Formalmente, y con la presencia del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el lunes 30 de este mes, en el Centro Cultural Kirchner, los ministros de Finanzas y de Transporte, Luis Caputo y Guillermo Dietrich, respectivamente, y el director nacional de Vialidad, Javier Iguacel, expondrán en un seminario del que participarán prominentes funcionarios del gobierno y empresas constructoras, un plan de inversiones bajo la modalidad del esquema de propiedad participada para 13 corredores viales, que se concretará a través de licitaciones, por una suma de US$26.000 millones.
EL TEOREMA DE LA OBRA PÚBLICA-PRIVADA
Caputo inventa más endeudamiento sin deuda para invertir sin inversores
Apenas unos días después que caiga el telón electoral, el Centro Cultural Kirchner (CCK) retomará el escenario de roadshows de negocios: esta vez el Estado convocará puntualmente a las empresas privadas a asociarse en programas de obras públicas por US$26 mil millones que empiezan por rutas, autopistas y caminos, siguen con la ampliación de la red de transmisión eléctrica y luego les llega el turno a las líneas ferroviarias de carga, en el marco del régimen de participación público-privada convertido recientemente en ley. El principal problema para instrumentar esta asociación entre los privados y el Estado es la inseguridad jurídica que creó el propio Ministerio de Finanzas, al disfrazar las emisiones de bonos estatales temporarios bajo la forma de fideicomisos que sirvan para avalar los créditos internacionales que aporten los constructores privados. Es para que esa colocación de títulos no se compute como deuda pública. Los estudios de abogados de los bancos y fondos comunes de inversión no se “fuman” semejante invento.
Estos anuncios tuvieron que esperar hasta después de las elecciones, más que por trabas políticas, por la complicada arquitectura financiera que tejió el gobierno nacional para llenar puntos suspensivos del proyecto de Presupuesto 2018 que justifiquen $5750 millones de inversión en infraestructura de emprendimientos públicos-privados sin agrandar la deuda pública explícita que contiene el proyecto de ley de leyes entregado al Congreso.
El dibujo imaginado por la cartera de Finanzas de emitir bonos de un fideicomiso a 3 meses para respaldar el financiamiento que traigan los privados, sin que figuren como deuda del Estado, les plantea un interrogante a los potenciales inversores, sobre todo por provenir de un país que aún no terminó de salir del default.
La consigna es que los títulos que se emitan no afecten el ratio de deuda pública sobre PBI, para lo cual los subterfugios con que se pretenden eludir las limitaciones presupuestarias para las obras públicas distorsionan el reemplazo por financiamiento privado que aplicaron otros países con institucionalidad muy desarrollada, como Chile, Perú, Colombia, México, Brasil y recientemente Uruguay, logrando en la ejecución de contratos de largo plazo, desde obras viales a la construcción y mantenimiento de hospitales, cárceles y escuelas.
A las constructoras tampoco les cierran las obligaciones que les impondrían, ni las sanciones por incumplimiento y formas de ejecución: se proponen regular, también, los estándares de calidad y eficiencia y la forma de pago de los contratos, así como el régimen de revisión del precio.
El gobierno busca tentarlos ofreciéndoles que un 25% de lo invertido se repague con la recaudación de los futuros peajes que se apliquen a los nuevos corredores viales, lo cual ha sido bien visto, salvo hasta el momento de ponderar las dudas legales que surgen del 75% restante.
La respuesta que dio el ministro Luis Caputo de someter los contratos a la ley de Nueva York, como sucedió con los bonos soberanos en litigio, no convenció aún a los bancos y fondos de inversión, en momentos en que la administración de Macri necesita juntar los próximos 4 años US$26 mil millones de parte de los privados para las participaciones públicas privadas.
Pero en estas circunstancias el mercado calcula que andará, en el mejor de los casos, entre los US$4 mil y 7 mil millones. Caputo no se da por vencido y envió a hombres de su confianza, como Pablo Quirno y José Morea, a manejar el programa PPP.
Inversiones de la PPP
El Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (IDESA) refresca las inversiones que, ya sancionada la Ley que regula las PPP, se ejecutarán entre 2018 y 2020 conforme al proyecto de ley de Presupuesto:
-Construcción de autopistas y mejoras en vías de transporte, unos U$S 50 mil millones.
-Obras para energía y manejo del agua, unos U$S 30 mil millones.
-En viviendas, hospitales y cárceles, unos U$S 17 mil millones.
En los próximos 3 años, según IDESA, se planean hacer inversiones con mecanismos de PPP por un total de U$S 97 mil millones.
Suponiendo que se realicen a razón de U$S 32 mil millones por año, tomando como referencia que las que se efectúan por el mecanismo tradicional de contratación están presupuestadas en el orden de los U$S 12 mil millones para 2018, lo que implica que a través de la PPP se estaría esperando cuadruplicar la inversión en infraestructura.
En tal sentido, la agencia Bloomberg estimó que, de US$596 mil 400 millones que los emisores colocaron por los países emergentes en bonos entre el 1 de enero de 2016 y el 18 de septiembre de 2017, la República Argentina participó bajo la administración de Cambiemos con una cifra cercana a los US$42.000 millones, lo que representa un 7 % del total global.
Ese 7 % convierte al país en el mayor tomador de deuda del mundo, superando a China, quien tiene una población de 1.400 millones de habitantes y un crecimiento exponencial de infraestructura y estructura económica.
A fin de año, la deuda pública podría sumar U$S 317.000 millones, sin contar US$13.000 millones del saldo del Bono cupón PBI. Equivale a alrededor del 60% del PBI.
La velocidad del aumento del endeudamiento público argentino preocupa a la comunidad financiera internacional. En diciembre de 2015 era de US$ 240.665 millones y en diciembre de 2016 sumaba US$ 275.446 millones.
Entre enero y septiembre de este año, el Gobierno estuvo emitiendo Letras y Bonos de deuda en pesos, dólares y euros por el equivalente a más de US$ 72.000 millones, según informó el Ministerio de Finanzas.
El detalle sería:
-Vencimientos en 2022, 2025, 2027, 2037 y 2117 (bono a 100 años) por un total de US$ 14.006,6 millones, a tasas anuales entre el 5,625 y el 7,625%. Y bonos en euros suizos por 400 millones con vencimiento en octubre de 2020;
-Bonos en pesos a tasas variadas que vencen entre 2019 y 2026, por $253.569,4 millones;
-Letras del Tesoro con suscripción específica en organismos públicos por $ 52.156 millones y en dólares por U$S 159,1 millones. La mayor parte -$ 33..825 millones- fue colocada en la ANSeS, con vencimientos en 2018;
-Letras del Tesoro en dólares de corto plazo, con vencimientos en 2017 y en 2018, por U$$ 30.160 millones;
-Bonos de la Nación Argentina, con vencimiento en 2020 y 2024 por US$ 10.604 millones, al 8% y 8,75% anual, con amortización cada 6 meses. .
Nuevas colocaciones hubo en octubre y están previstas más hasta fin de año. Son:
-U$S 800 millones en Letras del Tesoro que vencen en mayo y octubre de 2018, y
-$ 22.540 millones de Bonos en pesos a la tasa Badlar – 200 puntos básicos con vencimiento 2022-.