CRÓNICAS DE 2019

El 'caso Zannini' en la CSJN, oportunidad para debatir la 'Doctrina Irurzun'

Si los códigos y leyes vigentes no eran suficientes para derrotar al terrorismo, era indefendible el Estado que reivindicaban los militares. El mismo concepto rige en los días de la Administración Macri: si los códigos y leyes vigentes no son suficientes para juzgar y condenar aquello que se acuse de ilícito, es perverso inventar mecanismos artificiales para conseguir fuera del Derecho lo que no se puede condenar dentro del Derecho. Prueba del exceso enorme es la llamada 'Doctrina Irurzun', una concesión a la Casa Rosada del presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, quien decidió endurecer las condiciones para liberar a acusados de corrupción. La Corte Suprema de Justicia de la Nación inició el estudio de esa construcción polémica, y habrá que ver si la amistad con Ricardo Lorenzetti le resulta suficiente al hermano de Ignacio Irurzun.

Los recursos de Carlos Zannini han ingresado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el expediente se aprestar a girar entre los 5 magistrados.

El ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación considera que no hay motivo para permanecer en prisión hasta el juicio oral y público, tal como sí lo ordenaron los camaristas Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia, invocando la llamada 'Doctrina Irurzun'.

Desde el 07/12/2017, Zannini se encuentra detenido en el Módulo 6 del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, y según le manifestó al canal CNN, "[Me siento] objeto de una gran injusticia y de una ilegalidad (...) Permanezco detenido porque soy Carlos Zannini, eso no es derecho; era más legal mi detención en la dictadura que en este momento".

En verdad, Zannini se encuentra detenido porque en la Cámara de Apelaciones del fuero criminal y correccional federal se encuentra vigente lo que muchos consideran es una concesión del camarista Martín Irurzun al Ejecutivo Nacional, acerca de la que deberá pronunciarse la Corte Suprema.

En otra curiosidad del caso, Irurzun, el hermano del polémico Ignacio, es de la confianza del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, pero ya se sabe que hoy día eso nada garantiza en la CSJN. No se trata de los otros 4 magistrados de la Corte sino del propio Lorenzetti. ¿O acaso él no había negociado con el ministro Germán Garavano, la instalación del Tribunal Oral Federal 9? (la caída del TOF 9 fue votada 3 a 2, y ese 3er. voto fue el de Lorenzetti).

Irurzun es el director del área de la Corte Suprema a cargo de las escuchas telefónicas, y devino ahora en gran adversario del Mundo K. Desde la Sala II de la Cámara Federal, Irurzun -y Leopoldo Bruglia-, revisaron el fallo del juez Luis Rodríguez, quien había denegado el pedido del fiscal Carlos Stornelli para detener a Julio De Vido en el caso del supuesto fraude por la mina de carbón de Río Turbio (Santa Cruz).

Irurzun estableció en ese fallo nuevas pautas para detener a los funcionarios acusados de corrupción. Según Irurzun, no sólo se debe analizar si hay arraigo del acusado para decidir si existe riesgo de fuga o de entorpecimiento. Se debe considerar un "escenario formado por conductas que involucrarían serias irregularidades en el manejo de los fondos públicos por parte de funcionarios de distintas áreas del Estado y que, se presume, han tenido un desarrollo temporal extenso, lo que implica, a su vez, que se ha contado con las complicidades necesarias para garantizar su sostenido éxito".

Así, él estableció nuevas pautas para decidir la libertad: la complejidad de las maniobras, su magnitud, las concretas posibilidades de fuga y de entorpecimiento derivadas de los frentes judiciales abiertos en diversos expedientes, las relaciones personales, laborales o políticas de los acusados mediante las cuales mantienen posibilidad de influir en las investigaciones, ya sea ocultando o alterando documentos o restringiendo la información que la Justicia les pide a los organismos públicos. También hay que considerar si el caso involucra sumas millonarias que no se sabe dónde están y si la actividad de los acusados sólo es posible con una complicidad funcional extendida en el tiempo. Por lo que las posibilidades de entorpecimiento incluyen su capacidad de influencia.

La 'Doctrina Irurzun' puso al límite la discrecionalidad judicial al afirmar: "No corresponde limitar el análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal, (...) sino que resulta relevante determinar si los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal".

Por motivos diversos, todos coyunturales, en los tribunales de Comodoro Py creció la adhesión a la 'Doctrina Irurzun', aún cuando ésta resulte reñida con el Derecho convencional: sí es políticamente correcta en los días de la Administración Macri.

Pero ahora Carlos Zannini llega a la CSJN para que se pronuncie acerca de su libertad, denegada por aplicación de la 'Doctrina Irurzun'.

Sin embargo, mientras Zannini está preso, se encuntra con tobillera electrónica, en su domicilio, el mayor acusado de narcolavado en la Argentina. Irurzun no tiene respuesta para esto.

Poco más de 4 meses y medio de haber sido detenido por integrar la red de lavado de dinero proveniente del narcotraficante colombiano José Piedrahita Ceballos, Mateo Corvo Dolcet vive en el barrio Ayres de Pilar, por decidión del juez federal de Morón, Néstor Barral.

La enormidad de este magistrado es llamativa: aceptó la solicitud tras el pago de una fianza de $ 10 millones a cambio del uso de una tobillera electrónica con un radio de 100 kilómetros alrededor de su domicilio, al que deberá volver antes de cumplirse las 24 horas de haberse alejado en primera instancia, y la entrega de su pasaporte.

Dejá tu comentario