PERDIGONES EN VEZ DE BALAS DE PLATA

Al Pacto Fiscal le falta la principal pata: ajustar la política

El “histórico”, como exageradamente se le batió el parche, acuerdo firmado por los gobernantes y festejado junto a sus acólitos más por haberle sacado el pecho a las balas del ajuste que por otra cuestión, no baja sino que sube el año que viene el déficit fiscal del 9,6% del PBI (7,0% de Nación + 0,6% de Provincias + 2,0% de cuasifiscal del BCRA) que está en 2017. Sin una decidida vocación de la dirigencia por reformar el Estado y bajar el gasto, no hay reforma tributaria que valga, con lo cual seguirán los desincentivos a la inversión, el empleo, los salarios y el crecimiento por más deuda, impuestos e impuesto inflacionario. Y cualquiera que se dé una vuelta por la intimidad estatal advertirá que la política está lejos de hacer el ajuste que pretende meterle con vaselina a la ciudadanía: ya no están muchas caras heredadas de anteriores gobiernos pero en su lugar vinieron “caras extrañas”, como en el tango, aunque mejor remuneradas. Hay plataformas informáticas disparadas desde el Ministerio de la Modernización que atraviesan la burocracia de las 20 carteras de Estado, 87 secretarías, 207 subsecretarías, 687 direcciones nacionales, 122 institutos y 1124 unidades administrativas que integran el sector público nacional, que en muchos casos se chocan con auditorías más politizadas que manejan desde la vicejefatura de Gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. En dos años, salvo decisiones discriminatorias, poco se avanzó en una reconfiguración de las funciones que afectarían a muchos “acomodados”. El panorama no es mucho mejor en una intendencia cualquiera, donde se cobran siderales tasas de alumbrado, barrido y limpieza más para recaudar y repartir entre contratados que para brindar mejores servicios. Casos como el de un departamento de legales donde cohabitan 4 abogados que cobran $80 mil mensuales abundan. En otra nota daremos más información. ¿Este diagnóstico habrá sido emitido por algún instituto kirchnerista? No, lamentablemente Economía & Regiones, la ex consultora del ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Dejando de lado el futbolero abrazo, tras la firma del acuerdo con los gobernadores por el combo Acuerdo Nación-Provincias- Reforma Tributaria, entre el comunicador economista Nicolás Dujovne y el ministro del Interior Rogelio Frigerio, fundador de Economía & Regiones, el staff actual de su ex consultora se abstrajo de triunfalismos fuera de lugar y de frívolas expectativas “de diván” (materializadas en anuncios de brotes verdes) y se sentó a hacer los números de un partido que, en realidad, recién daría comienzo.

Las sumas y restas dan al revés del festejo oficialista: el objetivo macroeconómico central de bajar el déficit fiscal de Nación, pilar de los problemas que atentan contra el crecimiento, en realidad se incrementa en aproximadamente +$59.661 MM en 2018, +8,5% respecto de este año.

El pelotazo en contra surge de que “la Nación (con ANSES) “pone” $59.661 MM pero en ningún lugar aparece ningún compromiso “escrito” a recortar gastos por -$59.661 MM, de manera que el impacto fiscal de todo el paquete sea nulo”, sostiene E&R en su Semanario Económico Nº298.  

Así desglosa el informe la pérdida que asume Nación en 2018:

-$40.480 MM aproximadamente por el Acuerdo Nación-Provincias, y

-$19.181 MM por la Reforma Tributaria.

El resultado objetivamente da que las 23 provincias quedan prácticamente empatadas, ya que el denominado “Pacto” no les brinda recursos adicionales y la Reforma Tributaria sólo les otorga +$1.924 MM de recursos.

Y sí la provincia de Buenos Aires (PBA), llave estratégica para la aspiración que manifestó Mauricio Macri de ser reelecto, terminó siendo la gran y única ganadora, ya que recibirá recursos adicionales por +$40.959 MM.

E inclusive en el año que viene de las presidenciales, 2019, aportaría a la de campaña $65.000 MM adicionales: +$21.000 por la eliminación del artículo 104 y las modificaciones al impuesto al cheque, y otros +$44.000 MM de compensación discrecional, la cual se ajustaría automáticamente por inflación todos los años subsiguientes.

Yendo a la redistribución doméstica que propone el proyecto de reforma tributaria, por un lado, las empresas se llevan la mayor reducción de la presión fiscal: respecto al impuesto de las ganancias, se baja la alícuota al 30% (2019) y al 25% (2021); y se les permite computar gradualmente parte del impuesto al cheque a cuenta de ganancias. Gozan también de la posibilidad de acelerar las devoluciones de crédito de IVA correspondiente a inversiones y se benefician con el aumento de un mínimo no imponible a los Contribuciones Patronales ($12.000), lo cual les permitirá más que compensar el incremento en la alícuota (incluso aquellos que tributan al 21% irán al 19,5%).

Pero, por otro lado, se afecta las economías regionales al elevar los impuestos internos a bebidas analcohólicas y algunas alcohólicas, en parte compensado con la baja de internos a la electrónica y autos/motos de gama media. Incrementa el impuesto a los combustibles (que será reemplazado por un gravamen a las emisiones contaminantes). Elimina el impuesto a la transferencia de Inmuebles (ITI), reemplazándolo por uno a la ganancia por la compraventa de inmuebles, a fin de equiparar el costo. En cuanto al impuesto a la cuarta  categoría de ganancias no hay cambios, y sólo se les incrementa la deducción a los autónomos. Lo peor es que se elimina el tope de aportes personales para salarios mayores a $82.000, lo cual equivale subir la tasa marginal de ganancias de 35% a 45%.

La conclusión del acuerdo Nación-Provincias, en consecuencia, es inquietante, tanto macroeconómica como políticamente: “Más déficit fiscal es más deuda, mayor costo de capital, más impuestos y/o más impuesto inflacionario; todo lo cual atenta contra la inversión, la creación de puestos de trabajo, la demanda laboral, la mejora de los salarios y el crecimiento económico ´en serio¨”, lapida.

Política sin costos

La encerrona de un tratado de buenos modales sin demasiados costos políticos, por no haber sido contemplada la condición sine qua non que sería una auténtica reforma del Estado, se encuentra en que, al no achicarse el Estado y no reducirse el gasto, “los impuestos no se pueden bajar y se termina confeccionando una reforma tributaria que no hace lo que debe hacer”, aduce. 

Sería la explicación de que la reforma tributaria de Dujovne prácticamente no baje impuestos, por lo cual difícilmente logre alcanzar el objetivo de estimular la inversión, el empleo y el crecimiento, advierte E&R.

Y reconoce que, si bien aplica cambios con un sesgo ´supply side´ para incentivar la inversión, el empleo y la oferta agregada, “no sólo son muy graduales y acotados (insuficientes), sino que son compensadas por subas que anulan o amortiguan considerablemente cualquier potencial impacto positivo”, afirma en un tono mucho menos virulento que el empleado por el economista Javier Milei, que juzgó “deplorable” el proyecto de reforma de Dujovne.

El achicamiento del sector público nacional (SPN) al que ningún mandatario le quiere “poner el gancho” implica definir por dónde “meter la tijera” en 5 partidas que representan el 94% del gasto primario (jubilaciones 43%; planes sociales 15%; salarios 14%; subsidios 12% y obra pública 10%), una brasa caliente con la que ninguno se quiere quedar, y menos aún con la cuarta parte de la población, que representará Cristina Fernández de Kirchner en el Senado a partir del 10 de diciembre, convencida de que el país se arregla sin sacrificios y que los funcionarios presos son perseguidos políticos.

Economía & Regiones proclama con toda claridad que “sin reforma del Estado, todas las otras reformas (tributaria, laboral, previsional) pasan a ser voluntarismos ineficaces que dilapidan una oportunidad”, que la reforma tributaria “difícilmente sirva para incentivar la inversión y la productividad en la magnitud que nuestra economía necesita”, que “la reforma laboral difícilmente sirva para crear muchos nuevos puestos de trabajo” y que “la reforma previsional (que sí hay que hacerla) muy probablemente sólo termine sirviendo para seguir financiando un Estado asfixiante”.

Señala que el “reformismo permanente” debe corregir los elementos que desincentivan la inversión, la ampliación de la capacidad de producción y los factores que atentan contra los deseos de los empresarios de intentar ganar plata en Argentina”.

Su diagnóstico es que los privados no invierten porque “no es negocio” hacerlo, ya que una parte excesiva (mucho mayor que en los países competidores) de la riqueza generada va “a parar” a mantener a un Estado gigante que los asfixia.

Básicamente, culmina, para que el reformismo permanente sea exitoso debe empezar por achicar el Estado y bajar el gasto, lo que va mucho más allá de un show montado entre los que no están dispuestos a asumirlo

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