EL ESCRIBANO ADOLFO PITTALUGA SHAW BAJO LA LUPA

Fariña no mintió: el contador de Lázaro es el 'testa' del campo

La investigación periodística en Uruguay logró cerrar el círculo del pasamanos que registró la propiedad del campo El Entrevero, en José Ignacio, Maldonado, Uruguay. Tal como lo había afirmado Jorge Leonardo Fariña, Daniel Pérez Gadín, el contador de Lázaro Báez es el presidente de Jumey, la sociedad comercial propietaria del predio. Si el capital accionario de Traline era insuficiente para comprar el campo, el de Jumey era aún menor. Al momento de constituirse, el 31 de mayo de 2011, declaró un capital accionario de US$ 42.000. Tres meses después, Jumey compró El Entrevero en US$ 14 millones, con el aval del escribano. Por la ley Antilavado uruguaya, tanto los escribanos como las inmobiliarias están obligadas a denunciar ante el Banco Central aquellas operaciones “sospechosas”. El escribano Adolfo Pittaluga Shaw no lo hizo.

 

por NICOLÁS DELGADO
 
MONTEVIDEO (El Observador).  Leonardo Fariña había dicho la verdad cuando, grabado por una cámara oculta, afirmó: “La famosa compra al lote de Uruguay, si vos vas al registro el titular es Pérez Gadín. Son tan enfermos que hacen eso (…) En José Ignacio, ahí sobre la ruta. (…) Son tan ignorantes que lo pusieron a título personal del tipo y lo podés chequear en cualquier registro público”.Efectivamente, El Observador pudo constatar que el actual dueño del campo El Entrevero (150 hectáreas ubicadas entre José Ignacio y La Barra que costaron US$ 14 millones) es Jumey, una sociedad anónima presidida por Daniel Pérez Gadín, contador de Lázaro Báez, a quien la Justicia investiga como el presunto líder de la red de lavado asociada al expresidente Néstor Kirchner. Pérez Gadín también figura como imputado en las investigaciones judiciales.
 
El Registro de Propiedad de la Dirección General de Registros revela que el titular de las 150 hectáreas de El Entrevero (los padrones 26.630 y 26.632) es Jumey SA, cuyo presidente es Pérez Gadín (ver documentos en portada). Además de ser el contador de Báez, Pérez Gadín administra desde 2004 el hotel Alto Calafate, que Kirchner compró en 2008 y hoy gestiona Báez.  
 
La operación de Báez no fue sencilla. Del negocio participaron varios testaferros y dos sociedades anónimas: Traline y Jumey. 
 
El 23 de febrero de 2011, Maximiliano Acosta, socio de Fariña, adquirió Traline y asumió como presidente de la SA. El 15 de marzo, Walter Kobilanski, el antiguo propietario de El Entrevero, firmó un boleto de reserva (o compromiso de compraventa) con Traline. 
 
Pero, tal como relata Fariña, supuesto “valijero” del grupo, por esos días Báez resolvió apartarlo de la organización y colocar en su lugar a Pérez Gadín. Las propiedades y negocios que gestionaba Fariña (o sus testaferros) pasaron a nombre de Pérez Gadín (o de sus testaferros). En ese paquete también entró El Entrevero. 
 
El mediodía del 22 de junio, Pérez Gadín voló por Aerolíneas Argentinas a Montevideo, informó Clarín en base a Migraciones. Ese día se inscribió en la Dirección General de Registro el cambio en la presidencia de Traline. Óscar Osvaldo Guthux, mano derecha de Pérez Gadín, asumió como presidente de la SA en sustitución de Acosta, el socio de Fariña, según pudo constatar El Observador con documentos oficiales. Así, el boleto de reserva quedó en manos del contador.
 
Guthux fue gerente de finanzas del hotel Alto Calafate, que administra Pérez Gadín, y además es socio del contador desde 1999 en la empresa Organización de Asesoramiento y Consultoría Internacional, según el Boletín Oficial de Argentina, informó La Nación.
 
El 1º de agosto, Traline cedió el boleto de reserva a Jumey SA, una sociedad anónima que preside Pérez Gadín desde el 4 de julio. Kobilanski y Pérez Gadín firmaron la escritura de compraventa del campo en los primeros días de agosto. La compraventa se registró el 10 de ese mes. 
 
Semanas más tarde, apartado del negocio y despechado, Fariña reveló la compraventa al periodista Jorge Lanata, que lo grabó con cámaras ocultas. Luego de que Lanata presentara las cámaras ocultas en el programa Periodismo Para Todos, en abril de este de 2013 (casi un año y medio después), Fariña se retractó y dijo que lo que había expresado era mentira. Sin embargo, al menos los datos que aportó sobre la compra en Uruguay son ciertos. 
 
El escribano avaló los negocios
 
El escribano Adolfo Pittaluga Shaw avaló cada una de las operaciones en representación de los argentinos que eran los compradores. En el verano de 2011, el escribano consultó varios estudios contables en busca de una sociedad anónima inactiva, hasta que encontró a Traline, cuyo capital accionario era de US$ 76.000. El 23 de febrero de 2011 concretó su compra y Acosta firmó como presidente. 
 
Un mes más tarde, el notario firmó el boleto de reserva por US$ 14 millones y avaló la solvencia de la SA, que tenía un capital accionario 20 veces menor al que prometía pagar. En agosto, escrituró la cesión del boleto de reserva a Jumey. 
 
A su vez, tanto Traline como Jumey comparten el domicilio: Treinta y Tres 1374, oficina 307. Esa dirección coincide con uno de los estudios notariales de Pittaluga Shaw. El Observador verificó que el escribano entregó esa oficina y hoy funciona allí una empresa de exportación. Ante la Dirección General de Registro, Pérez Gadín está domiciliado en ese mismo edificio, aunque en otra planta.
 
Si el capital accionario de Traline era insuficiente para comprar el campo, el de Jumey era aún menor. Al momento de constituirse, el 31 de mayo de 2011, declaró un capital accionario de US$ 42.000. Tres meses después, Jumey compró El Entrevero en US$ 14 millones, con el aval del escribano. 
 
Por la ley Antilavado, tanto los escribanos como las inmobiliarias están obligadas a denunciar ante el Banco Central aquellas operaciones “sospechosas”. Pittaluga Shaw no lo hizo. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central está investigando la compraventa y las cuentas bancarias de quienes participaron en la transacción, informó el director de la Secretaría Nacional Antilavado, Carlos Díaz. Cuando la UIAF reúna información sobre la operativa, presentará la denuncia a la Justicia.

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