LOS PRIVADOS JUEGAN CON LA SALUD PÚBLICA

Informe: Farmacity versus Roemmers (30% para quien gane)

La disputa entre privados por el control del negocio de los medicamentos en la provincia de Buenos Aires se entronizó en la crisis económica que desnudó la corrida cambiaria. ¿Qué tiene que ver el enfrentamiento a muerte que vienen librando en la Justicia y en la Comisión de Defensa de la Competencia la cadena comercial Farmacity contra el laboratorio de especialidades medicinales Roemmers, con la mala praxis en la gestión del gobierno Mauricio Macri? Que el nombre de uno de los apuntados entre los máximos responsables de la debacle actual que disparó el dólar y los precios, Mario Quintana, está en todos los expedientes exhumados el año pasado cuando pasaba por su mejor momento como hombre de confianza del Presidente. Más allá de la conducta ética y hasta las implicaciones legales en tela de juicio por el rol que mantiene Quintana en Farmacity, detrás subsiste un turbio negocio de intereses altamente concentrados que prioritariamente atañen a la salud pública de la población, a los afiliados del sistema nacional y provinciales y a la red profesional de farmacias. Existe una disputa interactiva por la renta en el que participan 250 laboratorios, con alta participación de nacionales, cuyo 45% de la facturación sectorial la detentan 10 compañías privadas y la distribución está en manos de 4 de ellas y 400 droguerías, de las cuales 3 pertenecen a la industria y concentran el 70% del mercado. Este abigarrado núcleo confronta precios y condiciones con la demanda atomizada de 290 Obras Sociales Sindicales y Provinciales, además de PAMI (que cuenta con 5 millones de afiliados) y 30 Prepagas, pero además con el 30% de las farmacias concentrando la atención del 80% de la seguridad social. ¿Debería ser Farmacity el encargado deregular ese desfasaje? ¿Qué pito toca el Estado en la salud pública?

Antes de comenzar, 4 datos:

> Farmacity está en el top 3 de la actividad promocional en góndolas, y el 30% del volumen vendido en Farmacity proviene de promociones, según Luis Rodríguez, de Kantar Worldpanel. De los ingresos totales del grupo, los medicamentos son el 50%, y el otro 50% no son medicamentos. En muchos países hay noticias de que, progresivamente, los medicamentos tienen menor impacto en la facturación de esos comercios especializados, y por eso buscan incorporar otros productos no medicinales.

> Sin embargo, los medicamentos tienen un público de demanda inelástica, y por lo tanto le permite tener una masa crítica más o menos permanente, a la que una vez ingresado al local hay que intentar venderle otros productos.

> Farmacity nació en 1996 y abrió 1er. local en 1997. El fondo Pegasus Capital comenzó en el año 2000. Adquirió Musimundo en julio de 2003, Freddo en febrero de 2004 y la cadena de cafeterías Aroma en abril de 2005. En 2007 se quedó con Farmacity: Mario Quintana y Woods Staton, accionistas tanto de Farmacity como de Pegasus reorganizaron el negocio y se marcharon Alejandro Quantín, Guillermo Bustos, y un fondo de inversión belga, e ingresaron el fondo de la familia Gorodisch y Carlos Preitti, ex Fargo. Se afirma que varios laboratorios nacionales casi compran Farmacity pero hubo una diferencia de... apenas US$ 4 millones.

> El negocio de las farmacias tiene problemas más allá de Farmacity. Por ejemplo, la relación con las obras sociales sindicales en general, y con el PAMI en particular. Luego, la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf) alertó que –por causa del aumento de la presión impositiva–, muchos de los locales están al borde del colapso financiero, poniendo en riesgo la continuidad laboral de sus empleados y la provisión de medicamentos a los pacientes. En Córdoba, la entidad que las nuclea recurrió a la Justicia por el incremento en las alícuotas de ingresos brutos aplicado en varias provincias, más la recarga de tasas municipales en algunas ciudades.

Vamos a la nota

La diputada por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, salió en defensa del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, como antes lo había hecho con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y con el ministro de Finanzas, Luis Caputo, todos ellos bajo sospechas por la influencia que podrían estar teniendo en la economía nacional sus muy recientes pasados vinculados a negocios sensibles con el Estado, como los de la salud, la energía y los fondos de inversión, respectivamente.

El periodista Jorge Lanata denunció en estos días que Quintana aún tiene intereses directos en Farmacity, la cadena comercial del fondo Pegassus, en conflicto aún abierto con las organizaciones bonaerenses del ramo, y que, pese a que el funcionario afirma haber vendido, o tener en venta, una participación societaria que minimiza en 3% de las acciones, conserva una posición mayoritaria en el directorio de Farmacity, con el 55% votos.

Es en el marco del cuestionamiento político a los Ceos de la Jefatura de Gabinete, que ahora recrudece por la corrida cambiaria y la disparada de la inflación, que reconocen al 28 de diciembre del año pasado como un antes y un después, cuando bajo la batuta de Marcos Peña avanzaron a la vista de todos sobre el Banco Central y más sutilmente sobre el INdEC.

A partir de entonces se consolidó una incipiente tendencia poselectoral de los inversores a desconfiar de la gestión económica, que en apenas unos meses situó a las Lebacs al borde del estallido, catapultó la tasa de interés encima del 40%, fugó más de US$8.000 millones de reservas y perforó los techos cambiarios que se sucedieron desde entonces hasta recalar en el actual, y precario, de $25.

La mesa chica de la economía, que hacía agua por todos lados, tuvo que acudir al Fondo Monetario Internacional a pedir socorro y entregó la cabeza de un funcionario, con rango  menor de subsecretario, un ex Morgan que habían trasplantado de Finanzas para proyectarlo al Banco Central: Vladimir Werning, quien terminó siendo un casi ignoto chivo expiatorio de la debacle actual porque lo abrocharon como el ideólogo del plan de corrimiento de las metas.

Carrió contraatacó a Lanata endilgándole un presunto favoritismo hacia un lobby de laboratorios, con el dedo apuntado hacia un anunciante (Bagó) de su programa, y atribuyendo la denuncia del periodista a una venganza de las firmas medicinales de capital nacional porque Lopetegui les redujo las ganancias en los convenios de provisión de remedios al PAMI.

Después aparece pidiéndole la renuncia al que era titular de la obra social de los jubilados, Carlos Regazzoni, quien siempre se opuso a la intención de Farmacity de desembarcar en la provincia de Buenos Aires, alineado en ese aspecto con la posición de los laboratorios, encabezados por Roemmers, que resisten el desembarco de la cadena.

En su lugar fue nombrado Sergio Cassinotti, que estaba al frente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). En el área de salud metieron mano ambos vicejefes de Gabinete, cuando lograron desplazar al número dos, Néstor Pérez Baliño, y ubicaron en su lugar a Sergio Epstein, que ahora concentra el manejo real de la cartera.

Lanata le reprocha a Quintana no haber declarado ante la oficina Anticorrupción que a través de “Partner I S.A. participa en el 2,09% del capital social de Farmacity S.A., pero posee el 53,06% de los votos de esta última”.

En tal sentido, los malpensados de siempre menean la cabeza cuando aparece un hombre de la máxima confianza de Quintana, como Alejandro Gorodisch, de ladero del Ceo de Farmacity, Sebastián Miranda.

Los unos y los otros

Como en materia de negocios no hay buenos y malos, sino ganadores y perdedores, un aserto que hace un siglo y medio el economista italiano Vilfredo Pareto convirtió en un óptimo: "para incrementar el bienestar de unos hay que reducir el de los restantes", sitúa la problemática en el tironeo por una posición dominante en el mercado.

En el caso de la larga disputa que vienen librando los laboratorios de especialidades medicinales que controlan la distribución y las entidades que agrupan a las farmacias con la cadena comercial Farmacity trasciende las regulaciones para instalar o no bocas de expendio en el superpoblado territorio bonaerense: tironean del botín de una renta del 30% nada menos en los precios de bienes de una demanda inelástica a riesgo de muerte.

La cuestión de fondo en torno del bloqueo a Farmacity en la Provincia de Buenos Aires pasa por un impedimento legal que data de 30 años y que veda a las sociedades anónimas ser dueñas de farmacias. Se fundamenta en el concepto de que el medicamento es un “bien social”, por lo que obliga a las empresas del sector a garantizar la provisión en todo el territorio provincial y a enmarcarse en figuras societarias con responsabilidad profesional.

Asimismo el Colegio define adónde se instalan los locales. Pero además, y ahí apunta Lanata para refutar a Lilita, la causa fue reabierta por la Corte Suprema de la Nación, con cuyo presidente Ricardo Lorenzetti tiene un gran entripado.

En 2013, Roemmers quedó en el ojo de la tormenta, al acusársele de que  la rentabilidad quedaba en manos de los laboratorios. Por ese entonces, Quintana, que era el mandamás absoluto de Farmacity, apeló al estudio de abogados Bouzat, Rosenkrantz (actual ministro de la Corte ) para presentar una cautelar, que fue reiteradamente desestimada.

Ya en mayo de 2012 había hecho una presentación ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) contra Confederación Farmacéutica Argentina, Colegio de Farmacéuticos de la Provincia, CILFA y Roemmers, que tampoco prosperó y terminó siendo rechazada en 2014.

De ahí en adelante las diligencias estuvieron congeladas hasta que en setiembre pasado, y con Quintana como hombre fuerte del gobierno de Mauricio Macri, el secretario de Comercio, Miguel Braun (primo de Peña) exhumó el caso en la CNDC y  citó a declarar a todas las partes implicadas.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos bonaerense, María Isabel Reinoso, en el programa “Mal Aconsejados”, por radio Caput, había asegurado que “esta embestida de Farmacity es motivo de debate de todo el sector, desde la fabricación, la distribución hasta la dispensa de medicamentos.

Y que “esto pasó ya en países de la región, como Chile, donde se quedaron con la farmacia, después con la distribución y con la fabricación del medicamento, con el adicional que en Argentina tenemos una industria nacional fuerte en el este rubro”.

En la última edición aniversario de la revista Médicos, el sanitarista Adolfo Sánchez de León y el farmacéutico Manuel Afotegaray, dejaron en claro en sendos artículos el encuadre de la pelea entre Farma y los laboratorios: apunta, en principio, al controlar el negocio de la distribución y por ende fijar el precio de los medicamentos.

Desde la crisis de 2001, las farmacias pagan parte del descuento que hace el mayor comprador que es la obra social de los jubilados, PAMI, que cuenta con 5 millones afiliados. Las medianas de CABA se venían haciendo cargo del 17% de quita en el precio de los remedios, contra 10% aplicado a una de tamaño chico del Chaco, por ejemplo. En 2011 a Farmacity la hicieron pasar del 14 al 22% de contribución en el rubro medicamentos, que en realidad ocupa una parte de su negocio de autoservicio multirrubro.

El objetivo de Farmacity, según afirman, sería en consecuencia ganar poder de compra con los laboratorios en caso de conseguir entrar en la provincia, algo parecido a lo que sucede en la industria del retail entre los supermercados y las alimenticias líderes.

Afotegaray realiza una radiografía sectorial para que se entienda mejor quién es quién:

  • Producción: 250 laboratorios, con alta participación de nacionales. Los 10 primeros facturan el 45% del total.

  • Distribución: solo 4 distribuidoras, todas de propiedad de la Industria y 400 droguerías, de las cuales 3 pertenecen a la industria y concentran el 70% del mercado.

  • Prescripción y Dispensa: 120.000 médicos y 13.000 farmacias, de las cuales unas 800 forman parte de cadenas.

  • Financiación: 290 Obras Sociales Sindicales y Provinciales, además de PAMI y 30 Prepagas.

  • Mandatarias: Colegios e instituciones del sector, pero, fundamentalmente, empresas de propiedad de la industria farmacéutica que administran PAMI, la mayor parte de las Obras Sociales provinciales y las prepagas más grandes.

  • Consumo: los 40 millones de habitantes del país, de los cuales el 40% carece de cobertura en la seguridad social y, por ello, asisten al hospital público.

  • Regulación: Estado Nacional dando el marco general y los Estados provinciales tomando a su cargo el control sanitario en sus jurisdicciones.

Lo curioso es que muy pocas veces hubo una participación decisiva del Estado en la regulación el mercado del medicamento, salvo en la década del ´40 del siglo pasado con Juan D. Perón, y dos décadas más tarde con el gobierno de Arturo U. Illia, que fue a lo que aludió Carrió al relacionar a los lobbies de los laboratorios con presuntos golpismos.

El presidente de la Federación Farmacéutica FEFARA recuerda que, por el contrario, las gestiones de Juan C. Onganía en la segunda mitad de los ´60 y el de Carlos S. Menem en los 90, “no sólo abandonaron el camino trazado por aquellos, sino que lograron instalar en la sociedad una doctrina que esencialmente se caracteriza por evitar a toda costa la intervención del Estado en el funcionamiento del mercado, aunque (como en este caso) estuviera en juego la salud de la población”.

En el caso de los laboratorios nacionales, su interés en que no se afirme Farmacity como núcleo de la demanda bonaerense es porque podría afectarle tanto su poder como distribuidor, que hasta comprometería, según temen, la producción de medicamentos genéricos con que compiten con las marcas extranjeras que hacen valer sus patentes.

En ese sentido, Roemmers juega con Bagó y las farmacias pymes enfrentan a una infantería de 250 sucursales de la cruz sobre fondo verde de Farmacity. Integran el sector 230 empresas que facturan más de $105.000 millones anuales, exporta por unos $18.000 millones e importa por unos 40.000 millones, según Sánchez de León.

Adjudica la dificultad para desarrollar una política de precios de medicamentos a “la gran fragmentación y segmentación del sistema de salud, en donde existen innumerables compradores de medicamentos que negocian separadamente y debilitan la demanda: más de 280 Obras Sociales (Seguros de Salud de los Trabajadores), 24 provincias, 24 Obras Sociales provinciales, el PAMI, Hospitales y clínicas privadas, municipios, etc”.

El contrapeso es que la oferta desarrolla políticas y estrategias en bloque, ya que “los laboratorios medicinales se agrupan principalmente en tres cámaras que negocian en forma conjunta (Farmalink con el PAMI por ejemplo) lo cual les permite un mayor poder de negociación y muchas veces fijar el precio”.

Y el rol del Estado se desdibuja por la fragmentación y extrema debilidad de Evaluación de Tecnología, que “en muy escasa medida ejercen el ANMAT, la Superintendencia de Servicios de Salud y el PAMI en contadas ocasiones”.

Desde hace más de 25 años, PAMI compra a través de un convenio directo con la industria, y con la participación directa del vicejefe Lopetegui (al abstenerse del tema Quintana por indicación presidencial) se estableció la rebaja del 5% en mostrador a partir del 1° de abril (sobre el precio vigente al 28 de febrero) para medicamentos ambulatorios. Un descuento de 46%, 63% y 70% según el caso, en los medicamentos oncológicos y tratamientos especiales que compra el PAMI. El nuevo contrato dispone actualización trimestral con un aumento máximo de un 70% de la variación del índice de precios al consumidor para el trimestre anterior publicado por el INdEC.

Los “precios PAMI”, que serán definidos a partir de una unidad de medida independiente de las distintas presentaciones y cantidad de unidades de un determinado medicamento, comenzarán a regir progresivamente durante el año por grupos terapéuticos.

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