LO DENUNCIÓ

Cimadevilla: "Garavano fue quien pidió absolver a los fiscales de la causa AMIA"

El titular de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA, el radical Mario Cimadevilla, denunció al ministro Germán Garavano por ordenar a la querella del Estado cambiar el alegato a último momento y pedir el sobreseimiento de 2 de los acusados. Hace 2 semanas Cimadevilla había realizado una denuncia pública en los mismoS términos durante una entrevista con Fm Tiempo Trelew y diario Jornada. Caber recordar que en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA están siendo juzgados entre otros el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.

El atentado a la AMIA fue un ataque terrorista con coche bomba5​ que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires el lunes 18/07/94. Se trató de uno de los mayores ataques terroristas ocurridos en Argentina, con un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas, y el mayor ataque sufrido por judíos desde la Segunda Guerra Mundial. La comunidad judeoargentina con casi 300.000 personas, de las cuales más del 80 % vive en Buenos Aires, es la más numerosa de América Latina y la 6ta mayor del mundo.

En 2001 se inició un juicio oral contra 22 acusados de ser la conexión local y haber facilitado la camioneta con explosivos, entre ellos el ex comisario de la Policía Bonaerense Juan José Ribelli y Carlos Telleldín.​ El juicio contó la presencia de un observador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Memoria Activa cuestionó la investigación y al juez Galeano y APEMIA rechazó el juicio oral al considerarlo una maniobra de encubrimiento por parte del Estado argentino.

En 2003, después de 9 años de investigación, la justicia argentina, acusó formalmente al gobierno iraní de planificar el atentado y al Hezbolá de ejecutarlo, imputando a 8 funcionarios iraníes y un ciudadano libanés, contra los que ordenó alertas rojas de captura de la Interpol que fueron aprobadas, de ser los autores.​ Según la investigación del juez Galeano, Argentina fue elegida como blanco del ataque tras la decisión del gobierno argentino de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán.

En septiembre de 2003, uno de los imputados iraníes, el ex embajador Hadi Soleimanpour, fue detenido en Londres, pero el Reino Unido rechazó su extradición a la Argentina y lo liberó. Irán, como respuesta, ordenó la captura de cinco ciudadanos argentinos, Carlos Corach (Ministro del Interior), Rubén Beraja (dirigente de DAIA), Juan José Galeano (juez), Eamon Mullen y José Barbaccia (fiscales).​

En diciembre de 2003 el Juez Galeano fue apartado de la causa.

El 2/09/2004 el tribunal dictó sentencia absolviendo a todos los acusados del juicio oral.​ También ordenó investigar a Carlos Telleldín, acusado de cobrar una recompensa de US$400.000 para involucrar a los policías bonaerenses. Telledín permaneció encarcelado. También ordenó investigar las irregularidades de algunos funcionarios y dirigentes, entre ellos el expresidente Carlos Menem, el ex ministro del interior, Carlos Corach, el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, el juez Juan José Galeano, por haber habilitado el pago a Telleldín, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Rubén Beraja, y el comisario Jorge "Fino" Palacios.

El 13/10/04 se creó una fiscalía especial para el caso AMIA, a cargo de la cual quedó designado Alberto Nisman, la llamada Unidad Fiscal AMIA.

Luego se inició una nueva causa por encubrimiento contra los funcionarios que se había ordenado investigar. En noviembre de 2005 fue separado el Juez Claudio Bonadío de este juicio, acusado de falta de imparcialidad, y fue reemplazado por el Juez Ariel Lijo. 

En 2006 el nuevo fiscal designado en 1997,​ Alberto Nisman, luego de reexaminar toda la causa y cruzar cerca de 300 millones de llamados telefónicos, aseguró tener nuevas pruebas.

Entonces el nuevo juez de la causa por el atentado, Rodolfo Canicoba Corral, quien reemplazaba al Juez Galeano, volvió a ordenar la captura de los ocho ex funcionarios iraníes y un miembro operativo libanés del Hezbolá acusados por la fiscalía.

El 7/11/07, Interpol ratificó las decisiones de la justicia argentina, y ordenó la emisión de circulares rojas para capturar a Mugniyah y cinco de los fugitivos iraníes, y llevarlos ante la justicia.​

Desde entonces, el gobierno argentino ha requerido a Irán la extradición de sus ciudadanos acusados por el ataque para ser juzgados por un tribunal argentino o extranjero, pero Irán se ha negado a acatar la orden de la justicia argentina.

El lunes 19/01/15 Alberto Nisman, debía presentarse ante el Congreso Nacional para presentar las supuestas evidencias, entre las que se encontraban escuchas telefónicas, pero el mismo día, a 1ras horas de la madrugada, apareció muerto de un tiro calibre 22. Las hipótesis que se evalúan son suicidio, suicidio inducido o asesinato.​ La muerte del fiscal Nisman generó manifestaciones multitudinarias en todo el país.

El 6/10/15 se inició el segundo juicio, encubrimiento y complicidad local en el atentado, contra trece ciudadanos argentinos, entre ellos el expresidente Carlos Menem, el ex juez de la causa AMIA Juan José Galeano, 2 de los fiscales actuantes Eamon Mullen y José Barbaccia, el expresidente de la Delegación de Asociaciones Isrealitas Argentinas (DAIA) Rubén Beraja, el ex jefe del servicio de inteligencia Hugo Anzorreguy y el ex comisario de la Policía Federal Jorge "Fino" Palacios.

En mayo de 2016 la Cámara separó al juez Ariel Lijo de la causa por encubrimiento, haciendo lugar al reclamo de Memoria Activa, luego de que el juez sobreseyera a varios sospechosos. En agosto de 2016, 22 años después del atentado, se identificó a la última víctima del atentado.

En marzo de 2017 renunciaron los abogados del gobierno en el segundo juicio oral, denunciando presiones del ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano para limitar su accionar en el proceso.​ Ante los hechos, la asociación de víctimas del atentado Memoria Activa, publicó una carta abierta al presidente Macri sosteniendo que "lo que se busca desde el gobierno es encubrir a los encubridores que están siendo juzgados, desde agosto de 2015".​ En febrero de 2018 el gobierno argentino dejó caer la acusación contra los exfiscales Mullen y Barbaccia y pidió penas menores para los acusados, a través de una decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a cargo de Germán Garavano, llevada adelante mediante el alegato realizado por el abogado José Console en nombre del gobierno, acto que fue criticado como "amiguismo" y "encubrimiento" por la diputada Elisa Carrió.​ Pocos días después el tribunal dispuso apartar de la causa al abogado del gobierno Console, por estar inhabilitado por incompatibilidad de funciones, aunque consideró válido el cuestionado alegato realizado por el abogado excluido.​

Para Mario Cimadevilla, "la intención del ministro Garavano siempre fue tener el control absoluto de la querella de la Unidad Especial de Investigación", según establece la presentación judicial.

El titular de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA, ex senador radical Mario Cimadevilla denunció este jueves 22/03 al ministro de Justicia Germán Garavano, por graves delitos relacionados con la actuación del Estado en el juicio por encubrimiento del atentado en el que son juzgados entre otros el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.

Luego de denunciar públicamente que Garavano encubre la causa AMIA por "amiguismo" hacia los ex fiscales, Cimadevilla hizo una dura presentación judicial en tribunales por los delitos de encubrimiento, cohecho, abuso de autoridad, y violación de deberes de funcionario público.
 
La denuncia ante la "extrema gravedad institucional de la situación" se hizo no solo contra Garavano, sino contra el secretario de Justicia Santiago Otamendi, el ex jefe de gabinete del ministerio, Esteban Conte Grand, y otros funcionarios de la cartera.
 
Además, Cimadevilla denunció "amiguismo" por parte del funcionario hacia los exfiscales. "El ministro Garavano fue el que pidió absolver a los fiscales de la causa AMIA", sentenció en declaraciones radiales.  "Violentó compromisos asumidos por la República Argentina en el orden internacional y por ende comprometió la responsabilidad internacional del Estado Nacional", consideró el exdiputado. 
 
Por sorteo, la denuncia que fue realizada ante la Cámara, recayó en el juzgado a cargo de Julián Ercolini.
 
El ex senador recordó que el abogado actuante por la querella del Estado Nacional, Jose Console, designado recientemente por el ministro Garavano, solicitó en los alegatos del juicio la absolución de los fiscales Mullen y Barbaccia, lo que fue duramente criticado por Cimadevilla y Memoria Activa.
 
El alegato de la Unidad que conduce Cimadevilla estaba previsto para el 1/02 con todo listo para que lo hiciera el abogado Enrique Ventos. Pero un día antes el secretario de Justicia Santiago Otamendi, invocando instrucciones de Garavano, ordenó reemplazarlo por Console.
 
El día anterior al alegato de la querella del Estado, Garavano ordenó cambiar al abogado. Se iba a acusar a los ex fiscales y de la noche a la mañana se pidió su absolución.
 
"Garavano fue quien pidió absolver a los fiscales de la causa AMIA", acusó Cimadevilla, al considerar que el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos busca "entorpecer la causa" del encubrimiento al atentado a la AMIA que ya está en su etapa final.
 
Para Cimadevilla, "la intención del ministro Garavano siempre fue tener el control absoluto de la querella de la Unidad Especial de Investigación", según dice la presentación realizada este jueves 22/03.
 
Cimadevilla recordó que antes del alegato, todo estaba previsto para que se acusara a los ex fiscales por peculado, coacción y privación ilegal de la libertad.
 
Para Cimadevilla, Garavano violentó compromisos asumidos por la República Argentina en el orden internacional y por ende comprometió la responsabilidad internacional del Estado Nacional”.  
 
ESCRITO PRESENTADO POR CIMADEVILLA
 

“Vengo (…) a poner en conocimiento de la autoridad judicial algunas circunstancias vinculadas a la actuación de distintos funcionarios y/o agentes de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA a mi cargo (...) y del Ministerio de Justicia” en relación a la querella del Estado nacional en la causa por encubrimiento del ataque a la mutual judía, arranca el escrito presentado por Cimadevilla y que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10, a cargo de Julián Ercolini.

“Los letrados de algunas querellas (como Memoria Activa) señalaron la posible comisión de delitos de acción pública por la posición asumida por el Ministerio de Justicia en relación a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia”, indica el radical, que libró una pelea con Garavano una vez que José Console, designado por el ministro, pidiera en la audiencia del juicio oral del 1° de febrero la absolución de los ex fiscales federales.

“La extrema gravedad institucional de la situación planteada me impone la obligación de poner en conocimiento de las autoridades judiciales, en orden a la posible comisión de delitos (…) la secuencia de hechos que concluyeron con el dictado de la Resolución MJ No. 51 y la nómina de las personas que se han visto involucradas en esta saga”, agrega Cimadevilla en la denuncia, y además de Garavano y Console señala a Santiago Otamendi (secretario de Justicia), Esteban Conte Grand (ex jefe de Gabinete), Ricardo Martín Casares (actual jefe de Gabinete), los asesores Martín Gershanik, Manuel Izura y Leonardo De Martini, Miguel Angel Inchausti (letrado del ministerio en la Unidad Especial AMIA), Damián Crespon (Director General de Asuntos Jurídicos y Luis Ortea, letrado de la cartera.

“No denuncié a nadie, relaté los hechos como sucedieron. Si del relato surgen delitos a juicio de la Justicia, que los investiguen”, dijo el ex senador radical por Chubut a Clarín. Antes, en FM La Patriada, había sido más fuerte contra Garavano: “Encubre la causa AMIA por amiguismo. Se investiga la responsabilidad penal que tuvieron quienes investigaron el atentado, por haber desviado o plantado pruebas. Busca entorpecer la causa”.

Elisa carrió, líder de la Coalición Cívica y socia estratégica de Mauricio Macri, había salido en apoyo de Cimadevilla cuando rechazó el cambio de estrategia de Garavano en el juicio por la AMIA.

En la denuncia, el ex funcionario menciona la renuncia a la Unidad Especial que por dicho motivo presentó una abogada vinculada a la diputada, Mariana Stilman. Incluso, Carrió anticipó que acompañaría a familiares de víctimas del atentado a presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el la actitud del Estado de negarse a acusar a los ex fiscales.

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