EL LADO FLACO DEL 'GLORYGATE'

Esperando al arrepentido de Iecsa, ¿el Isolux defendido por estudio de Macri?

Los diarios La Nación y Clarín y la web Infobae cuentan la versión más impactante del "GloryGate". Pero del otro lado hay comentarios y elucubraciones sobre la fragilidad de la acusación y si puede o no retroceder en las instancias de apelación. Dado que, tal como sucede desde el 12/10/2015, para Urgente24 la grieta prescribió, es interesante leer el Lado B del escándalo de marras, para no tener sólo el Lado A. Por ejemplo, profundizar este fragmento de Raúl Kollman e Irina Hauser: "(...) el arrepentido del viernes (por Juan Carlos De Goycoechea).... Su abogado Jorge Landaburu, integra el estudio de Ricardo Rosental, abogado del propio presidente (Mauricio) Macri en causas como la del espionaje. (...)".

 

"(...) En las últimas horas un periodista relató como Bonadío montó en cólera y presionó a un empresario aspirante a arrepentido, porque los términos de su confesión no se correspondían con el curso que tanto el juez como el fiscal tienen ya decidido para la causa. Porque es claro, la prueba invisible es útil cuando no hace falta prueba, porque la decisión ya esta tomada. Este parece ser el caso… en este caso.

(...) Bonadío, juez de esta causa, cuenta en su haber dos antecedentes a tener en consideración: se inventó una guerra para poder procesar a Cristina Fernández de Kirchner por traición a la patria y tomó como válido un peritaje que carecía de rigor científico para procesar y encarcelar a Julio de Vido y a Roberto Baratta.

Ni la guerra ni la pericia resistieron el análisis del superior del juez, pero para cuando ese análisis ocurrió, como ahora, había personas detenidas por mucho tiempo en base a la decisión de un magistrado que se siente muy cómodo con pruebas invisibles o imaginarias. (...)".
Graciana Peñafort

 


Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna:

"Si todo lo que se ha publicado fuera cierto, las revelaciones sobre la recaudación de fondos de empresas por el ex secretario de Obras Públicas Roberto Baratta en vísperas de los comicios de 2013 y 2015, y los aportes falsos a la campaña de Maurizio Macrì y María Eugenia Vidal en las elecciones de 2015 y 2017, formarían los dos lados de una misma moneda. El circuito cerraría así a la perfección: los hombres de negocios entregan el dinero a los operadores del gobierno, que lo usan para las costosas campañas electorales y lo justifican con aportes falsos de personas a quienes se roba la identidad.

Con diferencias apreciables. La relación del personal judicial y del ministerio público fiscal con los respectivos políticos imputados es abiertamente hostil en el primer caso, complaciente y amistosa en el segundo. Detenidos sin pruebas en un caso, pruebas pero no detenciones en el otro.

Ojalá pudiera decirse que en La Plata se respetan los derechos y garantías que se violan en la Capital Federal, pero no es así. Los debates sobre la corrupción no pueden independizarse de la reflexión sobre el rol de la justicia y de la necesidad de cortar el lazo entre empresas y campañas electorales, prohibiendo esos aportes en forma taxativa, así sea bancarizado. (...)".

 

Raúl Kollmann e Irina Hauser en el diario Página/12:

"El apriete a los empresarios, dejándolos presos sin razón alguna, parece que produjo un primer “arrepentido” y da la impresión de que es inminente el anuncio del segundo. La orfandad de pruebas de la causa de las fotocopias de los cuadernos requería de un empresario que “se quiebre”, aunque en el menú de los posibles CEOS arrepentidos hay varios odiadores del gobierno anterior y, sobre todo, unos cuantos que hicieron y están haciendo negocios oscuros con el grupo Macri.

Lo significativo es mirar con detenimiento de qué se va a “arrepentir” el primer empresario y algún otro virtualmente macrista. ¿Dicen que pagaron coimas? No. Dicen que los presionaron para aportar a la campaña electoral, o sea que fueron víctimas de un delito.

O sea, ¿qué valor probatorio tiene el arrepentimiento de un empresario, cercano al gobierno, con negocios con la familia del Presidente, que además no dice que pagó coimas sino que sólo aportó, por presión, a la campaña electoral? Todo indica que se prepara con bombos y platillos un segundo empresario macrista arrepentido, Javier Sánchez Caballero, de IECSA, la empresa que Macri le vendió en forma dudosa a Angelo Calcaterra. Por de pronto, ya lo trasladaron a una unidad más confortable de la Policía Federal.

Las preguntas que surgen a cuatro días de la aparición de las fotocopias de los cuadernos son numerosas y se plantean gran cantidad de interrogantes. (...)".


Otra vez Verbitsky en su web:

"(...) No se puede descartar que algunas de las afirmaciones de Centeno sean veraces, ya que la cartelización de la obra pública en complicidad con funcionarios de distintos gobiernos tiene no menos de medio siglo. Una descripción detallada del modus operandi puede encontrarse en mi libro Robo para la Corona, y la utilización de la justicia para esos fines está detallada en Hacer la Corte.

Un problema tanto o más grave que el de las coimas vinculadas con los contratos del Estado es la imposibilidad de confiar en la Justicia para discernir la realidad de los hechos. Una condena no equivale a culpabilidad ni una absolución a inocencia y los tribunales se usan para agredir al adversario o protegerse. Este proceso que se ha denominado judicialización de la política o politización de la justicia no es nuevo, pero va adquiriendo características específicas en cada momento.

En lo que nadie disiente es en su punto de partida: la Acordada del 10 de septiembre de 1930 por la que la Corte Suprema de Justicia reconoció al gobierno de fuerza instalado cuatro días antes porque no podía impedirlo. También dijo que velaría por el respeto de la Constitución, pero esto no pasó de ser una ficción autocomplaciente salvo en lo referido al derecho de propiedad.

Llegó a ser natural el considerar a la Corte Suprema y a los jueces como mero apéndice del poder que devenía de la fuerza. Ambos se renovaban por el mismo método expeditivo del bando de cesantía. Lo accesorio seguía la suerte de lo principal. (...)".


Kollman/Hauser:

"(...) ¿Cuánta importancia tiene que no aparecen los cuadernos?

El problema es que la prueba del expediente es de una debilidad notoria. Por ejemplo, en el caso del supuesto empresario arrepentido, Juan Carlos de Goycoechea, de Isolux,se le imputa que Baratta fue “el 5 de enero de 2009 a Maipú 741 (sede de la empresa) donde le entregaron una valija con 6 millones de dólares; el 7 y el 29 de abril Baratta se llevó sendas bolsas con dinero” y así sucesivamente. En total, en unas 17 visitas se llevaron 11.900.000 dólares, aunque hay visitas en los que el chofer no pudo determinar la cantidad. ¿Qué respalda estos dichos? Nada. No hay un depósito en ningún lugar, no hay una bóveda, una caja de seguridad, una cuenta en el exterior donde aparezcan cifras como estas.

Dado que las evidencias de la causa son casi inexistentes, el dúo Carlos Stornelli - Claudio Bonadio sostendrá las fotocopias de los cuadernos como la prueba de las pruebas. De hecho, la acusación que se le leyó a los imputados es una mera transcripción de la literatura supuestamente de Centeno. Y sólo hay, además, fotografías de los domicilios –que no significan nada– y el registro de visitas a Olivos, que tampoco es una evidencia en sí misma, dado que los funcionarios iban a Olivos regularmente.

Los peritos calígrafos sostienen que no debe hacerse una pericia sobre fotocopias y que, en cualquier caso, no se podrá determinar la antigüedad de lo escrito en los cuadernos, un dato fundamental. Con esas limitaciones, se podrían usar como indicio, aunque es un indicio dudoso. Tampoco el contenido es del todo verosímil: alguien en twitter sentenció, con humor: “el chofer habla como Carlos Monzón y escribe como García Márquez”.

La falta de evidencia hace más imprescindible el apriete, con la cárcel, a empresarios y ex funcionarios. Y, por supuesto, siempre estará lista la Cámara Federal y las mayorías en Casación para darle validez y anabólicos a esta especie de pseudo pruebas que son los cuadernos. (...)".


Verbitsky:

"(...) Bonadío fue protegido en el Consejo de la Magistratura por el precandidato presidencial del Peornismo Federal, Miguel Pichetto, quien consiguió que en vez de destituirlo sólo lo multaran con una reducción de su sueldo de un mes. Esto revela una trama que se activó durante la ofensiva de los fondos buitre contra el kirchnerismo. El informe del Parlamento Británico que analiza en esta edición Alejandra Dandan muestra la participación de Macrì en esa operación para la cual fueron contratados los servicios de Cambridge Analytica. Pero no sólo de Cambridge Analytica.

El 26 de agosto de 2014, la columnista de finanzas Michelle Celarier informó en el diario The New York Post, que el fondo buitre de Paul Singer había contratado para apoyarlo en la lucha contra el gobierno argentino a la consultora Albright Stonebridge Group. Agregó que el socio de la ex secretaria de Estado Madeleine Albright, Carlos Gutiérrez, había estado en la Argentina “tratando de movilizar la oposición al gobierno”.

El entonces ministro de Economía Axel Kicillof en una entrevista por radio, y la propia Cristina en Twitter, contaron que Gutiérrez amenazó al jefe de Gabinete Jorge Milton Capitanich con un ataque especulativo contra el peso hasta forzar una nueva devaluación; ataques y denuncias mediáticos internacionales para desgastar a Cristina; impedir el acceso del sector público y de las empresas argentinas a cualquier financiamiento internacional. Gutiérrez también habría mencionado la contratación de periodistas y dirigentes sindicales para que contribuyeran a esa estrategia. Esto ayudaría a instalar un gobierno favorable a un acuerdo con los fondos buitre, que se firmaría en 2016. Así fue, y Bonadío obró como una pieza central de ese dispositivo, igual que los fiscales Raúl Plee y Ricardo Sánz y que el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti. Todos ellos giran en la órbita del senador opoficialista Miguel Pichetto, uno de los que condujo a su bloque a votar el pago a los buitres. El contacto de Pichetto con Lorenzetti es el ex senador Nicolás Tito Fernández, un santacruceño que juró venganza cuando Cristina lo excluyó de las listas para su reelección en 2011. Esa es la parte no contada del rescate de Bonadío en el Consejo de la Magistratura. (...)".


Kollman / Hauser:

"(...) La ex pareja de Centeno dice que él escribió los cuadernos para extorsionar a Baratta por si lo despedían, pero que al final fue ella la que usó los cuadernos. En cambio el amigo de Centeno, Jorge Bacigalupo, afirma que él se los dio a La Nación y que después se los terminó devolviendo a Centeno. Como se ve, relatos discrepantes. Hay que agregar que la ex de Centeno, Hilda Horovitz, viene de denunciar falsamente a Baratta de tener una bóveda en la casa de sus padres. Fueron hasta con retro-excavadoras y no encontraron nada de nada.

Por supuesto que también llama la atención que el chofer, campeón mundial de la puntillosidad, que anotaba los gustos de helado que se compraban, no se acordaba qué hizo con los cuadernos y terminó yendo con Stornelli a allanar dos domicilios suyos, donde no encontraron nada. Después resulta, según el diario La Nación, que los quemó. (...)

La ausencia de los cuadernos, además, plantea el interrogante sobre lo que se oculta. El periodista Carlos Pagni dijo abiertamente que hay un cuaderno que se escondió, que falta. La página web de Infobae transcribió (...) parte de las fotocopias de los cuadernos y las nueve visitas que, supuestamente, Baratta hizo a la sede de Techint.

(...) La estrategia se basó en el siguiente concepto, enunciado por una periodista muy querida por el oficialismo: “no es fácil pasar del piso 42 (de sus imaginarias oficinas) al calabozo”. El abogado de uno de los empresarios detenidos lo puso en otras palabras “presos hasta que el chancho cante”. A simple vista, se trata de métodos de extorsión, casi de tortura.

(...) De Goycoechea es el principal ejecutivo de la empresa constructora española Isolux, vieja socia del grupo Macri y de Iecsa. Juntos hicieron, por ejemplo, la central eléctrica Brigadier López, en San Lorenzo, y Ensenada Barragán en Ensenada. El gobierno de Macri acordó con ambas empresas la rescisión del contrato a raíz de reclamos, muy débiles de papeles, por 9.000 millones de pesos. Les terminaron dando 1.700 millones, lo que fue un gran negocio para las dos empresas. (...)

Pero lo más reciente es que Isolux y el grupo Macri hicieron un escandaloso negociado con seis parques eólicos que Isolux ganó en licitación, y el grupo Macri, a través de empresas armadas de apuro por su contador, Mariano Payaslian, compró las licitaciones en 2016, y las vendió en 2017. Por uno sólo de los parques eólicos, Loma Blanca IV, el grupo Macri se quedó con un plus de 15 millones de dólares: compró en 25 y vendió, unos meses más tarde, en 40, según la investigación que hizo Emilia Delfino, de Perfil, luego convertida en denuncia por Rodolfo Tailhade, diputado de Unidad Ciudadana.

O sea, el arrepentido del viernes, es un aliado del macrismo, con el que hizo negocios oscuros hace menos de un año. Su abogado Jorge Landaburu, integra el estudio de Ricardo Rosental, abogado del propio presidente Macri en causas como la del espionaje. El arrepentimiento de este empresario debería valer muy poco, a menos que presente pruebas contundentes. A esto se agrega que Isolux está denunciado por corrupción en España y aparece involucrada, junto con el primo presidencial, en los sobornos de Odebrecht en la Argentina.

Las jugarretas tienen poco disimulo. Parece obvio que el próximo arrepentido será el de la empresa que era del grupo Macri y (supuestamente) dejó de serlo, Iecsa.

Algunos movimientos del defensor de Javier Sánchez Caballero, el ejecutivo de Iecsa, indican que se prepara para dar el salto. Pero lo más notorio es que el juez ordenó que de Goycoechea y Sánchez Caballero sean apartados de los demás ejecutivos presos. Ambos están alojados en las dependencias de la Federal en Cavia, en Palermo. Los otros permanecen en la avenida Belgrano, en la dirección de Drogas Peligrosas. (...)".

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