LUNES 13/08

Misión clave del FMI, entre el brete financiero de Trump y los cuadernazos de Centeno

¿Quiénes pagan el brete financiero de Donald Trump y los cuadernazos de Oscar Centeno? Retenciones al campo, no. Más presión impositiva a grandes contribuyentes, no. Menos asignación para obras públicas, no. Transporte, logística, servicios públicos... Jubilaciones y salarios estatales… (llenar los puntos suspensivos). El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, espera a la comitiva auditora de Washington con el hecho consumado de un recorte presupuestario extra para el año en curso, de buena voluntad, superior al 25%, que consiste en trazar una línea efectivamente en las partidas hasta lo que se hayan ejecutado. O sea que las transferencias a los organismos que Hacienda viene pisando desde principios de 2018 definitivamente no habrán de concretarse y cada uno tendrá que arreglarse con lo que hay. El italiano Roberto Cardarelli y los FMI boys quieren que la Administración Macri les explique cómo piensan meter el déficit primario en el 1,3% del PBI comprometido para 2019, más por el brete internacional que imponen las restricciones de Trump para conseguir financiamiento adicional en los mercados de capitales, que por las convicciones ortodoxas clásicas del Fondo, pero mientras punteará los números del trimestre para liberar los US$3.000 millones trimestrales que debe desembolsar el Fondo Monetario Internacional desde mediados del mes que viene y abrir la siguiente revisión para autorizar otros US$ 3.000 millones en diciembre, que Luis Caputo necesita como el agua para tapar los agujeros semanales que legó la bicicleta trunca del denominado gradualismo. Habrá que ver también el recálculo que se haga del PBI sobre el que se basaron todas las metas por la repercusión judicial en el financiamiento de las obras PPP.

Si pone el gancho la  misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que viene al país a auditar el cumplimiento de las metas trimestrales acordadas en el crédito stand by desde el martes 13 al jueves 22 de agosto, Luis Caputo dispondrá dentro de un mes de los US$3.000 millones pautados por el organismo, siempre que las cuentas pasen la revisión.

Superada esta instancia, en diciembre estaría en condiciones de recibir otra suma similar, obviamente que después de conseguido de nuevo el visto bueno en la siguiente revisión trimestral, aunque hasta entonces mucha agua pasará debajo del puente, por ejemplo la incidencia que tendrán los cuadernazos en la economía del país y su proyección.  

En el contexto, cuenta a favor, el gobierno de Mauricio Macri con el espaldarazo político de Washington transmitido por la jefa del FMI, Cristine Lagarde, para que la aquiescencia de los técnicos guíe la lectura que hagan de los números, lo mismo que acaban de dar una autorización para que, en estos días de presión cambiaria originada por la política de USA, el Banco Central pueda manejar derrapes controlados en la limitación que rige, según el acuerdo, para el uso de reservas destinadas a que no se escape el dólar ante corridas transitorias.

En contra, se cierne la agorera repercusión en los mercados de capitales que tuvo el inicio de la versión criolla del Lava Jato brasileño. Además de elevar el riesgo país a su mayor marca histórica, preludia un impacto mayor en la actividad económica que repercutirá en todos los cálculos de las variables previos al acuerdo con el FMI relacionados con un PBI de tenue signo positivo o en el mejor de los casos neutro.

Una de las consecuencias directas de los cuadernazos sería la reducción de hecho de la inversión pública, incluidos la que se hace bajo PPP, que en su momento el Fondo recomendó apuntalar aunque fuese con mayores aportes del Estado, siempre que se compensen con otros ahorros: los gastos previsionales, los subsidios a la energía y el transporte, y hasta una reforma laboral. O sea recorte en jubilaciones y salarios y tarifazos, una alternativa de ajuste más piantavotos que otra, en vísperas de un año reelectoral para Cambiemos.

Por lo que ha ido trascendiendo, la primera misión del Fondo, encabezada por el italiano Roberto Cardarelli, desconfía de que, bajo las actuales circunstancias, sea factible que se cumpla el compromiso de lograr el 1,3% de déficit fiscal primario final para el año próximo.

Las preguntas presumiblemente irán dirigidas, por el lado del gasto, al aumento nominal que registraron los subsidios energéticos y el transporte al atenuarse la transferencia a los usuarios de servicios públicos vía tarifazos y morigeración en las subas de los combustibles en los surtidores, que los atrasaron un 15%.

Y por el flanco de los ingresos, querrán saber de dónde saldrá el dinero que no entre por la propuesta que habían hecho y fue rechazada por la Casa Rosada: suspender la baja de las retenciones de la soja.

No se ven demasiadas variantes, e inclusive gobierno y Fondo coinciden en que no es posible avanzar más sobre la presión impositiva neta, que en realidad acordaron que del 58% actual debería ubicarse en un 50%.

Decisiones administrativas

Antes que arribe la delegación de Washington, la Jefatura de Gabinete amplió en $ 9.683 millones el Presupuesto Nacional de este año, según una decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial: $ 3.093 millones son para pagar intereses y comisiones de la deuda pública.

Pero al mismo tiempo contiene refuerzos para cajas y partidas militares y de fuerzas de seguridad, penitenciarias y bomberos, todas de un modo u otro relacionadas con el tormentoso 2do semestre en ciernes.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, estampó su firma en el decreto pero al mismo tiempo, tal como anticipó el periodista Marcelo Bonelli en el panorama empresario que escribe para Clarín, hizo pelito para la vieja con las subejecuciones de los distintos organismos estatales en lo que va del ejercicio, estimadas en más de un 25% de lo que consta en el Presupuesto vigente.

En la práctica, convirtió en definitivo un recorte en la remisión de fondos que Hacienda venía efectuando mes a mes y en casos, como ante el reclamo universitario por la asfixia a la que se sometía a sus administraciones, negaban que se tratara de un ajuste. Ahora lo es.

Es un nuevo punto de partida fiscal que el ministro Dujovne intenta establecer a partir de la primera auditoría del stand by, que empieza la semana próxima, a fin de trasladar ese margen ahorrado y distribución precocida a los cabildeos del borrador presupuestario del año que viene de engorrosa negociación con los gobernadores.

Como los bancos seguramente adoptarán una postura cauta en el financiamiento de las nuevas obras por PPP hasta que se eche cierta claridad judicial sobre las que están en marcha, el ritmo de actividad dependerá de los recursos que inyecte el Estado con anuencia del FMI, necesidad que, por otra parte, arrima una cuota de poder extra al gobierno nacional para negociar con las provincias ese plus compensatorio.

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