones en el año 2003 a $ 7.400 millones para el 2005, o sea, casi 4 veces más". 
 
En la documentación se incluyó la denuncia ante la juez federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio, de la mencionada Estela Kank. 
 
Ahora, en el diario Crónica, de Comodoro Rivadavia, vinculado al empresario Cristóbal López, de esa localidad, se leyó:
 
 
El domingo 28 de abril, en el programa Periodismo Para Todos, del periodista Jorge Lanata, se acusó al hoy ministro de Planificación Julio De Vido, de cobrar coimas y ser “el cajero” del kirchnerismo. En ese marco, se entrevistó a la empresaria Estela Kank, quien refirió que el entonces ministro de Economía de Santa Cruz cobraba sobres de dinero en concepto de “retornos” por la adjudicación de obras públicas en aquella provincia, citando el testimonio de su primo Carlos Kank, quien le habría confesado en el año 2001 que entregaba sobres con dinero en un baño del despacho del entonces funcionario provincial, algo que también se relata en el libro “El Dueño”, de Luis Majul.
 
En el programa televisivo, se apuntó que el caso fue denunciado en el año 2002 y se planteó que la jueza federal de esta ciudad “sobreseyó la causa a las apuradas”, indicando como prueba de ello que escribió mal el nombre del funcionario, identificado en la causa como “Julio Debido”.
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Ayer, Parcio refutó los cuestionamientos al precisar en principio que la causa de referencia no se inició por denuncia de la empresaria, sino por una actuación de la AFIP, en el marco de la fiscalización habitual sobre empresas. En ese marco se detectaron hechos de evasión tributaria, por lo que el organismo radicó la denuncia en el Juzgado Federal por violación de la ley penal tributaria, la que se radicó en su juzgado en octubre de 2002.
 
En ese expediente, además, ingresó luego una carta firmada por un tal “Ignacio Sueldo”, que fuera remitida a la AFIP y este organismo derivó al Juzgado: el escrito fue asumido luego por Estela Kank, quien ante el organismo tributario y el juzgado reconoció haber sido autora de dicha carta, aunque no la escribió directamente ella, sino que dijo habérsela dictado a su contador. 
 
Parcio detalló que en esa carta se mencionan varios hechos, como el uso de facturas apócrifas para evadir impuestos, además de mencionar a otros conocidos empresarios de la región, que integraban o tenían algún tipo de vinculación con la empresa en cuestión. 
 
Puntualmente, “en esa carta es que aparece mencionado el nombre de un tal Julio Debido, escrito con B y todo junto -resaltó Parcio-. No refirió a ningún funcionario de la provincia de Santa Cruz”, aclaró en alusión al entonces funcionario de esa provincia y hoy ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
 
“Esa carta integra toda la documentación de la AFIP para analizar la denuncia pero esta se circunscribe a la infracción a la ley 24769 de evasión tributaria”, reiteró Parcio, quien añadió que “tanto la AFIP como el fiscal tomaron esa referencia en función de que esa persona también lo menciona de esa forma (a Debido) como que integraba el directorio de Kank y Costilla en 2002”. 
 
En esa nota, describió que sólo hay dos renglones en los que se menciona al tal Debido “como un personaje oscuro, de la empresa y habla de ciertos `retornos` pero nada dice de esta cuestión que ella declara en los medios de la escena del baño, el sobre con dinero y demás. Eso no está en el expediente”, garantizó y afirmó que es distinto lo que dijo en la denuncia pública que se hizo conocida este domingo a través del programa de Lanata.
 
No lo escribí mal ni tan a las apuradas
 
La jueza cuestionó que se haya deslizado que escribió los nombres de quienes figuraban en la causa a las apuradas, por lo que habría incurrido en el error de escribir de forma errónea el apellido del supuesto funcionario involucrado en la denuncia. “Ni lo escribí yo mal ni tan a las apuradas”, subrayó. “La AFIP me dice que denuncia a esa persona y el fiscal requiere acción penal contra esa persona.  
 
Y apuntó: “la AFIP lo menciona de esa manera, la señora Kank y el fiscal general también”.
 
“Finalmente -continuó Parcio-, la empresa Kank y Costilla, en el año 2002 después de esta causa, se aviene a lo que prescribe el artículo 16 de la ley 24769, que indica que si paga todo lo que se debe a la AFIP eso permite que se extinga la acción penal con ese pago total de la deuda”. En ese marco, queda extinguida la acción penal, por lo que “transcurridos 9 meses de trámite de la causa se produjo esta situación. En fecha 11 de agosto de 2003, yo dicté una resolución donde se extingue la acción penal. La ley exige que esto sea así”, recordó.
 
No hubo requerimiento fiscal por supuestos “retornos
 
Parcio puntualizó además que el fiscal no impulsó acción por ningún otro delito que no fuera evasión impositiva. “Yo avancé en la causa por evasión impositiva –dijo-. Si no hay requerimiento fiscal, el juez no puede iniciar ninguna causa”.
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De todos modos, precisó que si hubiera existido un desprendimiento de una nueva causa por la mención de los retornos, el juzgado habría tenido que declararse incompetente, ya que ese tipo de delitos debe ser investigado por la justicia provincial.  “Me hubiese tenido que declarar incompetente porque se trata de una cuestión provincial. Supuestamente se trataba de obras públicas de Santa Cruz en 2002”, dijo y recalcó: “yo sólo fui competente en esta causa porque la empresa Kank y Costilla tiene domicilio en Comodoro”.
 
En ese contexto, la jueza negó que el juzgado federal de Comodoro tuviera una investigación por cohecho o lavado de dinero contra el empresario santacruceño Lázaro Báez. Negó que en la causa aparezca el nombre de Lázaro Báez. “No tengo registro de tener una causa respecto de esa persona”, especificó.
 
Además, recordó que posteriormente -el 9 de septiembre de 2002- la Cámara de Apelaciones confirmó su decisión, que se produjo 9 meses después de iniciada la denuncia. 
 
“Me parece excelente que todo el mundo opine y denuncie. Lo que pido es que cuando se vaya a decir algo sobre mí o mi Juzgado me llamen. Luego con la información que digan lo que quieran. Es muy agraviante que se insinúe que sobreseí a una persona y que cometí el error de escribir mal el nombre. Nada de todo esto responde a la verdad”, aseveró.
 
Para finalizar, la jueza de Comodoro insistió con que “yo no sobreseí a las apuradas a nadie y mucho menos cometí el error de equivocarme en un nombre. La señora Kank lo hizo e hizo incurrir en error a la AFIP, al fiscal y al juez”.
 
De hecho, “en 2004 vino la señora personalmente y me trajo una nota pidiendo una copia de la resolución de la causa con términos elogiosos del funcionamiento del Juzgado. Por eso me resulta incomprensible esto”, evaluó. “Sinceramente, a 9 meses de haberme hecho cargo del juzgado no dominaba los nombres de todos los ministros que tenía la provincia de Chubut y Santa Cruz. No hubo intención de tapar ni esconder nada. Si la señora Kank tenía tantas pruebas hubiera hecho la denuncia donde correspondía que era la justicia de Santa Cruz”, disparó. “Pasaron 10 años de oportunidades para hacer una nueva denuncia donde correspondía”, recalcó.

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