LA HERENCIA CIRCULAR DE ARANGUREN

Subsidios, tarifazos, inflación, devaluación y regreso a Tesorería

Al final, la profecía de Juan José Aranguren se autocumplió y sus reconocidas dudas para traer los ahorros del exterior terminaron dándole la razón, cuando tuvo que retirarse de la Administración Macri con la frustración de haber abortado su política de transferencia a la población, a través de las tarifas, de los subsidios que les pagaba el Tesoro a los productores y distribuidores de energía para extraer hidrocarburos y aliviar así la factura importadora. Hizo explotar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la política monetaria y consecuentemente el tipo de cambio, en un contexto de una etapa de recuperación internacional de la cotización del petróleo que se venía descontando en el mundo desde hacía tiempo. No terminó de salir por la puerta y las acciones energéticas se desplomaron 13,5% y arrastraron al Merval, del que representan 60%. Su reemplazante, también del palo petrolero, Javier Iguacel, intentará convencer a productores y distribuidores que acuerden repartirse los quebrantos y garanticen el plan de inversiones y abastecimiento, ya que el cambio en la ecuación entre precios y costos sitúa al Tesoro en situación de retomar subsidios, lo cual marcha a contramano del stand by con el Fondo Monetario Internacional.

El ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, admitió la semana pasada en el Foro Latinoamericano de Energía en San Carlos de Bariloche que el modelo de gestión que estuvo aplicando durante casi 2 años y medio había abordado un callejón sin salida: el impacto de la devaluación en los futuros incrementos tarifarios de gas y electricidad harían subir los subsidios.

Lo corroboró el presidente de la ex Enarsa, Hugo Balboa: la empresa estatal necesitará este año duplicar los de 2017: $ 29.000 millones contra $ 14.900 millones.

El ex Ceo de Shell conocía la dificultad de que las petroleras y distribuidoras acepten absorber el impacto que tienen en sus costos el alto precio del petróleo crudo a nivel internacional y la devaluación del peso, contrariadas como venían del congelamiento que dispuso el gobierno en abril al retoque de los valores que perciben, a la espera de un replanteo de toda la estrategia que debería esperar hasta que la cotización del dólar encuentre un punto de equilibrio.

La ley antitarifazos que sacó el Congreso, vetada por el Presidente, y la promesa recibida por la socia de la alianza gubernamental, Elisa Carrió, de que cesarían los bruscos ajustes implementados desde el área energética oficial añadieron un condicionante político a la acción de Aranguren, al igual que la volatilidad cambiaria desaconsejaba seguir echando hidrocarburos a la hoguera de la inflación.

Las compañías petroleras y las distribuidoras apretaron a regañadientes el botón de pausa y le tiran la pelota al gobierno en el sentido de que si se pretende asegurar la continuidad del sistema deberá aumentar los fondos que faltan para sostenerlo, lo cual tropieza con la delicada situación fiscal y las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) de eliminar los subsidios energéticos.

Entre la espada y la pared, Aranguren cayó por propio peso y el lunes, el mercado patentizó la encerrona: las acciones de empresas energéticas se derrumbaron hasta 13,5%: Transportadora de Gas del Norte (-13,8%); Mirgor (-13,3%); Transener (-12,3%), Holcim (-11,4%), Distribuidora de Gas Cuyana (-10,2%) y Pampa Energía (-10%).

Es mucho más que una crisis sectorial: pega de lleno en el mercado de capitales, ya que los papeles energéticos representan el 60% del Merval, o sea repercuten transversalmente en la economía real, lo mismo que el dólar.

Hasta se le profesa poca fe a la influencia que supo tener en la Casa Rosada la firma EcoGas, que cuenta entre sus accionistas a Nicolás Caputo, empresario y amigo íntimo de Macri, que controla Distribuidora de Gas del Centro (opera en Córdoba, La Rioja y Catamarca) y Distribuidora de Gas de Cuyo (San Luis, Mendoza y San Juan). La firma se amparó en la ley 24.076, que permite a las distribuidoras reclamar un nuevo cuadro tarifario cuando sus costos suban repentinamente más de un 20%, para pedir por nota al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que habilite un “aumento inmediato” de las tarifas por el incremento en sus costos asociado a la devaluación.

El pesimismo del mercado, en este caso, responde a que ni el ex colega de los privados que reclaman por sus precios y acérrimo detractor de YPF, Aranguren, tenía resto para afrontar esta nueva situación, y que, por lo tanto, al presidente Mauricio Macri no le quedó más remedio que poner en su lugar al ex Pluspetrol Javier Iguacel, quien venía desempeñándose en Vialidad Nacional a las órdenes de Guillo Dietrich.

Lo aguarda la cabecera de una mesa de negociación con las empresas productoras de gas y las distribuidoras, en la que tendrá que intentar evitar que la suba del dólar tenga “el más mínimo impacto” en las facturas de luz, gas, agua y combustibles. En grandes números se habla de una incidencia promedio del 70% de sus facturas en octubre. O la paga el usuario o la cubre el Tesoro.

A duras penas, Aranguren había logrado congelar los precios acordado con las petroleras, aunque tuvieron que aflojarles un aumento cuando los valores de referencia (petróleo crudo y dólar) se escaparon.

Alineamiento internacional

La idea consensuada entre el ex ministro y las petroleras en el país consistía en alinear el funcionamiento con las prácticas del sector en la mayoría de los países. Claro que por entonces el dólar quieto les servía para hacer diferencias en el mercado financiero con la tasa de interés en pesos y el precio internacional entre 2013 y 2016 estuvo casi a la mitad.

Pero después de 2017 cambió la tendencia y, en el caso de las naftas locales, el alto precio del crudo a nivel internacional y la devaluación del peso gatillan sobre los consumidores mayores valores. El gobierno primero congeló pero luego tuvo que autorizar algunos aumentos más para las petroleras.

En el caso de las tarifas de servicios públicos, la ecuación también se modificó sustancialmente, ya que el precio promedio ponderado del gas fijado para abril había sido de u$s 4,68 por millón de BTU a un tipo de cambio de $ 20,55 por dólar, mientras para octubre está pautado que cueste en promedio u$s 5,26 / MMBTU a un dólar que en el décimo mes de 2018, según el mercado de futuros Rofex, se ubicaría en $ 29,13.

El incremento en pesos implicaría 59,3% por la actualización de costos mayoristas y el retiro de subsidios del Estado, a lo que se debe agregar el traspaso de la inflación mayorista (de acuerdo al Índice de Precios Internos al Por Mayor, IPIM), que entre abril y septiembre superaría por lo menos el 10% y así se llegaría a un 70%.

Cuando terminó la emergencia económica, a finales de 2017, petroleras y distribuidoras habían celebrado contratos para el abastecimiento de gas, que ya quedaron desactualizados y la diferencia por ahora estaría siendo absorbida por el eslabón último de la cadena, previo al consumidor.

Si las productoras se plantan y no aceptan compartir los sobrecostos, la pelota irá a la cancha el Enargás, que deberá disponer si autoriza aumentos o apela a los subsidios. Al estar dolarizada la contabilidad en la boca de los pozos e importarse el 30% del gas que la población necesita durante los inviernos, la devaluación multiplica el haber de los productores y el traslado a los costos internos recae sobre el debe, por lo que la rentabilidad es fluctuante. La cuenta es compleja pero, a simple vista, como los salarios se estipularon en pesos y no están directamente indexados, su deterioro juega a favor de la ganancia.

A la gestión de Aranguren le reconocen dentro del gobierno que:

-el sector invirtió US$ 18.000 millones,

-reimpulsó Vaca Muerta con un aumento de la producción de petróleo,

-un inesperado desarrollo de energías renovables, y

-bajó los US$ 8.000 millones anuales de subsidios económicos en 2015 a los US$ 2.000 millones presupuestados para este año.

El costo político e inflacionario de la implacable determinación que lo guió terminó afectando el resultado, luego de haber dejado tras de sí un tendal social, con tarifas de electricidad que al ser aumentadas más de 1.000% desde que asumió Macri, según un estudio de la Universidad Austral, recuperaron todo lo perdido frente a la inflación. Y si bien las de agua y gas aún tienen un tercio del repechaje por recorrer, los porcentajes sin anestesia las pusieron a tiro.

El agua potable se incrementó un 560% y aún le falta un 53% para retornar al nivel de 2002, mientras que el gas fue subido 371% y le restaría un 37% para equipararse con la variación que experimentó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la última década.

Así y todo, los subsidios descendieron a un 30% respecto del 80% del inicio de gestión, y el plan era que en 2019 llegaría 0%.

En cuanto a la electricidad, la compensación en principio se estimaba que sería del 70% en octubre y para fin de año quedaría en solo 18%. De subsidios del orden del 3% del PBI al inicio de 2016, se bajó a un 1% del producto.

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