CANAL 9, EL MÁS FAVORECIDO

Denuncian al Gobierno por el reparto "discrecional" de la publicidad oficial

La Coalición Cívica denunció al gobierno de Cristina Fernández ante la Oficina Anticorrupción, por el presumible “arbitrario” reparto de la publicidad oficial en la Televisión argentina. Quieren saber si se violó la ley de ética pública.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Luego de las informaciones que dan cuenta de cierta parcialidad en el tema, la diputada Patricia Bullrich acudió a la Oficina Anticorrupción y presentó una denuncia en la Oficina Anticorrupción, a fin de que el organismo a cargo de Julio Fernando Vitobello tome la intervención de ley que le corresponde, por el presumible “arbitrario” reparto de la publicidad oficial en la TV.

La vicepresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación acudió a ese organismo para pedir que se investiguen posibles violaciones al artículo2° de la Ley N° 25.188 de Ética Pública que entre otros puntos establece:

a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno;

b) Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana;

c) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular;

d) No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello;

e) Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma o el interés público claramente lo exijan.

f) Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados. Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados;

g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa;

h) Observar en los procedimientos de contrataciones públicas en los que intervengan los principios de publicidad, igualdad, concurrencia razonabilidad;

i) Abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en ley procesal civil.

Tambien en la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera, que regula los sistemas de control del sector publico nacional.

En su presentación, Bullrich se respalda en el informe publicado en diferentes medios este miércoles, según el cual el Gobierno nacional gastó $107 millones en publicidad oficial en medios televisivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante 2010, y del cual surge lo que presume como “un discrecional y tendencioso manejo de la misma” al beneficiar con el 67,5% del total del monto invertido a Canal 9, seguido a sideral distancia por Canal 11 Telefé (16,7%), y Canal 13 El Trece (5%).

Tamaña diferencia entre la pauta oficial dirigida a Canal 9 y los restantes canales televisivos más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, manifiesta la abierta discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos a favor de un medio que contiene en su programación diaria emisiones propagandísticas dirigidas a apoyar directamente al Gobierno nacional”, puntualiza la diputada, que recuerda que la programación del 9 contiene los programas 'Duro de Domar' y 'Televisión Registrada', ambos de la productora Pensado para Televisión (PPT) -“de claro corte oficialista”, acota-, quien concentró cerca de 20 millones pesos en publicidad oficial.

Se hace eco asimismo de que los millones en publicidad oficial le llegan a Canal 9 a través de la ANSeS y la AFIP, organismos que invirtieron un total de $45,8 millones, siguiendo la misma decisión política que la Secretaría de Medios en distribución de pauta. “No es razonable que las informaciones de organismos como ANSeS y AFIP sean transmitidas primordialmente por este canal”, acota Bullrich, quien pide investigar la posible violación de la norma que impone un comportamiento ético de todo funcionario público.

La decisión de inversión es arbitraria, discrecional, no sigue criterio alguno que pueda beneficiar a la población, discrimina a los medios pequeños y concentra casi el 70 % en un solo medio”, puntualiza Bullrich. Entiende la diputada que “es claro que la publicidad oficial es propaganda política. El Gobierno confunde el dinero público con el dinero partidario y con ello genera un grave perjuicio a los ciudadanos que ven que sus recursos son usados de manera discrecional y arbitraria. Este mal uso de fondos públicos se encuadra en las funciones de la Oficina Anticorrupción. Además lo hace con un fin muy claro: financiar los programas oficialistas, lo que significa también una grave distorsión a la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución nacional”.

Para la diputada de la Coalición Cívica, las sindicaturas internas de los organismos deberían analizar “esta actitud monopólica en el uso de recursos públicos y señalárselo a quienes emiten las órdenes. Sin embargo parece no existir, de parte de los síndicos de los organismos el uso de los criterios de razonabilidad y eficiencia a los que deben someterse los recursos públicos”.

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