INVESTIGACIÓN

LA PATA PRIVADA

Los cuadernos K y el amplio eje empresario, que provoca el enojo con Macri

Hasta el momento hay más de 23 empresas de la construcción y del sector energético investigadas en la causa de los cuadernos de las coimas, y ya son 5 los empresarios que se acogieron a la figura del imputado colaborador, mientras otros tantos gestionan acuerdos similares por lo que pronto podría haber más arrepentidos que imputados. Eso sí, ninguno habló de "coimas". Todos se refieren a "dinero para campañas electorales". Mientras continúan los allanamientos (sin búsquedas claras) y el avance sobre empresarios que no solo sospechan de maniobras por parte de la actual gestión nacional de Cambiemos, sino que además temen por el futuro de sus negocios. "Se está haciendo más difícil el financiamiento", explicó un experto esta mañana.

 
Esta semana, cierra el caso de los cuadernos de Oscar Centeno, en que ya hubo 16 personas detenidas. Entre ellas, Roberto Baratta, el expresidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner, Walter Fagyas, expresidente de Enarsa; Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería -una de las empresas que más creció durante el kirchnerismo- y Javier Sánchez Caballero, exgerente general de IECSA, la empresa constructora que perteneció a la familia del presidente Mauricio Macri.Claudio Javier Glazman, director de Sociedad Latinoamericana Inversiones; Jorge Guillermo Neira, el número dos de Ferreyra en Electroingeniería; Armando Roberto Loson, presidente del Grupo Albanesi; y Carlos Mundín, presidente de BTU. 
 
Mientras la Justicia investiga cómo funcionaba el mapa de recolección de coimas y la distribución del dinero. La mayoría de las veces, Baratta buscaba el efectivo en hoteles de Puerto Madero o en diferentes puntos de la Capital Federal.
 
Detrás del volante iba siempre Centeno, el hombre clave para destapar esta historia oculta. El propio De Vido y su mano derecha entregaban la recaudación cuando el monto era "importante", es decir, si superaba los dos millones de dólares, siempre según las anotaciones del chofer en sus cuadernos, que hoy están en manos de la Justicia.
 
En esas oportunidades el auto se dirigía directamente hacia la quinta presidencial de Olivos o al departamento ubicado en Juncal y Uruguay. Allí, quien recibía el paquete era Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner.
 
El ministerio de De Vido fue uno de los pivotes de esa corrupción pues su cartera comprendía, entre otras áreas, las de Obras Públicas (a cargo de José López, famoso por otros bolsos, que llevó a un convento antes de caer preso), Transporte (con Ricardo Jaime) y Energía (con Daniel Cameron). Del ministerio también dependían las concesiones.
 
Pero este caso, como el de tantos otros de corrupción involucra tanto a funcionarios como a importantes empresas y empresarios sin los cuales no podría haberse consumado el delito: la pata estatal y la privada.
 
Entre los empresarios cuya detención se ordenó se encuentran algunos que se desempeñaron en la obra pública, como Carlos Wagner y Javier Sánchez Caballero, quien se desempeñó en la empresa constructora que perteneció a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri; en el rubro energético, donde estaría comprometida Electroingeniería, que protagonizó un tan sospechoso como exponencial crecimiento en aquellos años.
 
Ahora el juez Claudio Bonadio cita a indagatoria al empresario de la construcción Aldo Roggio, del Grupo Benito Roggio e Hijos SA, para el día 14 de agosto a prestar declaración indagatoria en el marco de la investigación por los cuadernos de las coimas.
La sede central de la compañía del empresario, mencionada en los cuadernos, fue allanada la semana pasada.
 
El titular de BRH quedó imputado como partícipe necesario de la asociación ilícita que según el fiscal Stornelli, comandaban Néstor y Cristina Kirchner. Desde el entorno del empresario aseguraron que está dispuesto a "colaborar al máximo con el proceso" y que "no está decidida" la posibilidad de presentarse como arrepentido".
 
En total, hasta el momento hay más de 23 firmas de la construcción y del sector energético investigadas en este expediente y ya son 5 los empresarios que se acogieron a la figura del imputado colaborador (Ángelo Calcaterra (ex dueño de Iecsa), Javier Sánchez Caballero (ex CEO de Iecsa), Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux), Héctor Zabaleta (ex director de Techint), Armando Loson (Albanesi); además del exchofer de Baratta).
 
Los empresarios que se convirtieron en arrepentidos admitieron el aporte de dinero para campañas electorales del Frente para la Victoria.
 
Sin embargo, según señalaron fuentes judiciales, a medida que avanzan las declaraciones de los imputados colaboradores, la "maniobra se va completando con más datos: muchos empresarios admitieron que pagaban en períodos donde no había campaña y que había presiones para garantizar la continuidad de sus compañías".
 
Se espera que en las próximas horas, Carlos Wagner termine de negociar su acuerdo para declarar como arrepentido. También Jorge Neyra, director comercial de Electroingeniería, busca cerrar un acuerdo con el fiscal Stornelli. Y Gerardo Ferreyra, también de Electroingeniería, ampliará su indagatoria, pero con la estrategia de que sus aportes de campaña eran de manera voluntaria.
Es probable que en la causa queden menos imputados que arrepentidos.
 
En este marco, circularon rumores que afirman que Mauricio Macri mantiene una vieja desconfianza con varios de los pesos pesados de la construcción local, por lo que pretendería darle el grueso de la obra pública a firmas grandes de Estados Unidos, y que las locales queden como socias en un segundo plano. En otras palabras, que busque barrer a la "patria contratista".
 
Aunque las urgencias de la economía mandan y no queda otra que intentar agilizar al sector con los históricos actores locales. Por eso, la apuesta habría sido incorporar a los internacionales a través del programa de Participación Público Privada, que en su primera experiencia incorporó tímidamente a empresas extranjeras. Ahora, con la necesidad de ajustar fuerte el gasto público, los PPP son la principal esperanza del Gobierno para mantener la actividad y para eso necesita sí o sí seducir a firmas foráneas.
 
En ese contexto es que este escándalo amenaza con salpicar a todos los empresarios que hicieron negocios durante el kirchnerismo, es decir a todo el "club de la obra pública". 
 
En los operativos ordenados el miércoles por el juez, hubo allanamientos en 30 empresas del sector de la construcción, incluidas algunas de las más importantes como Techint, Roggio, Corporación América, Supercemento y MSU. Además de las más complicadas en la causa como Electroingeniería, Iecsa, Isolux, Albanesi y Esuco. 
 
En algunas de las empresas allanadas comentaron que no saben de qué los acusan Bonadio y Stornelli, y repiten que no les dieron precisiones de lo que estaban investigando. Incluso, en uno de los grupos contaron que los efectivos que hicieron el operativo no tenían claro en cuál de las firmas tenían que solicitar la información y prácticamente se fueron con las manos vacías. 
 
En paralelo crece la preocupación por el futuro de sus negocios. Por un lado, por la sensación de que el Gobierno quiere correr a firmas locales de obras importantes como las represas de Santa Cruz, donde pretenden desplazar a Electroingeniería. 
 
Por otro, porque al estar involucrados en este causa se podría complicar su acceso al mercado, como en el caso de los PPP. Un actor importante del sector desparramaba furia en los últimos días por las explicaciones que tendrá que darle a sus accionistas. 
 
Lo cierto es que por ahora la causa está complicado la economía. "Se está haciendo más difícil el financiamiento para el sector privado y eso pega sobre toda la economía", explicó Juan Luis Bour esta mañana en diálogo con 'Radio Milenium'.
 
 

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