18 AÑOS DE LA REFORMA DEL ESTADO

Menem lo hizo, Macri todavía está en veremos

La Ley de Reforma del Estado, aprobada el 17/08/1989, y aún hoy una de las iniciativas más ambiciosa de la Argentina contemporánea, cumple 28 años. La familia Macri apoyó aquella iniciativa de Carlos Menem, que requería una gran decisión política y una gran habilidad legislativa. Sin embargo, la alianza Cambiemos -un poco por sus contradicciones internas, otro poco por sus debilidades en los acuerdos políticos- dificilmente podría parir una legislación fundacional equivalente. Por ese motivo, aquella Ley de Reforma del Estado expone las limitaciones de la Administración Macri para concretar el cambio.

Carece de sentido profundizar en lo que afirma el decadente kirchnerismo: tuvo el ejercicio del Estado durante 3 mandatos presidenciales completos y no pudo concretar ninguna corriente de inversión bruta fija importante. Un conjunto de fracasados en la modernización del Estado que, mientras cuestionaban a los años '90, se limitaban a utilizar lo que queda de aquella infraestructura mucho más eficiente que la que los K pudieron imaginar.

La Ley de Reforma del Estado era perfectible, obviamente. Pero no puede ignorarse que provocó la última ola inversora real, no financiera, que recibió la sociedad argentina pese a los 2 procesos de hiperinflación que acababa de sufrir.

Desde entonces, la sociedad argentina no ha logrado provocar otro interés semejante en los inversionistas verdaderos, los que toman riesgo en un país extranjero, los que aplican el capital a activos físicos. Todo lo que vino después fue un conjunto de ineficientes balbuceos, de promesas imposibles y de gran ineficiencia en el uso del Ejecutivo Nacional.

Es verdad que lo del "ramal que para, ramal que cierra" fue un exceso pero las inversiones en servicios públicos fueron verdaderas: en telecomunicaciones, en redes de agua potable, en petróleo y en gas, en puertos y vías navegables (aún cuando se liquidó la empresa estatal de navegación).

La alianza Cambiemos no ha logrado provocar un boom inversor equivalente porque, para comenzar, el PRO opina diferente a la UCR en todos estos temas. Y la Coalición Civica-ARI también tiene su propio enfoque. En vez de enojarse con sus ex colegas empresarios, Mauricio Macri debería revisar por qué si su propia familia se interesó en los '90.

Luego, porque todavía existe la estigmatización de los '90, a la que contribuyó tanto el Grupo Clarín que, sin embargo, de aquellos años se llevó la tenencia oficial de Radio Mitre y FM 100, la privatización a su favor de Canal 13 y otros medios electrónicos hoy agrupados en Artear, la expansión de Multicanal -hoy parte de Cablevisión-, la ampliación en la participación en la empresa de capital mixto Papel Prensa, y el monopolio de la telefonía móvil en el interior del país, que no supo explotar.

Después de obtener todo eso, Héctor Magnetto llevó a la conclusión que un país administrado o por Carlos 'Chacho' Álvarez o por Eduardo Duhalde sería más conveniente: ¿¡...!?

Cuando Carlos Menem asumió el cargo de Presidente, a fines de 1989, la Argentina enfrentaba una crisis profunda, no sólo consecuencia del fracaso sucesivo del Plan Austral y del Plan Primavera, sino también de la imposibilidad que tenía el Estado de afrontar la necesaria modernización de la infraestructura colectiva, lo que provocaba una enorme insatisfacción en los usuarios y grandes perjuicios a la economía.

Raúl Alfonsín había asumido la Presidencia de la Nación en 1983, restaurando la democracia participativa pero el enfoque tradicional de la UCR acerca del sistema financiero y de la participación en el mundo global eran, en definitiva, no muy diferentes de las años después exhibió el exFrente para la Victoria.

Además de la crisis de deuda pública externa, Argentina enfrentaba graves problemas macroeconómicos: un déficit fiscal gigante (que Menem no resolvió y por eso terminó colapsando la convertibilidad de paridad fija y no flotante que él eligió), y megaempresas estatales que sufrían enormes quebrantos financieros y obsolescencia.

Mientras tanto, en USA avanzaba un debate tan estigmatizado hoy día como los años '90 pero que merecería conocer más a fondo de qué se trataba y no hablar por ignorancia: el Consenso de Washington.

Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, debería preguntarse por qué motivo el Consenso de Washington fue tan beneficioso para Chile, que nunca quiso regresar al desorden de Salvador Allende, pese a que registró gobiernos socialistas inclusive durante los años '90. O por qué motivo Ecuador nunca quiso regresar a una moneda nacional y prefirió seguir en el ámbito del dólar estadounidense, pese a que tuvo como presidente a Rafael Correa.

La respuesta es fácil: no necesariamente el cambio que viene de afuera es negativo.

Es cierto que la solución propuesta por el Consenso de Washington para el empobrecimiento latinoamericano era de corte neoliberal. Pero ¿quién dijo que lo neoliberal es malo en sí mismo? Luego, ¿quién dijo que de otra manera se podría atraer a capitales extranjeros que tienen, en sus economías de origen, usos y costumbres neoliberales?

Lo notable de Menem fue que, viniendo de una provincia peronista, de gran desequilibrio fiscal, y careciendo del roce intelectual aconsejable para esos días, supo interpretar lo que ocurría en la sociedad global, incluyendo el inminente derrumbe del Muro de Berlín, y la Argentina avanzó inclusive antes que otros países de la región, en la dirección correcta de hacia dónde iban los años '90, y la Ley de Reforma del Estado, que elaboraron José Roberto Dromi, Rodolfo Barra, Mario Guaragna, Juan Carlos Cassagne, y otros, fue el ícono de aquella decisión política.

Alfonsín renunció el 08/07/1989. Tal como lo recuerda el embajador Rodolfo Terragno, quien fue enviado a La Rioja por Alfonsín para negociar con Menem la transición, encontró al Presidente electo reunido con Magnetto en la residencia oficial. Dificilmente aquel Menem conocía ya qué iba a hacer en los próximos días, pero lo interesante es que en la sociedad argentina sí había personajes con ánimo de cambio.

Vocero mediático de todo aquello, vale la pena recordarlo, fue Bernardo Neustadt, otro estigmatizado por los periodistas 'progres', que nunca podrían llegar a influir tanto en la sociedad contemporánea tal como él lo logró.

El acuerdo entre Menem y Alfonsín para la transición consistía en que la UCR aportaría sus legisladores para aprobar las inicitivas que impulsara Menem, quien asumía en julio pero sus legisladores recién asumirían en diciembre. Y César Jaroslavsky, jefe del bloque de diputados nacionales de la UCR, se encargó, con más puntillosidad que el propio Alfonsín, de cumplir con la palabra empeñada.

En ese marco aparecieron las “leyes de emergencia”, que realmente lo eran porque la Argentina se encontraba en hiperinflación, una situación de colapso socioeconómico que podía tener consecuencias político-institucionales. De hecho, la salida anticipada de Alfonsín era ya muestra de la gravedad del momento.

La habilidad de esos días fue la rápida redacción para tratamiento inmediato de las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado, aprobadas por el Congreso en agosto de 1989.

¿Mundo ideal? No, sólo mundo posible para intentar salir del atolladero. Pero vaya si no lo consiguió: nunca más la Argentina logró modernizar su infraestructura. ¿No fue suficiente? Nunca lo es, y menos cuando todo eso comenzó a interrumpirse a mediados de los '90, cuando Menem renunció a hacer otros cambios necesarios.

La Ley N°23.696, "Ley de Reforma del Estado", fue sancionada el 17/08/1989 y autorizaba al Presidente a proceder con la privatización de un gran número de empresas estatales y a la fusión y disolución de diversos entes públicos.

¿Qué es la privatización? Es un proceso mediante el cual las actividades, empresariales o no, son transferidas del sector público al sector privado. Ésto permite a los actores no gubernamentales intervenir más en la financiación y prestación de servicios empresariales y asistenciales. La privatización puede ser tanto parcial como total, puede ser concesionada y provincializada o municipalizada, es decir transferida a jurisdicciones provinciales o municipales.

¿Cuál es su objetivo? Las privatizaciones tenían varios objetivos. Uno fue obtener recursos para aliviar el déficit fiscal y equilibrar el presupuesto del Estado. Otro fue dar eficiencia a los servicios públicos, requiriendo a los inversores una mejor prestación que la que brindaba el Estado. Otro, plantearle a los inversores compromisos importantes de inversión, y esto se puede ver en casi todas las privatizaciones de los servicios públicos.

A partir de 1990 la economía argentina comenzó un proceso de acelerada integración a la economía mundial, interrumpida con los K.

De paso: todo el 'milagro de la soja' que le permitió a los K ingresar dinero récord en los días de Néstor Kirchner y el comienzo de CFK, tuvo su inicio también en aquellas leyes de emergencia. Deberá recordarse que en el marco de aquellos cambios, se eliminaron las retenciones (algo a lo que todavía no se atrevió Mauricio Macri), se permitió sembrar con semillas transgénicas, se provocó la importación de las plantas de elaboración de aceite, se privatizaron los puertos de embarque, se eliminaron las Juntas Nacionales (de carne y de granos), y se permitió un ambiente creativo del que emergió la siembra directa.

El resultado de las leyes de emergencia fue un incremento en la incorporación de maquinaria, capitales y tecnología. Entre 1990 y 1994, el PBI creció el 34,4%, el consumo el 39,3% y la inversión el 120,7% (Argentina en Crecimiento 1995-1999, Poder Ejecutivo Nacional). En 1995, la crisis mexicana (conocida como “efecto tequila”) frenó los cambios abordados, aunque el tema de fondo fue que el déficit fiscal no estaba controlado por sobregasto público. De todos modos, la Argentina continuó con su vinculación con el resto del mundo para integrarse en el marco de la globalización de las economías nacionales.

Los del PRO deberían recordar el pasado reciente. De lo contrario, el Cambiemos es sólo marketing de campaña.

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