A REMATE

Subastarán propiedades de narcos argentinos

La Agencia de Administración de Bienes del Estado subastará inmuebles que fueron decomisados en causas de narcotráfico y lavado de dinero. Las locaciones incluyen estancias, "telos" y boliches en diferentes puntos del país.

Las propiedades que eran producto del narcotráfico y lavado de dinero en el país serán subastadas a precios muy bajos en comparación a su precio real. La La Agencia de Administración de Bienes del Estado subastará inmuebles ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Salta.
 
El objetivo de este remate tiene que ver con la necesidad del Estado de recaudar fondos. Además de poner en valor los inmuebles y terrenos que se encuentran subutilizados, en estado de abandono o mal concesionados.
 
La venta permitirá mejorar los entornos en los que se encuentran ubicados y dinamizar la economía, según detalló la Agencia de Administración de Bienes del Estado en un comunicado oficial.
Los inmuebles se subastarán a través del Banco Ciudad en un proceso público y abierto, y para el cual habrá una convocatoria acorde con lo que establece la ley. 
 
Dentro de los organismos oficiales y jurisdicciones que solicitaron inmuebles o terrenos se encuentran el Banco Central, la Ciudad de Buenos Aires para relocalizar vecinos del Barrio 31, la Municipalidad de San Miguel y el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires para el complejo judicial de Mercedes, entre otros.
 
Además, se rematarán tres inmuebles en la ciudad Paso de los Libres, Corrientes, que fueron decomisados por la Unidad de Información Financiera. Estos son: la estancia "El haragán"ubicado en el km. 461,7 Ruta Nacional 14 (14 hectáreas); el motel alojamiento "Momentos", ubicado en el km 7,5 Ruta Nacional 117 (superficie de 1050,00 m2) y la Whiskería Roxi, ubicado en la Ruta Nacional 117 km. 8 (superficie de 1085,80 m2).
 
La Justicia Federal de Corrientes aseguró que la compra de estos tres inmuebles se realizó con fondos ilícitos, y la causa comenzó en 2011 y obtuvo sentencia firme en 2013. Desde ese momento, no se definió un destino concreto para los inmuebles y comenzaron a deteriorarse.
 

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