EL PROYECTO RUMBO AL RECINTO

Hay dictámen: Jubilados financiarán a la corporación política

¿Podrá implementarse el ajuste que ambiciona la corporación política? ¿Será que no es inconstitucional un proyecto que aplica un cambio retroactivo? Es obvio que todo terminará en la Justicia. ¿Qué hará la Corte Suprema de Justicia de la Nación con los jubilados que no gozan del privilegio de Ricardo Lorenzetti & Socios, que cuando se jubilan cobra el 100% del salario activo, sin impuestos y sin haber hecho nunca aporte alguno? El proyecto oficial consiste en que el sistema previsional argentino resulte el factor de ajuste para que Nación consiga más dinero, también Provincia de Buenos Aires y sin afectar lo que reciben las otras provincias. Por ese motivo fue tan sencillo aprobarlo en el Senado: los jubilados y pensionados financiarán intereses adicionales de la corporación política.

En la tarde de este martes 12/12 se firmó un dictamen en relación a la reforma previsional que busca, entre otros puntos, cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria. Durante el tratamiento en comisión, se produjeron golpes e insultos de jubilados y gremialistas que irrumpieron al momento de la defensa de los funcionarios de Cambiemos.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jorge Triaca; y su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, defendieron el proyecto en la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, que emitió dictámen favorable a la iniciativa oficial.

Todo ocurrió en un ambiente muy tenso, que comenzó cuando los gremialistas de Suteba (docentes bonaerenses), Roberto Baradel; de la Bancaria, Sergio Palazzo; y de Ctera (docentes nacionales), Sonia Alesso, quisieron ingresar al recinto para participar de la reunión (“esto perjudica tanto a los trabajadores activos cuando se retiren como a jubilados, que sufrirían una reducción del 12% en sus haberes a partir de marzo del año que viene”, dijeron). Ante el impedimento formal, a los gritos, insultaron y cuestionaron a los oficialistas.

Carlos Ortega, secretario general del Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el personal de la Industria (SECASFPI), dijo: “Se está hablando mucho de movilidad, de sustentabilidad, pero con esta ley estamos quebrando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que fue el reaseguro de miles de fuentes de trabajo durante más de 8 años” (...) "es una gigantesca mentira plantear que la reforma va a mejorar la sustentabilidad del sistema previsional”.

Complicada reunión inaugural de comisión para el macrista peronista Eduardo Amadeo, quien momentos antes reemplazó a la massista Mirta Tundis, quien se opone al proyecto gubernamental y por ese motivo fue desplazada.

Fuera del anexo del Congreso, un grupo de jubilados se manifestaba contra la reforma. Hacia el final de la reunión se hicieron presentes efectivos de la Policía Federal.

El punto más destacado de la reforma -y para muchos polémico- tiene que ver con el cambio de fórmula de movilidad, que alcanza a más de 17 millones de personas, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, beneficiarios de asignaciones familiares y AUH (Asignación Universal por Hijo). En concreto, en lugar del ajuste semestral, en base 50% a la evolución de los salarios y 50% de la recaudación, se usará el 70% de inflación y 30% de suba de los salarios formales. Asimismo, en lugar del aumento semestral, se aplicará por trimestre.

En lo inmediato, esto significa que en marzo de 2018 en lugar de otorgarse el aumento semestral de julio-diciembre, que ronda un 12%, se otorgará el aumento de la nueva fórmula de julio a septiembre de 2016, que arroja un 5,7%.

Aquí el punto más polémico de la reforma ya que implica una merma en los haberes y un retraso de hasta 6 meses en el ajuste de los beneficios. Por otro lado, para 2018 se calcula un “ahorro” para el Estado de casi $ 100.000 millones. Es el botín a distribuirse entre la corporación política: Nación y gobernadores.

Con la fórmula hoy vigente, a un haber medio de $ 10.000 le correspondería un aumento aproximadamente de $ 1.200 en marzo de 2018.

En cambio, con el proyecto oficial, el aumento sería de $570. La quita de $630 sobre $ 1.200 es del 52,5%.

Por estos motivos, por aplicar un retroactivo que implica, además, una merma en los beneficios, abogados constitucionalistas sostienen que el cambio es “inconstitucional”. En definitiva se modifica tanto el período como los índices de ajuste en forma retroactiva y se agrega un retraso de 5 meses.

Por otro lado, respecto a la garantía del 82%, será sobre el salario mínimo, vital y móvil y se aplicará a quienes al momento de la jubilación hayan reunido 30 años de aportes efectivos. Actualmente esa relación es del 81,8%, por cuanto el haber mínimo es de $ 7.246 y el salario mínimo de $ 8.860.

En concreto, cada vez que aumente el salario mínimo, si la jubilación mínima es inferior al 82%, ANSeS ajustará los haberes de los alcanzados por esta garantía.

De este punto quedan excluidos los que se jubilaron por moratoria y a quienes no les correspondió el beneficio de la PBU ( Prestación Básica Universal). También quedan fuera de esta garantía las jubilaciones por invalidez de trabajadores que estaban activos y las pensiones por fallecimiento del trabajadores que estaban en actividad que no se calculan en base a la PBU. También los que se jubilaron con más de 65 años, compensando años de aportes.

Otra cuestión es la jubilación opcional después de los 70 años. Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado podrán optar por jubilarse a esa edad, y recién entonces los empleadores podrán intimarlos a que inicien el trámite del retiro jubilatorio. Los estatales quedan excluidos.

Para las mujeres, que hoy tienen la opción de jubilarse a partir de los 60, con 30 años de aportes, pasaría a ser obligatorio a los 65. Si se aprueba el proyecto, podrán jubilarse entre los 60 y 70. Y los varones la opción rige entre los 65 y los 70 años. Actualmente, la intimación del empleador sólo puede concretarse si el trabajador reúne dos requisitos: tener como mínimo 65 años y al menos 30 años de aportes.

Días atrás, la controversia por el cambio en la movilidad jubilatoria y la reducción de los haberes para jubilados pasó al plano político. Fue Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica y cofundadora de la alianza de gobierno quien mostró su rechazo a esta cuestión.

Sin embargo, Carrió y Mario Negri, jefe del bloque radical si la Cámara Baja, aceptaron el proyecto de la reforma jubilatoria que obtuvo media sanción en el Senado y que avanza a Diputados.

La legisladora había puesto reparos en la modificación de la fórmula de ajuste, pero luego de una reunión en Casa Rosada con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, confirmó su apoyo y la iniciativa continúa sin cambios en su ruta hacia Diputados.

Así, la coalición oficialista manifestó la necesidad de aplicar la reforma al afirmar que el "sistema actual es insostenible" y resaltó que en 2018 los haberes aumentarán "5 puntos porcentuales más que la inflación proyectada", en un comunicado firmado por Carrió, Negri y el diputado del PRO Nicolás Massot.

Por otra parte, el documentó ratificó el compromiso del proyecto de garantizar el 82% del salario mínimo a los jubilados que hayan hecho sus aportes. "Esto significará un aumento extra de más de 500 pesos mensuales a partir de enero para 1.200.000 jubilados y pensionados, profundizando el carácter solidario del sistema", señaló.

Finalmente, los diputados remarcaron la posibilidad que prevé la iniciativa de que los trabajadores puedan extender su jubilación hasta que cumplan 70 años.

La nueva Cámara de Diputados, que votará en el recinto, tiene la siguiente integración:

> Interbloque Cambiemos (107 diputados)
Unión Pro (53 diputados)
UCR (40 diputados)
Coalición Cívica/ARI (10 diputados)

Del Bicentenario (1 diputado)
Beatriz Luisa Avila.

Frente Civico y Social (1 diputado)
Eduardo Brizuela del Moral.

Partido FE (1 diputado)
Pablo Ansaloni.

Salta Somos Todos (1 diputado)
Alfredo Olmedo.

> Frente para la Victoria-PJ (65 diputados)

> Interbloque Justicialista (35 diputados)
Justicialista (19 diputados)
Córdoba Federal (4 diputados)
Frente de la Concordia Misionero (5 diputados)
Frente Justicialista por Tucumán (4 diputados)

Todos Juntos por San Juan (1 diputado)
Walberto Allende

Somos San Juan (1 diputada)
María Florencia Peñaloza Marianetti

Partido Bloquista (1 diputada)
Graciela María Caselles.

> Federal Unidos por una Nueva Argentina (17 diputados)

> Frente Cívico por Santiago (6 diputados)

> Peronismo para la Victoria (4 diputados)

> Interbloque Socialdemócrata (4 diputados)

> Evolución Radical (3 diputados)
Martín Lousteau, Carla Carrizo y Teresita Villavicencio.
Partido Intransigente (1 diputado)
José Luis Ramón.

> Compromiso Federal (4 diputados)
Karim Alume, Ivana María Bianchi, Victoria Rosso y Andrés Alberto Vallone*.

> Frente de Izquierda y de los Trabajadores (1 diputada)
Romina Del Plá

> PTS y Frente de Izquierda (2 diputados)
Nicolás Del Caño, y Nathalia Inés González Seligra.

> Trabajo y Dignidad (1 diputada)
Rosa Rosario Muñoz.

> Chubut Somos Todos (1 diputado)
Jorge Taboada.

> Concertación Forja (1 diputado)
Juan Manuel Pereyra.

> Nuevo Espacio Santafesino (1 diputada)
Alejandra Rodenas.

> Libres del Sur (1 diputada)
Victoria Analía Donda Pérez.

> Partido Socialista (1 diputado)
Luis Contigiani.

> Movimiento Popular Neuquino (1 diputada)
Alma “Chani” Sapag.

> Primero Argentina (1 diputado)
Alejandro Ramos.

> Córdoba Trabajo y Producción (1 diputada)
Adriana Mónica Nazario.

> Somos Mendoza (1 diputado)
Omar Félix.

> Bloque a confirmar (1 diputado)
Gustavo Saadi.

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