Hay un conflicto en la Justicia por la forma de designar a los integrantes de las cámaras. Todo estalló la semana pasada cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) emitió la Acordada N° 4 por la cual invalidó al Tribunal Oral Federal N° 9 (TOF) que debía juzgar a Cristina Kirchner. Además, en esa resolución ordenó volver a sortear un nuevo juzgado para todas las causas que tenía en sus manos ese tribunal, entre las que se incluye la del memorándum de entendimiento con Irán. La novedad significa un alivio para la expresidenta y actual senadora nacional, ya que se empezaba a conformar una megacausa de corrupción en su contra.
ACORDADA 4
La Corte apuntó a la Sala que liberó a Cristóbal para evitar un bochorno
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de indicarle al Consejo de la Magistratura que investigue si existió "alguna irregularidad” en la conformación de la sala que liberó a Cristóbal López pareció, al principio, un gesto hacia el Gobierno tras la acordada que inhabilitó al Tribunal Oral N° 9 que debía juzgar a Cristina Kirchner. La preocupación de la Corte no es por las razones de la liberación del empresario, sino porque dejaban en evidencia que la acordada quedaba en letra muerta y al máximo tribunal en ridículo.
La acordada fue firmada por Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda (Highton de Nolasco y Rosenkranz lo hicieron en disidencia parcial), y exhorta "enfáticamente" a la Cámara Federal de Casación Penal a que "en lo sucesivo, se abstenga de realizar actos que excedan su ámbito de competencia, en especial aquellos que puedan afectar la debida prestación del servicio de justicia como, en el caso, sortear causas a tribunales que no cuenten con la previa habilitación de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación".
El Tribunal Oral Criminal 9 está compuesto por los jueces Alejandro Nocetti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra, que integraban el fuero ordinario hasta fines de 2016, cuando fueron convertidos al fuero federal por iniciativa de la gestión Macri.
Tras esa acordada que molestó al Gobierno, se produjo la liberación de Cristóbal López, y la Sala I de la Cámara Federal quedó en el foco de atención por la decisión y por los antecedentes de sus integrantes.
La Corte detectó el peligro: sondear en esa integración dejaría en evidencia que su acordada sobre el TOF 9 quedaba en letra muerta. Fue por eso que le pidió al Consejo de la Magistratura investigar cómo se conformó la sala que liberó a López y le remarcaron en el oficio al presidente del cuerpo que investigue si existió "alguna irregularidad en esa conformación".
La resolución se conoció un día después de que la diputada nacional Elisa Carrió (Cambiemos) solicitara que el Consejo de la Magistratura investigue si hubo "intereses económicos involucrados" en el fallo que devolvió la libertad a los dueños del Grupo Indalo.
En ambos casos se trata de decisiones judiciales vinculadas a la causa contra López y su socio Fabián de Sousa por la supuesta retención indebida del impuesto a la transferencia de los combustibles por unos 8.000 millones de pesos.
La orden de la Corte fue emitida a través de una oficio dirigido al presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, para que investigue como se conformó el tribunal que dispuso la liberación de López y su socio.
El oficio de la Corte fue firmado por el titular del máximo tribunal, Ricardo Luis Lorenzetti, y por el resto de los jueces que la integran.
Los cinco jueces le ordenaron a Piedecasas que "arbitre los medios que tiene a su alcance a los efectos de iniciar una investigación acerca del procedimiento de integración de los magistrados de la Sala I" de la Cámara Federal porteña.
La sala de la Cámara Federal que intervino en el caso (Sala I) fue la que integran Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, quienes debieron convocar a un tercer juez para desempatar porque no se habían puesto de acuerdo en distintos aspectos del fallo.
El problema que le surgió a la Corte con el caso del TOF 9 y la sala que liberó a López es que en la Acordada N° 4 advirtió que "si bien ambos tribunales (TOF 9 y 7) orales en lo criminal federal fueron creados por la misma ley (27.307) la composición de los mismos variaba. En el caso del TOF 9 TOF todos los miembros indicados por la Resolución del Consejo de la Magistratura carecen de designación específica para ser juez federal".
Es decir, la Corte no consideraba que esos magistrados habían sido nombrados como fija la Constitución.
Ante esto, el Gobierno y el peronismo en el Senado decidieron avanzar en un proyecto de ley para destrabar el conflicto con los TOF y ajustarlo a lo que expresó la Corte.