SOBREPRECIOS

Piden datos a Embraer por la compra que realizó Aerolíneas

El juez federal Sergio Torres libró un exhorto a Brasil para que Embraer informe si cuentan con una investigación interna sobre el supuesto pago de coimas a funcionarios argentinos así como por sobreprecios que se habrían pagado en la adquisición de 20 naves por parte de Aerolíneas Argentinas en 2009.

El juez federal Sergio Torres libró un exhorto hacia Brasil con pedido de información a la empresa Embraer, tercera fabricante de aviones en el mundo, para saber si cuentan con una investigación interna sobre el supuesto pago de coimas a funcionarios argentinos así como por sobreprecios que se habrían pagado en la adquisición de 20 naves.
 
Torres investiga la compra de aviones por parte de Aerolíneas Argentinas en 2009 a Embraer, en cuanto a si hubo sobreprecios, pero también si se pagaron coimas a algunos funcionarios.
 
Por cada nave el Estado argentino se comprometió a pagar US$35 millones y la compra se hizo con un crédito del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil que financió el 85% de la operación.
 
El contrato de compra fue firmado por el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y por el entonces presidente de Aerolíneas y ahora actual ministro de Justicia, Julio Alak. Y los hechos que se investigan ocurrieron en plena gestión en el área de Transporte de Ricardo Jaime, hoy investigado en múltiples casos de corrupción.
 
La versión de una supuesta investigación interna de Embraer fue reconocida por la propia empresa ante la Securities Exchange Commission (SEC) que controla las operaciones de las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York.
 
Pero el diario paulista 'Valor Económico' también dio cuenta de esa versión sobre una investigación interna luego que la empresa hiciera público sus balances y en los cuales hacía constar ello mismo.
 
La causa surgió a raíz de una denuncia realizada por el abogado Ricardo Monner Sans en septiembre de 2009, en la que daba cuenta del presunto pago de sobreprecios en la compra de los aviones. Según el denunciante, el Estado desembolsó un pago total de US$700 millones.

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