ESTADO ENDEUDADO POR FINANCISTAS Y COPADO POR CEOS

Asociar tarifas a déficit fiscal omite la faz oscura del gasto público

Con la polémica en torno de las tarifas sucede algo parecido a lo que pasó con el impuesto a las ganancias a fines de 2016: el debate se desenfocó, se politizó y enredó con sofismas. Ergo, salió el tiro por la culata a los promotores. Esta vez es peor, porque se instaló también dentro de la propia coalición gobernante, Cambiemos. Como lo mostró en su gestión en la Ciudad, el Pro se siente más cómodo cuando manda facturas e impuestos por debajo de la puerta, o sea cuando se trata de cobrar, que cuando le toca decir que no al que gasta, mucho más cuando es del palo. Mauricio Macri quiso dar golpes de efecto obligando a algunos funcionarios a desprender familiares de puestos públicos que les habían conseguido y restringiéndoles viáticos y pasajes a legisladores. Pero bastaría con darse una vuelta por los 21 ministerios y centenares de secretarías y subsecretarías que rebosan de amiguismos y sueldos de privilegio para advertir que lo que no se subsidia de servicios públicos, se subvenciona a “la política”. Y que lo que el Tesoro dejó de transferirles a las prestadoras de la energía lo destina a la factura de intereses de la deuda con que se financia el gran desaguisado fiscal y que, por todo concepto, se acerca a la mitad del PBI. El vicejefe Mario Quintana peco de la brutal honestidad declarativa que caracteriza al otro Ceo, Juan José Aranguren, cuando en Córdoba cruzó a los radicales y a Lilita Carrió enrostrándoles que los “socios” del gobierno conocían de antemano la política tarifaria que ahora critican. Que se imponía aumentar, sobre todo, en los casos de montos irrisorios que regían en el área metropolitana nadie discute, pero que había que pasar en dos años de ser las más bajas de la región a las más caras y que se recargarían casi con saña justo en los picos de consumo estacionales no tiene demasiada explicación, salvo que se aplique un valor al día de una oferta escasa para una fuerte demanda.

Si se le hiciera una prueba de idoneidad en función de sus logros, falencias y expertise a cada uno de los Ceos del sector privado que acompañan la gestión de medio término de Mauricio Macri, muy pocos saldrían aprobados. Inclusive algunos ya partieron antes.

Pese a estar en el ojo de la tormenta, una de esas excepciones sería el ministro de Energía Juan José Aranguren, quien cuando cambió la poltrona de la Shell por la actual conocía perfectamente la problemática con la que se encontraría.

Un alegato en su favor realizado por el periodista Pablo Fernández Blanco en La Nación lo pone en cifras: “El plan de Aranguren le permitió a Macri ahorrar casi $80.000 millones”, tituló lo que calificó como el mayor aporte de una de las 27 dependencias en que se divide el gobierno al objetivo de reducir el déficit fiscal: 38,8% menos en un año.

En el mismo matutino, el columnista político Carlos Pagni convalida indirectamente la que considera exitosa política del área energética oficial en cuanto a la atracción de capitales que vino ejerciendo, vinculándola al régimen de precios implementado, que si se alterase, advierte, desbarataría tales inversiones e implicaría “un fracaso de primera magnitud”. Hace hincapié, en ese sentido, en las licitaciones para generación eólica y fotovoltaica como el mayor triunfo de Macri en ese campo.

Sin embargo, la propuesta tarifaria que presentó el radicalismo desnuda la raíz de la controversia, más allá de la intencionalidad política que se atribuya a la beligerancia kirchnerista y con la que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, busca descalificar el debate: el descuido de las estacionalidades, un imprescindible enfoque ciudadano de medidas que impactan sobre el equilibrio doméstico en los hogares: anualizarlas primero y prorratearlas mensualmente después.

Algo parecido sucede con las inversiones en energías renovables y en la extracción de petróleo y gas con métodos no convencionales: el ministro Aranguren estableció un plan de estímulo que garantiza a las petroleras que inicien proyectos en el megayacimiento un precio mínimo de 7,50 dólares por millón de BTU (la unidad de medida internacional de gas), que más que duplica lo que se paga en el exterior por el fluido y supera en mucho el valor del gas convencional e incluso del no convencional que se comenzó a sacar en años anteriores. Y aún así esperan turno para ser aprobadas 17 propuestas de inversión por US$7.000 millones en no convencionales para los próximos 3 años en la parte neuquina de la cuenca.

En el caso de YPF, además de la mejora en los precios hubo una disminución en los costos de explotación por haberse flexibilizado los convenios laborales, y aún así el Ceo Miguel Gutiérrez admitió que desde 2016 la perforación de pozos horizontales cayó 28%.

Es que el precio (y la tarifa) resuelven sólo una parte del negocio: la de la extracción, pero cuando se saca de los pozos el gas y el crudo se requiere transformarlos, almacenarlos y transportarlos, lo cual demanda obras de infraestructura aún en veremos.

En el caso del petróleo no convencional, al ser más caro de extraer que el convencional,  para que a las compañías les resulte rentable invertir en Vaca Muerta necesitarían un precio internacional del petróleo más alto que el actual. El Consejo Federal de Inversiones (CFI) estimó que el rango de sostenibilidad para el petróleo shale de Vaca Muerta es de US$80/90 el barril, mientras actualmente, con un precio cercano a los US$65, se empezaron a reactivar varios proyectos, si bien aún se encuentra por debajo del barril criollo que le pagaba el kirchnerismo y subsidiaba la Tesorería.

Diferencial de valores con petroleras

El sinceramiento tarifario exige que sea el consumidor quien afronte el diferencial de valores con las petroleras y les deje margen para emprender obras de infraestructura, a través del PPP (programa público-privado) .

Sería pedirle demasiado a la tarifa que sea capaz de financiar la producción y al resto de la cadena de valor, pero aún así no habría modo de resolver el problema planteado a fines del año pasado por el ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro, cuando no sabía qué hacer con los 4 millones de metros cúbicos que quedaron estacionados en los gasoductos.

De nuevo la estacionalidad, que parece no figurar en la agenda cuando se elaboran las políticas, desnudó que no había dónde poner ni llevar todo el gas acumulado que no se llega a consumir en verano.

Así y todo, mirándola desde una perspectiva general, la producción de gas no convencional creció 78% en los últimos 3 años, de acuerdo con datos del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), que sin embargo destaca la importancia de acompañar este comportamiento con otro tipos de obras de infraestructura: por cada US$3 invertidos en el upstream (exploración y desarrollo) se requerirá la inversión de US$1 en el downstream (gasoductos y redes) del gas, indica.

En este sentido, calcula que en el período 2015-2035 se deberían invertir cerca de US$22 mil millones en obras para aumentar las redes, modernizar los sistemas de distribución, mejorar los gasoductos y demás infraestructura para completar el circuito que lleva la energía al usuario final.

El cuello de botella se revela con solo advertir que la evolución de los pozos de producción no convencional en Neuquén ha venido registrando un aumento muy fuerte desde 2011. Inclusive llegó en 2015 al pico más alto, tanto en producción como en metros perforados, para caer 22% en 2016 -según los últimos datos anuales disponibles- por primera vez desde 2009, ya que hubo un 25% menos de pozos.

Las compañías se habían puesto al día con los precios diferenciales (barril criollo, Gas Plus, etc) que les pagaba el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner respecto de los internacionales, aunque cubriera esos mayores costos que iban al Presupuesto y engrosaban el déficit fiscal.con subsidios económicos

En 2017 se nota un repunte debido a la puesta en marcha de nuevos proyectos vinculados fundamentalmente al gas y se proyecta un crecimiento cercano al 15%. El serrucho, de todos modos, se dibuja en declive.

La Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos de Neuquén trazó un inventario que publican Chequeado y el diario Río Negro según el cual se desarrollan actualmente en la formación de Vaca Muerta 26 proyectos operados por grandes empresas, como YPF (7 proyectos), Pan American Energy (4), Exxon (3), Total (3) y Tecpetrol (2), entre otros, por los que el compromiso de desembolso asciende inicialmente a US$7 mil millones, que sientan la base para multiplicarse hasta US$150 mil millones en lo próximos 35 años.

Frente al resto de las inversiones extranjeras directas ingresadas al país en los primeros 6 meses de 2017, que totalizaron US$ 5 mil millones, no será una lluvia pero tampoco deja de ser un número. Por inversiones en la explotación convencional habría que sumar US$3,7 mil millones más.

Además, los datos del portal de datos abiertos del Ministerio de Energía de la Nación, analizados por el periodista especializado en energía David Mottura, muestran que existe una rotación: YPF y las empresas privadas, como Pan American Energy y Tecpetrol, están disminuyendo sus inversiones en la Cuenca San Jorge (Chubut y Santa Cruz) y la aumentan en Vaca Muerta.

La caída de los precios internacionales del crudo y los planes de subsidios al gas en boca de pozo ayudaron a la migración de las inversiones hacia los no convencionales de la cuenca neuquina, la principal zona gasífera del país.

Está claro, en consecuencia, que los tarifazos significan cambiar de lugar el subsidio, y que en lugar de pagarlo entre todos de las rentas generales, cada usuario se hace cargo en la factura.

Como dijo el presidente Mauricio Macri en recientes declaraciones, no conoce nada que sea regalado, y recuerda que siempre hay alguien que con esfuerzo lo paga.

Es cierto:

-el inversor no se quiere hacer cargo del lucro cesante de aquello que no se pudo producir porque no hay cómo distribuirlo y ni de lo que se desperdicia por no poder guardarlo para seguir las naturales curvas de la oferta y la demanda,

-el gobierno tampoco lo quiere subsidiar porque necesita aplicar esos recursos a pagar las cuantiosas remuneraciones y gastos de los funcionarios políticos acomodados que desparramó por los 21 ministerios y cientos de secretarías y subsecretarías, o para cubrir los intereses del endeudamiento que los financia y

-el consumidor no tiene escapatoria, porque afrontar ese sobrecosto con todo su peso en las facturas, justo cuando más necesita el gas en invierno y la electricidad en verano.     

En lo que el gobierno publicita a través de sus voceros como su mayor éxito en materia de inversiones, las energías renovables, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (INVEST) desnuda las fallas que, inclusive, conspiran contra el verdadero aporte a la tendencia favorable que reflejan potencialmente las inversiones: en la práctica, apenas 1 de cada 3 proyectos que fueron adjudicados en el marco del Programa RenovAr cerraron financiamiento, es decir, el 34%.

Sobre la marcha, desde INVEST comparten una agenda de trabajo para este año con la Subsecretaría de Energías Renovables, a fin de identificar formas de facilitar el financiamiento –con bancos públicos y privados, multilaterales, ECAs–.

Argentina ofrece oportunidades de inversión por más de US$ 265 mil millones”, aseguran desde la Agencia. Y los proyectos a los que van dirigidos principalmente son para el área de infraestructura, energía y minería, agroindustria, y en menor medida para manufactura, bienes industriales y servicios de valor agregado.

Hubo casos en que se frenó el ritmo de inversiones en proyectos eólicos porque el sistema de distribución no da abasto para recibir la energía que deben subir. Es plata que dejan de cobrar, por lo tanto evitan invertir y la capacidad ociosa “alguien tiene que pagarla”.

Ahora se está ordenando toda la información referente a los 59 proyectos que fueron adjudicados, por 1.900 MW, por medio de las dos primeras licitaciones del Plan RenovAr, de modo que la logística y la burocracia importadora (más del 60% de los elementos viene de afuera) no sean un problema en su implementación y se ordene el tránsito en la cadena de valor.

En Vaca Muerta habrá que esperar que se vayan concretando inversiones de empresas privadas en su propia red para que pueda fluir la producción en pozo. YPF acaba de inaugurar formalmente la central térmica que construyó en Loma Campana, en el corazón del desierto, por la que invirtió US$200 millones. Consta de dos usinas alimentadas a gas. Cuando produzca a full, la electricidad alcanzará para alimentar 380 mil hogares. Techint también está en proceso de habilitar la suya.

La contraestacionalidad de la oferta y la demanda se intentó afrontar con la habilitación de las exportaciones a Chile, que se había preparado para importar gas licuado a partir de 2007 cuando Argentina le cortó el suministro.

Al pagarlo más caro en el verano del hemisferio sur, a Chile podría convenirle más que nunca importarnos el insumo natural justo cuando nos sobra porque cae la demanda interna. Sería para 2019.

 

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