PELIGRO INSTITUCIONAL

Grave: Escuchas sin control

DAJuDeCO es Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, en jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en acuerdo con la Agencia Federal de Inteligencia. Hay rumores, todos inquietantes, y especulaciones, ninguna desmentida hasta ahora, que requieren que los ciudadanos conozcan qué se trama a sus espaldas.

El miércoles 18 de abril, el Senado de la Nación se aprontaba para dar media sanción a dos proyectos de ley, ambos autoría del senador Rodolfo Urtubey, sobre una materia hiper sensible:

> uno de reforma del Código Procesal Penal para incorporar, entre otras modificaciones, nuevas técnicas de investigación que autorizan la vigilancia remota de equipos informáticos, la vigilancia acústica y de las comunicaciones, etc.

> Y otro proyecto que se presenta como un “marco regulatorio de intervención de las comunicaciones”, léase, escuchas, que está lejos de ser lo que se propone.

Ambos han sido fuertemente cuestionados desde las ONGs que trabajamos temas de justicia y también desde la Iniciativa Ciudadana de Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) porque la complejidad de los temas no tuvo ningún correlato con el tratamiento que se dio a los proyectos en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, bajo la presidencia del senador Pedro Guastavino.

Los proyectos se incluyeron en la citación de la comisión el 10 de abril y al día siguiente obtuvieron dictámen de manera inconsulta y exprés. Nada puede ser tan ágil para proyectos de la oposición que son tan delicados, si no gozan de acuerdo previo con el gobierno nacional.

Una suposición que eleva la preocupación, porque los proyectos son fuertemente criticables, pero todo indica que tendrían pronta aprobación.

El solapamiento de las dos iniciativas es evidente, aunque nadie declare la convergencia. Que no nos llame la atención si en poco tiempo nos enteramos que las nuevas técnicas de vigilancia son llevadas a cabo desde la Corte, a través de la DAJUDECO, porque allí se traslada el monopolio en la “intervención de las comunicaciones” a propuesta del proyecto en tratamiento. Destáquese la operación del proyecto de cambiar “interceptación o captación” de las comunicaciones por “intervención” de las comunicaciones, la vaguedad del concepto no parece casual.

El proyecto de marco legal para las intervenciones de comunicaciones ratifica por ley que las escuchas se realicen desde la Corte Suprema. La medida es sumamente controversial tanto desde el punto de vista constitucional, como legal e institucional.

Pero, además, es enormemente preocupante desde el punto de vista político. En los dos años que las escuchas estuvieron en manos de la Corte, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) volvió a avanzar sobre este recurso invaluable de información y poder. Este avance se cristalizó en un convenio institucional entre la Corte y la AFI que, por ignorancia o complicidad mediática, pasó desapercibido para la mayoría del periodismo y la clase política. Que tampoco sorprenda si en breve la AFI incorpora nueva tecnología para “colaborar” con la Justicia.

Por si esto fuera poco, los senadores encontraron que la mejor manera de garantizar el control del sistema de escuchas es por medio de la Comisión Bicameral de Inteligencia. La misma que es acusada de ser un apéndice de la AFI (exSIDE); y que nunca demostró ninguna voluntad de control.

A esa comisión, que además funciona con reserva absoluta, se pretende entregar el control de las escuchas; discurso de transparencia mediante, para que no falte ironía. La misma que el año pasado enterró bajo tierra una subcomisión de investigación de las filtraciones, que se llegó a conformar pero a la cual nunca se le permitió funcionar. Y la Corte que acepta someter su reputación a un esquema tan degradado y sin ninguna legitimidad.

Profundizar la confusión entre los ámbitos de inteligencia y justicia parece un efecto buscado por los legisladores firmantes. Lo que se debiera revertir, aquí se agrava: la AFI seguirá colaborando con la Justicia (haciendo un uso abusivo de la excepción prevista en la Ley 25.520), y la Bicameral continuará siendo el baño de plata de un sistema de inteligencia y de escuchas corrompido.

Los episodios grotescos de las últimas semanas, que incluyeron sets de tv y la transmisión en vivo de números telefónicos pinchados, debería ser suficiente para entender que ningún proyecto que consolide lo existente puede ser ganancia para los ciudadanos y el sistema democrático.

Para concluir la sátira, basta recordar otra noticia de la semana, que indica que desde la AFI llamaron al Congreso para solicitar que el senador Juan Carlos Marino, que ya fue presidente de la Bicameral, continúe –contra-reglamento- por un nuevo período en el cargo. Entiéndase bien, el organismo que es destinatario del control elige quién lo debe fiscalizar. En este tema, mal que nos pese, no hay esfuerzo siquiera por guardar las apariencias.

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