LA POLÉMICA

Una vez más el debate sobre el aborto

La cuestión del aborto se plantea mal, primero porque se lo presenta como derecho y segundo porque se pretende también la gratuidad. Habría una tercera cuestión que es la libertad de conciencia de los profesionales de la medicina, llámense médicos, parteras o farmacéuticos como lo hace el Código Penal.

Abortar es una decisión personalísima de la mujer o de la pareja que en nuestro derecho significa interrumpir un proceso de concepción.

No creo que la decisión de “abortar” deba reprimirse por el estado porque se trata de una decisión privada que para los creyentes quedaría reservada al juicio de Dios.

En los EEUU, la Corte Suprema en el caso “Roe vs.Wade” resolvió que la Constitución protege el derecho de la mujer a hacerse un aborto pero, posteriormente, también resolvió que el Estado no tiene porqué motivo hacerse cargo de los abortos no terapéuticos.

En realidad lo que dijo la Corte con sentido muy práctico, muy anglosajón es que el aborto es una decisión personalísima y el Estado no debe interferir, porque haciéndolo, estaría restringiendo el ejercicio de la libertad. Pero también dejó en claro que al ser una decisión personal, el estado no tiene que financiarla.

Para nosotros la decisión de abortar estaría protegida por el art. 19 de la Constitución ya que no podría afirmarse con seriedad que es una decisión que afecta al orden o la moral pública, concepto además imposible de definirlo en estas épocas liquidas.

Yo lo enfocaría desde otro punto de vista y es que en una sociedad que tiene entre indigentes y pobres a un 30% de la población y que es en esos sectores donde predominan los llamados “abortos no seguros” por diversas causas pero las más importantes tienen que ver con falta de educación y falta de recursos económicos, el estado no puede mirar para otro lado.

En mi opinión debería derogarse la penalización de las prácticas médicas abortivas e incrementarse las penas para quienes causen abortos careciendo de la habilitación profesional pertinente.

El Estado debería tener políticas sociales para las mujeres y parejas que piensen que su única alternativa por el embarazo no deseado es el aborto.

Mientras en Argentina existan estos agraviantes índices de pobreza e indigencia, pienso que el Estado debe ofrecer alternativas médicas para ese sector de la población, para como mal menor, preservar la vida de la mujer.

Si bien comparto lo resuelto por la Corte de Justicia estadounidense en cuanto a que el Estado no debe financiar los abortos no terapéuticos, en nuestro caso y hasta tanto mejore la situación social, el Estado debe ofrecer las debidas prestaciones médicas, respetando la libertad de conciencia de los profesionales idóneos para tal fin.

Dejá tu comentario