ADMISIÓN TEMPORARIA

Dato clave: La sequía obliga a importar

Urgente24 ha sostenido, en forma reiterada, que la Administración Macri subestimó el impacto de la sequía en curso. Si no alarmarse en público fue una estrategia comunicacional, en privado tendrían que haber dispuesto algunas medidas de emergencia para lidiar con la crisis de la campaña agrícola. Todo lo que se hizo fue intrascendente en estos meses pese a que el ministro de Agroindustria es un reciente dirigente gremial agropecuario. Hoy, sólo la admisión temporaria de soja importada de Paraguay, Brasil y USA puede salvar la paz social en Rosario y las arcas de Aduanas, siempre que las autoridades no se descuelguen con alguna novedad indeseable. Gran parte de las previsiones que expresó esta web fueron resultado de diálogos con la ingeniera agrónoma y periodista Susana Merlo. Por lo tanto, ahora que todo se ha verificado, se le preguntó cómo sigue esta historia, y aquí va:

Finalmente se van conociendo los efectos secundarios de la aguda sequía que afectó a la producción granaría 2017/2018 y que, finalmente, está siendo reconocida por las autoridades, tanto nacionales, como provinciales.

Si bien se mantienen las diferencias de volumen en las respectivas cosechas, entre los datos oficiales y los privados, y aún no se puede finalizar la recolección total, las estimaciones más serias están dando pérdidas que rondan los 40 millones de toneladas, de los cuales más de 20 millones son de soja, y no menos de 15 millones de maíz.

El dato, grave de por sí pues indica que va a haber unos U$S 9.000 millones menos de circulante en las provincias centrales, tiene un efecto secundario particularmente traumático para el país, ya que afecta al principal rubro de exportación: las harinas, pellets y los aceites de soja, que justifican los principales ingresos genuinos de la Argentina vía las exportaciones.

Por caso, solo las exportaciones del complejo sojero, totalizaron en 2017 los US$ 17.200 millones, alrededor de 30% del total de ventas argentinas al exterior, y esa producción se correspondió a una cosecha de 55 millones de toneladas de la oleaginosa.

Entonces, ¿que pasaría este año cuando aún con precios internacionales relativamente mejores, en este cultivo se estiman al menos, 20 millones menos de cosecha y del resto ni siquiera todo es apto para la industrialización?

Por supuesto que el primer cálculo lo hizo la propia industria aceitera, principal inversora en la década de los '90 cuando, además de acceder a la mayoría de los puertos que se privatizaron sobre el Paraná, hizo cuantiosas inversiones en plantas de aceite y subproductos, alineadas con la proyección de crecimiento de la producción que se daba en aquel momento, las que mantuvieron casi hasta ahora, a pesar que la tendencia al crecimiento de la soja, se vió frustrada ya en el quinquenio 2005-2010 cuando, por primera vez en más de 60 años, disminuyó su área de producción.

Esto determinó que el sector aceitero con sus derivados (harinas y pellets oleaginosos que se exportan para alimentación animal, o sea, producción de proteínas), terminara quedando sobredimensionado para el nivel de oferta de materia prima local.

El porcentaje de subocupación quedó estabilizado durante los últimos años en alrededor de 30% a 35%, restando competitividad a las exportaciones argentinas debido a los mayores costos fijos por unidad producida, ante la capacidad ociosa implícita, aún con las importaciones transitorias desde Paraguay, que hubo en varios de estos últimos ciclos.

Y el año 2018 no va a ser la excepción. El problema es que, en el mejor de los casos, el vecino guaraní del Mercosur apenas puede proveer 3 millones a 3,5 millones de toneladas, alrededor de 10% de lo que haría falta para trabajar a pleno.

También se va a apelar a Brasil con otras 2 a 3 millones de toneladas del norte (con un flete, aparentemente, más barato, que desde los Estados del sur).

Así, tras la “sorpresa” inicial que causó en muchos la necesidad de “importar” soja, otrora “el yuyo” estrella de la Argentina, se comenzó a abordar otros mercados como el de Estados Unidos, donde ya se compró cerca de 1 millón de toneladas, tras superar recientemente, una serie de escollos técnicos, como el hecho de que varios de esos orígenes ya tienen variedades de soja más nuevas que las que hay en Argentina (agradecimiento especial a la falta de la Ley de Semillas, que respete la propiedad intelectual).

Por supuesto que todos estos ingresos se hacen bajo la condición de “admisión temporaria”, por lo que no tributan los impuestos de ingresos de mercadería, pero tienen la obligación de reexportar los productos procesados, con lo que, si bien la industria aceitera logra superar parcialmente el bache de oferta, el gobierno es el principal beneficiado. Sucede que, por un lado, aunque las compras de soja en el exterior en el mejor de los casos alcancen el 60% a 70% de las necesidades totales, se logrará evitar buena parte de la conflictividad social en una zona habitualmente complicada, como es la de los alrededores de Rosario.

Simultáneamente, se evitará una caída aún mayor de las exportaciones argentinas, en el rubro habitualmente más fuerte y, paralelamente, se preserva parte de la recaudación que genera, tanto el procesamiento, como la exportación.

Un negocio redondo, más aún, sin poner dinero ya que son los privados los que “compran” la materia prima que luego reexportarán, y por las que el Estado recibirá divisas e impuestos.

Y, en un año clave económica políticamente como el actual, si los precios internacionales lo permiten, a pesar de un relativo menor volumen, tal vez hasta se puedan mantener los algo más de US$ 17.000 millones de exportaciones del complejo sojero del año pasado.

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