MUY GRAVE

Todos esperan la renuncia de Eric Holder por atentar contra la prensa

Todo funcionario que atenta contra la libertad de expresión debe cesar de inmediato, en cualquier lugar. De lo contrario, esa sociedad se encuentra en peligro. Los ciudadanos de ese país deben tomar conciencia de lo extremadamente grave y peligroso que resulta que ese funcionario continúe en funciones.

 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). En su persecución de las filtraciones como ninguna otra Administración estadounidense lo había hecho antes, el Departamento de Justicia recopiló de forma secreta los registros de al menos 20 líneas telefónicas de periodistas de la agencia de noticias Associated Press durante los meses de abril y mayo de 2012, incluido el teléfono fijo que la organización tiene en la sala de prensa de la Cámara de Representantes en el Capitolio, según ha informado la propia AP.
 
El presidente de la agencia, Gary Pruitt, en una airada respuesta en forma de carta enviada el lunes13/05 por la noche al fiscal general de USA, Eric Holder, calificó lo sucedido como “una intromisión masiva y sin precedentes” en el trabajo de los periodistas. “No hay justificación posible para una recolección tan amplia de las comunicaciones de AP y sus reporteros”, afirmó Pruitt.
 
La incautación de los registros –de la que no se avisó y que se efectuó en algún momento de este año- formaría parte de una investigación criminal llevada a cabo por el Departamento de Justicia para descubrir la posible fuente dentro de la Administración de Barack Obama que filtró actividades antiterroristas del Pentágono en Yemen.
 
En USA crece el reclamo para que Holder sea apartado de su cargo, y si esto no sucediera el propio Barack Obama será sospechoso de atentar contra la libertad de expresión, y sin duda será indigno de continuar como líder de un país que fue garante de libertades, pero ha perdido velozmente ese rol.
 
"Era una filtración muy seria; muy, muy seria", repitió Holder en una rueda de prensa en la que precisó, no obstante, que él se separó de la investigación desde el principio, para no incurrir en ningún potencial conflicto de intereses, dado que él mismo había sido interrogado previamente por el FBI a propósito de AP.
 
"Es una de las dos o tres filtraciones más serias que he visto", que "puso en peligro la vida de estadounidenses" y que requería "una acción muy agresiva" para tratar de descubrir al responsable del soplo, aseguró Holder.
 
Pero eso es todo lo que contó. En una rueda de prensa breve y caótica, Holder se 'lavó las manos' en este asunto y afirmó que la polémica decisión de intervenir los teléfonos no fue suya. Preguntado sobre si se siguieron los procedimientos legales para actuar de esta manera, Holder insistió en que no sabía nada, pero que se fiaba de su gente.
 
El secretario de Justicia dijo desconocer los detalles de la investigación, que fue llevada a cabo por el FBI bajo la dirección del fiscal federal del Distrito de Columbia, y con la supervisión del fiscal general adjunto, James M. Cole.
 
El requerimiento para obtener las llamadas telefónicas realizadas por los periodistas de AP fue decidido por Cole, "en conformidad con los reglamentos y políticas del Departamento de Justicia", dijo Holder, quien se mostró seguro de que se había respetado la ley.
 
Sin embargo, la acción de la Administración ha levantado una enorme polémica en USA, porque fue llevada a cabo en secreto, sin dar a la agencia investigada la oportunidad de rebatir las sospechas, y por la gran cantidad de datos recabados.
 
"Me inhibí de este asunto" para evitar un "conflicto de intereses", dijo Holder en unos momentos en que la oposición republicana empezaba a exigir su dimisión. El motivo, explicó, fue que él mismo había sido entrevistado por el FBI en relación con el caso de filtración de información secreta -una "filtración muy muy grave", subrayó- que llevó al subalterno suyo, que asumió consecuentemente este asunto a ordenar la investigación de la agencia de noticias.
 
"La decisión de revisar registros de llamadas de medios en esta investigación fue tomada por el fiscal general adjunto (James Cole) de forma consistente con las regulaciones y políticas del Departamento" de Justicia, corroboró en un comunicado el portavoz de la Oficina del Fiscal General del Distrito de Columbia, Bill Miller.
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Para pedir la información que recabó de los periodistas, el Departamento de Justicia debe contactar con los responsables del medio en cuestión para pedir permiso, a no ser que considere que esa opción pone en peligro una investigación. Al parecer, éste era el caso, aunque Holder tampoco ha dicho por qué. Los informadores investigados habían escrito sobre cómo USA había logrado abortar un complot de Al Qaeda para hacer explotar una bomba en un avión de pasajeros rumbo a Estados Unidos.
 
La agencia AP confirmó que el Departamento de Justicia le informó el viernes 10/05 que había intervenido los teléfonos de muchos de sus periodistas entre abril y mayo del pasado año. "Es una intromisión enorme y sin precedentes" en el desempeño de nuestro oficio, señaló en un comunicado.
 
"Estos registros revelan potenciales comunicaciones con fuentes confidenciales a lo largo de un periodo de dos meses en todas las actividades de recopilación de información llevadas a cabo por AP", indicó Gary Pruitt, consejero delegado de la primera agencia de noticias del país, en una misiva dirigida a Holder.
 
Ante la polémica generada por esta actuación, la Casa Blanca ha indicado que el presidente de USA, Barack Obama, es "un firme defensor de la libertad de prensa" y está a la espera de más información sobre la investigación del Departamento de Justicia.
 
El presidente "se enteró el lunes de las denuncias sobre acciones del Departamento de Justicia en relación con AP", afirmó el portavoz presidencial Jay Carney.
 
Por su parte, organizaciones periodísticas de USA han calificado de asalto a la libertad de prensa la investigacióndel gobierno estadounidense de los registros telefónicos de periodistas. La Sociedad de Periodistas Profesionales condenó lo que calificó de una acción "vergonzosa e indignante" que, afirmó, constituye un asalto a la primera enmienda de la Constitución, que protege la libertad de prensa.
 
La oficina del Fiscal General en Washington replicó en un comunicado que se toma muy en "serio" sus obligaciones de cumplir todas las leyes y regulaciones relativas a la investigación de registros telefónicos de organizacioens periodísticas. La norma es que "debemos notificar de antemano a la organización periodística a menos que hacerlo pueda constituir una amenaza importante a la integridad de la investigación", explicó el portavoz Bill Miller.

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