ESTADO DE SITIO DE 1985
32 años de una estupidez (democrática)
26/10/1985: "El Gobierno argentino, presidido por Raúl Alfonsín, decretó ayer (25/10/1985) el Estado de Sitio en todo el país por un período de 60 días. El ministro del Interior, Antonio Troccoli, en una breve y sorpresiva conferencia de prensa, anunció la medida, poniendo énfasis en que las elecciones legislativas parciales del 3 de noviembre (renovación de un tercio del Congreso) se llevarán a cabo y que el Gobierno, pese al Estado de Sitio, amparará todas las garantías individuales y políticas y los derechos de reunión, asociación y expresión para no interferir el proceso electoral." Aquel Estado de Sitio en democracia fue una estrategia de la UCR para garantizar una buena performance electoral (de hecho, ganó el pentágono Mendoza - Córdoba - Santa Fe - Provincia de Buenos Aires - Ciudad de Buenos Aires), pero no sólo fue una exageración institucional sino una injusticia política, en especial respecto de personas como Rosendo Fraga.
25 de octubre de 2017 - 10:11
El 22/10/1985, el entonces presidente Raúl Alfonsín firmó el Decreto N°2.049 por el cual se ordenó la detención de una docena de personas:
1. Rosendo Fraga
2. General (Retiro Efectivo) Carlos Guillermo Suarez Mason
3. Coronel Pascual Oscar Guerrieri
4. Coronel (RE) Alejandro Agustín Arias Duval
5. Capitán (RE) Osvaldo Rodolfo Antinori
6. Capitán Leopoldo Cao
7. Mayor Jorge Horacio Granada
8. Ernesto Raúl Luciano Rivanera Carlés
9. Enrique Gilardi Novaro
10. Daniel Horacio Rodríguez
11. Jorge Antonio Vago
12. Alberto Hernán Camps.
El decreto invocó una norma de la Constitución de 1853 que fue derogada en 1860, y se ejecutó con el objetivo de detener un supuesto golpe cívico-militar que, según se afirmó, se estaba pergeñando.
Aquella supuesta emergencia fue famosa fue un despacho informativo que ex periodistas de la agencia Diarios y Noticias que estaban trabajando en la Administración Alfonsín, hicieron publicar a espaldas de quien era el director periodístico de DyN, Horacio Tato, provocando una airada reacción de éste.
El resultado de la decisión de la gobernante Unión Cívica Radical fue que 12 personas estuvieron privadas de su libertad a disposición del Poder Ejecutivo sin que se hubiesen cumplido a su respecto los presupuestos legales y constitucionales que habrían autorizado esa detención.
Entonces el 25/10/1985, 3 días más tarde, el Ejecutivo Nacional ordenó el estado de sitio.
Discurso de Alfonsín: defensa de la democracia y economía de guerra, 1985
Es decir que fue una acción propia de un gobierno de facto pero en un régimen democrático.
Luego, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declararía la inconstitucionalidad de ese decreto, en razón de no haberse dispuesto previamente el Estado de Sitio, un hecho necesario para el ejercicio de las facultades que se ejercieron al dictarlo. El Estado de Sitio fue 3 días más tarde.
Al poco tiempo de asumir Alfonsín, el 15/12/1983 firmó los decretos 157/83 y 158/83, ordenando enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros y procesar a las 3 juntas militares que dirigieron el país desde el 24/03/1976 hasta la Guerra de las Malvinas (1982). En octubre de 1985, Alfonsín decía temer una eventual insurrección cívico-militar, que terminó ocurriendo en 1987, en parte culpa de las erradas decisiones del entonces Presidente de la Nación, para resolver la situación provocada por las causas judiciales pendientes contra uniformados por los detenidos-desaparecidos entre 1976 y 1983.
Por un lado, se sancionó la Ley N° 23.040, declarando nula la ley de auto-amnistía Nº 22.924 dictada por el gobierno militar. A la vez, Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, para fundamentar el juicio a las juntas militares.
El 22/04/1985 comenzó el juicio a la cúpula militar, que se extendió hasta el 14/08/1985 y culminó con la sentencia del 09/12/1985.
En octubre, Alfonsín le ordenó al entonces ministro del Interior, Antonio Tróccoli, que transmitiera la noticia del Estado de Sitio en todo el país por un período de 60 días: los derechos fundamentales y las garantías constitucionales quedaban restringidas y/o suspendidas.
El 05/11/1974 había sido la vez anterior de un Estado de Sitio ordenado por un gobierno democrático (el Gobierno de María Estela Martínez de Perón, y fue mantenida por el Proceso de Reorghanización Nacional hasta poco antes de las elecciones democráticas de 1983).
En junio de 1985, el ministro de Economía, Juan Sourrouille, había iniciado el llamado Plan Austral, para intentar bajar la inflación y estabilizar la economía. Pero la SIDE (Secretaria de Información del Estado) insistía acerca de una supuesta cúpula operativa de al menos 200 personas (militares en activo y retiro, periodistas, parapoliciales, paramilitares, sindicalistas), que integraban una trama golpista que se preparaba para la desestabilización de la democracia.
Sus supuestos cabecillas fueron detenidos: "Es deber del Poder Ejecutivo arrestarlas no solo para asegurar el éxito de la investigación, sino también para garantizar que no se siga delinquiendo y que no se frustre la ejecución de la eventual condena por la incomparencia del reo".
Todo resultó un disparate pero con consecuencias electorales benignas para Alfonsín: la Unión Cívica Radical mantuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, con el 43 % de los votos.
Precisamente:
1. Las bombas y amenazas de bombas en los días previos a las detenciones ¿fueron hechos provocados por sectores castrenses para destabilizar la democracia, tal como sostenía el Gobierno?
2. ¿O fueron un plan gubernamental para conseguir más apoyo electoral?
3. ¿O fue una mezcla de ambas?
4. ¿Cuáles fueron las pruebas que llevaron a Alfonsín a tomar la errónea decisión de arrestar civiles a través de un decreto?
La mayoría de los historiadores contemporáneos encuentra en aquellos episodios una sobreactuación institucional de los gobernantes republicanos, y una llamativa especulación electoral. No sería la primera vez que los gobernantes republicanos o provocaran situaciones polémicas o manipularan a personas y situaciones para alcanzar sus objetivos.
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