HASTA QUE EL DÓLAR SE CALME, LAS TASAS BAJEN, ETC. ETC.

La revisión salarial de las paritarias, en lista de espera

Las paritarias quedaron atrapadas entre el dólar abajo de $20 anterior a que se desatara la crisis financiera, cuando el gobierno fijó el tope del 15% que suscribieron los Gordos al principio; el de $24 a que se disparó en la primera fase de la corrida, con la inflación ya desplazada al 25% en pleno cierre de convenios aún pendientes, como el de Camioneros, y el actual de $37 en más, con un IPC para todo el año proyectado arriba del 35%. Salvo en muy pocos casos en que se acordaron aumentos automáticos que reintegran con delay inflación excedente, casi la totalidad del medio millar de convenios colectivos apenas tiene alguna salvaguarda de revisión, no gatillo. De hecho, debería implicar un llamado a renegociar, aunque sobre una mesa acotada por la recesión y el incremento en la desocupación. Ecolatina estimó que el salario real registrado cedería en promedio 6% respecto de 2017 (empleados públicos -8%, privados -4,5%), sustento de la estrategia de licuar gastos para adecuar la economía nacional a la devolución de los préstamos que busca afanosamente el gobierno, entre el FMI y Wall Street, para pagar el endeudamiento que generó y ocupa casi el 80% del PBI, ya que el déficit primario de 2019 recalculado no requerirá financiamiento alguno. La revisión de las paritarias cuya cláusula lo habilita signará, en el mejor de los casos, el último trimestre del año, pero la relación de debilidades (ya no de fuerzas) dejará al desnudo que la centrifugación de los ingresos de los asalariados constituye el pilar del plan de estabilización debido a las malas praxis propias, heredadas e importadas en crudo del mundo. Las estadísticas, lamentablemente para el gobierno, parecen dar la razón a la propaganda kirchnerista de que se estaba mejor con CFK: según Ecolatina, si se cumplen las proyecciones actuales, el salario real formal se ubicaría 9% por debajo de las elecciones de 2015.

El tope del 15% a las paritarias formó parte del replanteo económico que el gobierno de Mauricio Macri implementó después de la victoria electoral del medio término en octubre, que comprendió el anuncio de cambio de las reglas de juego financieras del 28 de diciembre que resultó ser el puntapié inicial del quiebre de la relación con los mercados.

En ese momento, la mayor parte del sindicalismo sacrificó en el altar de los triunfadores en los comicios la salvaguarda de la cláusula gatillo que podría cubrir de eventuales desvíos de las metas inflacionarias en que basaron ese virtual techo, sin necesidad de sentarse de nuevo a negociar.

Fue en general reemplazada por un eufemismo: revisión, que sólo abre la posibilidad de rever la carrera precios-salarios sin carácter resolutivo.

Aún no se sabe cómo irá llegando a un Índice de Precios al Consumidor (IPC), que ya venía indexado de la mano de las tarifas, la devaluación del 100% acumulada en los primeros 8 meses del año, pero en el mejor de los casos el año no cerrará debajo del 36%.

La consultora Ecolatina advirtió que, sin reapertura generalizada de paritarias, las remuneraciones en términos reales podrían resignar caer en promedio más de 12% en el 2do semestre.

Salvo convenios excepcionales como el de Sanidad, que al comando de Héctor Daer firmó el 27,5% con gatillo, todos los otros dependen de ser llamados a considerar si se reconoce, y en cuánto, o no, una readecuación de los acuerdos vigentes.

Un plan de ajuste contingente como el que se trata con el Fondo Monetario Internacional no contempla la recuperación del salario, sino todo lo contrario: su licuación constituye una de las condiciones centrales para que cierre la constipación numérica.

Ecolatina estimó que este año el salario real registrado cedería en promedio 6% respecto de 2017, contracción liderada por los empleados públicos (-8% interanual). La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores privados registrados, en tanto, rondaría el 4,5%.

El marco recesivo de la economía en que se produce ese retroceso que pronostica la consultora fundada por los Lavagna agrava el cuadro de los ingresos laborales de los trabajadores informales, "ya que la recesión destruirá puestos de trabajo limitando sensiblemente su poder de negociación", se explica en el informe difundido a la prensa.

Causa y efecto a la vez será la desocupación que, según el economista Mariano  Kestelboim, no será este año inferior al 10%, hecho que, afirma, condicionará paritarias cualquiera sea el formato que tengan. “Una vez más en modelos como el vigente, la variable de ajuste son los trabajadores”, concluyó.

Ecolatina llama al gobierno a la reflexión: "Dado que dicha contracción del poder adquisitivo sería muy nociva para el consumo interno, acrecentaría la conflictividad social y minaría su imagen pública, el Ejecutivo tiene incentivos para apoyar la reapertura de las paritarias", aconsejó.

En ese caso, de todos modos, previene que los aumentos podrían llegar recién en el 4to trimestre luego de que la suba de precios acumule cerca de 13% en el período julio-septiembre, "por lo que la contracción del salario real sería igualmente significativa".

La perspectiva, apunta, es que el salario real de los trabajadores formales caiga en promedio 10% interanual durante la 2da mitad de 2018, "pese a los ingresos adicionales conseguidos (sumas fijas, aumentos o adelantamiento de subas)”.

Resultados paritarios

Un relevamiento de los convenios efectuado por BAE Negocios del grupo Crónica da cuenta que, entre los que menos mal se posicionaron, se encuentran:

-los bancarios, que ampliaron sueldos en línea con la inflación oficial acumulada, 28% desde diciembre. Con el bonus track de lo obtenido por la pérdida de poder adquisitivo de 2017 lograron el 32,43%;

-los custodios privados (Sutcapra) arreglaron en un 28% en un solo tramo, sujeto a revisión si la inflación supera ese número;

-los telefónicos, entre 16,5% en julio y 10% para enero, sumaron 26,5%, que con el bono sectorial de $28.500 iría al 27% y 28% según categorías.

En torno del 25% quedaron, entre otros:

-los universitarios, que acaban de aceptar un aumento de entre el 24 y el 26 %, según los cargos, con revisiones en diciembre y en febrero;

-Camioneros, conducido por Hugo Moyano, que pactó un aumento salarial del 25,03%;

-los mercantiles liderados por Armando Cavalieri, que hicieron punta en la secuencia de revisión paritaria,y les permitió pasar del 20% original al 25% para volver a sentarse en enero a ver la evolución de los indicadores;

-los choferes de micros y colectivos, de UTA, que consiguieron 10% por sobre lo homologado por la cartera de Trabajo y  llegaron así a un 25%;

-los remiseros, que andan por ahí luego de acordar en julio una recomposición 26% en tres tramos y cláusula de revisión en diciembre próximo;

-las trabajadores/as de casas particulares, que acordaron 25% a abonarse en 4 tramos, más una cláusula de revisión;

-el Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación (STIA), que cerró en 24%, pero consiguió que se aplique la cláusula gatillo de 2017 por un 1,5% adicional;

-el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas, que al 25% inicial le agregó un bono de fin de año $ 12.500, con cláusula de revisión en febrero;

- los empleados de call centers, representados por la Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contacto (Atacc), que acordaron 25%: al 15% de la primera instancia añadió 10% extra por revisión paritaria.

Por debajo de la cuerda del 25% figura la Federación Nacional de Trabajadores Aceiteros, que logró activar la revisión paritaria que le permitió elevar el piso salarial: un 19% que con un plus por presentismo se calcula que va al 22%;

Relegados bajo la suela del zapato oficial quedaron:

-los estatales enrolados en UPCN, que recibirán dos sumas fijas remunerativas y no bonificables de $2.000 y $4.000, para agregar a los sueldos de octubre y noviembre que venían con el 15% en 3 cuotas firmado con Andrés Rodríguez en junio pasado, a cambio de un cese de despidos por 60 días;

-la UOCRA de Gerardo Martínez, que el recorte de obra pública, la pérdida de puestos de trabajo y los cuadernos sepultaron en el 15% en 2 cuotas inicial, sin demasiado margen para reclamar revisiones;

-el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, que es uno de los pocos sindicatos que aún no cerró su paritaria, en el medio de la incertidumbre sobre cómo sigue el PPP con las licitaciones ya adjudicadas. En los últimos días, rechazaron la oferta de un aumento del 15% sin cláusula gatillo;

-el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que en el medio del escándalo gremial portuario había cerrado una paritaria semestral en dos tramos, topeteada en el 15%, y encara un repechaje de suerte incierta en la negociación del 2do semestre.

Casos paradigmáticos que reflejan directamente el modelo económico implementado desde la Casa Rosada son los convenios ligados con el megaproyecto de Vaca Muerta y la reconversión de la industria metalmecánica.

Una de las condiciones acordadas con las compañías petroleras para que invirtieran en la extracción de petróleo y gas fue la flexibilización de los convenios laborales y la competitividad de esos costos. De ahí que el sindicato del Petróleo de La Pampa, Río Negro y Neuquén había aceptado en julio un adicional del 5% al 15% suscripto bajo el techo oficial que abrió la mesa salarial 2018.

En cuanto a los gremios involucrados con regímenes promocionales que fueron modificados, como el de Tierra del Fuego con la industria electrónica, y a talleres proveedores de terminales automotrices, maquinaria agrícola y otras fierreras, que arbitraron entre la producción local y la importación, se encuentran en un tira y afloje de pronóstico reservado: uno de los gremios más numerosos, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), liderada por Antonio Calo, lo mejor que consiguió de las paritarias tras conciliaciones obligatorias por paros y otras medidas de fuerza, fue un 18,5% sin cláusula gatillo, y sigue en pie de lucha porque acaba de rechazar una oferta empresaria de 5% adicional.

El Sindicato de Mecánicos (SMATA) participa de mesas sectoriales con la industria automotriz en las que se relacionan las remuneraciones con los incrementos de producción, y a nivel general se fijan los aumentos cada 3 meses, con porcentajes móviles.

Del singular entendimiento entre patronos y trabajadores del gremio mecánico da cuenta que Argentina sea el país de la región que más robótica introdujo en las plantas ante la permisividad gremial por la sustitución de mano de obra que trae aparejada.  

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