EL CASO PEPSICO

Buscando cómo resolver los conflictos sociales laborales

En conferencia de prensa realizada en el Congreso, los trabajadores de PepsiCo anunciaron una jornada nacional de lucha para el martes 18/07 e informaron que la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió declarar la ilegalidad de los despidos por parte de la empresa y la obligación de que los trabajadores retomen sus tareas y el cobro de sus salarios. Camilo Mones, delegado, dij: “Esto demuestra que teníamos razón cuando decíamos que la empresa estaba en la ilegalidad y que la represión también lo era. Esa violencia contra los trabajadores se podría haber evitado. Eso se lo habíamos dicho a la jueza y al fiscal, que era un problema de orden laboral, que la empresa hacía lock out y que estaba en la ilegalidad, pero ellos no nos escucharon, no nos dejaron ser parte del expediente ni verlo ni hacer presentaciones, ni siquiera nos aceptaron una entrevista y nos mandaron cientos de policías y gendarmes”. En la coyuntura de una Argentina complicada desde lo socioeconómico y lo sociolaboral, es necesario buscar mecanismos para arbitrar estas situaciones. De todos modos, una empresa tiene derecho a cerrar o mudarse cumpliendo con la legislación, más allá de la politización de la protesta. Acerca de esto escribió el columnista:

Son conocidos los hechos. La empresa dispuso su cierre por razones que le conciernen.

Formalmente cumplió con sus obligaciones legales indemnizando a su personal, por sobre los límites establecidos en la Ley de contrato de trabajo y el 80% aceptó el pago.

Las instalaciones de la empresa fueron ocupadas por algunos pocos ex empleados que no aceptaron el pago y por activistas ajenos a la relación laboral, presuntos militantes de partidos radicalizados.

Luego que un Juez dispuso el desalojo de las instalaciones, “las fuerzas de ocupación” intentaron impedir la acción de la policía, desoyendo la previa intimación efectuada.

Los “ocupantes ilegales” causaron heridas al personal policial y los pocos detenidos entre activistas y presuntos ex empleados fueron puestos en libertad. Además de la ocupación, en principio usurpación, continuó la comisión de delitos.

Por ahora el hecho solo dejó policías lesionados.

Algunos políticos de esos sectores de izquierda obviamente justificaron la resistencia y otros, radicalizados por sus ambiciones, tales como Sergio Massa o Margarita Stolbizer hicieron declaraciones imputando al Gobierno de “corazón duro” y cómo que estos hechos fueron preanuncios de futuros “ajustes y de flexibilización laboral”.

Les faltó inteligencia para opinar sobre la “conflictividad laboral y social” y buena fe política.

La cobertura periodística pecó de “izquierdismo fácil y enfático”, mientras cubrían el hecho, hubo movileros que hicieron alusión a procesos que tendría “PepsiCo” por cuestiones ambientales como si la eventual comisión de un hecho ilícito justificara o legitimara la acción de los activistas.

El gobierno habría homologado los acuerdos logrados entre la empresa y su personal y puso a disposición del Poder Judicial las fuerzas policiales para garantizar el cumplimiento y ejecución de una resolución de un Juez, valga la redundancia.

Esta es la apretada síntesis de lo ocurrido.

Es sabido que la conflictividad social es una “cuestión política” y, como tal, la política no ha creado instrumentos idóneos para resolver conflictos colectivos, ante esa carencia estas cuestiones se resuelven agonalmente, es decir por la fuerza, la mayoría de las veces ilegitima e ilegal.

La primera conclusión que plantea la “agonalidad” es que el uso ilegitimo e ilegal de ciertos medios también ilegales para materializar la “protesta” debe contar con un mínimo de justificación y así se recurrió con cinismo a lo que se ha dado en llamar “criminalización de la protesta social”.

Raúl Zaffaroni dice que la llamada “protesta social” sería un medio no institucional para habilitar el funcionamiento institucional, un hábil sofisma. A su vez su eventual represión significaría su “criminalización”.

La cuestión se plantea cuando la protesta social, comete errores, según Zaffaroni y se convierte en violenta, pero señala que estos “errores”, en general, son magnificados por quienes las deslegitimizan para justificar su represión. (sic)

De este modo, se ha construido una teoría político-jurídica para justificar el desorden político causado por lo que llamaría “la protesta social, incluso violenta” y así legitimarla.

Lo que debemos advertir para ir yendo hacia la normalidad es que el medio legitimo y legal de protestar, está dado por

> ejercer el derecho de peticionar a las autoridades, art 14 de la Constitución;

> el nuevo “derecho de iniciativa legal” o “iniciativa popular” instaurado por artículo 39 con limitaciones referidas a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal y, en última instancia,

> mediante la “acción de amparo” del artículo 43.

Estos son los medios legales y legítimos para ejercer lo que se llama “protesta social”, lo demás es ilegalidad pura y absoluta; y es derecho y obligación del Estado, no sólo garantizar el estado de Derecho sino restablecerlo cuando haya sido alterado.

Por último el art. 36 mantiene el imperio constitucional y se declaran insanablemente nulos los actos que intenten interrumpir su observancia por actos de fuerza, que de por si son ilegales, contra el orden institucional. A su vez todos los ciudadanos gozan del derecho de resistencia contra tales actos.

La protesta ilegitima y violenta es un acto de fuerza que impacta en el orden institucional, máxime cuando se opone resistencia también violenta.

El cierre de una empresa es un acto legítimo y si este acto se ejerciera de modo ilegal existe la posibilidad del reclamo judicial.

Lo que estaría pendiente de legislación es un medio para resolver los conflictos sociales laborales y es obvio que el Estado tiene el derecho, para preservar el bien común, de imponer el arbitraje obligatorio, una vez agotados los medios de negociación directa entre las partes, por lo menos para aquellas actividades sensibles, como lo son todos los servicios públicos.

Estos hechos ahora potenciados por la proximidad de elecciones de medio término, preanuncian una campaña política virulenta y agresiva y, lo más grave, desestabilizadora.

Massa y Stolbizer ya mostraron sus dientes.

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