NECESARIO PERO POLÉMICO

Quieren legalizar un protocolo para desalojos forzosos en la 31

Un protocolo para desalojos forzosos en la villa 31 (futuro Barrio 31) es una iniciativa tiene que ver con la relocalización de familias de la villa 31 que no quieren dejar sus viviendas por aquellas que les construyó el gobierno porteño, en el marco de su urbanización. Este año hubo algunos desalojos que terminaron en incidentes.

Hacia fines de febrero, la Policía de la Ciudad desalojó a una vecina de la villa 31 con palazos, gas pimienta y mazazos en las paredes. El motivo fue que la mujer no quería ser relocalizada a la nueva vivienda que el Gobierno de la Ciudad le construyó, en el marco del plan de urbanización que realiza en el asentamiento de Retiro.

El operativo no fue con orden judicial, sino por un decreto (61/2018) de Horacio Rodríguez Larreta, con la explicación de que la vivienda estaba bajo riesgo de derrumbe. Pero la mujer adujo que la casa a estrenar estaba en peores condiciones que la que dejaba.

La Secretaria de Integración Social y Urbana del GCBA tiene que lidiar con situaciones así desde que se hizo cargo del proyecto en el "barrio 31", como le gusta decir al larretismo. Hasta mediados de este año están previstas otras 80 relocalizaciones y parece que el gobierno no quiere pasar más por estas situaciones. Por eso buscan conformar un protocolo para "legalizar" desalojos forzosos.

El documento en cuestión, al que accedió este medio, busca establecer un protocolo para la "relocalización involuntaria de poblaciones" a aplicar de manera "sistemática, compulsiva y traumática", tal se define en dicho texto.

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El protocolo

 

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El problema es que por ley (la 3.343) ningún desalojo puede ser involuntario, forzoso o sin consentimiento. Además, las fuerzas de seguridad solo pueden ingresar a un domicilio con una orden judicial, en el marco de una investigación.

Pero el protocolo oficial fija que la "relocalización involuntaria compulsiva", tal como la definen, se efectuará sin el consentimiento de la familia en cuestión. Sólo se habla de participación de las personas afectadas y de acceso a la información a través de "mesas de trabajo de relocalización".

"Allí las familias podrán meramente opinar e informarse de cómo será su desalojo forzoso. No hay real participación si la familia no tiene el derecho a que el GCBA no la desalojará o "relocalizará involuntariamente" sin su consentimiento", explican desde el Observatorio del Derecho, al tanto de iniciativa oficial.

Por otro lado, el protocolo que sería establecido mediante una resolución de la Secretaría de Integración Social y Urbana, nunca hace mención a que el GCBA no puede obligar a las familias a relocalizarse en respuestas habitacionales con las cuales no estén de acuerdo. Tampoco exige el consentimiento de las familias que si aceptaron ser relocalizadas respecto a la solución habitacional definitiva que recibirán.

Los casos en los que se relocalizará involuntariamente serán, por ejemplo cuando haya sectores emplazados en zonas de riesgo (bajo autopista, cercanía a las vías del FFCC, en sectores con peligro de derrumbe). También en caso de construcciones precarias irrecuperables.

En las relocalizaciones hacia las viviendas recientemente construidas denominadas La Containera, el GCBA se encontró con fuertes resistencias por parte de las familias, que no estaban de acuerdo con aspectos nodales del diseño y los materiales de las viviendas.

Estos cambios implican que 118 familias tienen que mudarse: algunas ya lo hicieron, otras lo harán en las próximas semanas y en los próximos meses. El plan del gobierno porteño es que dejen el lugar que será urbanizado para habitar departamentos que comenzarán a pagar en cuanto tengan los títulos de propiedad.

Pero la urbanización y la relocalización de familias no es la única cuestión por la cual la Secretaría de Integración Social está en la mira. Al menos 60 personas fueron despedidas recientemente. Primero fueron 10 que, según fuentes del gobierno porteño, sus contratos no fueron renovados por mal desempeño. Luego fueron otras 50 que durante dos meses se negaron a trabajar, a modo de protesta, y corrieron con la misma suerte.

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