VUELVE EL RUMOR DE CAMBIOS EN EL GABINETE

Inevitable salida del secretario Etchevehere

Obtenido el 'waiver' de parte del Fondo Monetario Internacional, Mauricio Macri ensayaría algunos cambios de verdad en su Administración, según se afirma entre empresarios de contacto directo con el Presidente. Sería un alivio para el secretario Luis Miguel Etchevehere no tener que marcharse solitario, ya que él mismo sabe que sus días están contados en la gestión de la que tanto buscó participar.

En la Sociedad Rural Argentina una mayoría calificada de socios tiene la convicción de que, en la causa caratulada "Etchevehere Luis Miguel s/cohecho activo", no sucedió aún la renuncia del imputado tan solo porque luce clemente Marcelo Martínez de Giorgi, titular de Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 5 (por decirlo de alguna manera discreta).

Sin embargo, afirman los que saben, que todo luce muy complejo, desde que Martínez de Giorgi le tomó declaración testimonial a un grupo de participantes de la Sociedad Rural (SRA) que en noviembre 2017 rechazaron el pago de $500.000 (¿o acaso es verdad que fue un monto bastante superior?) a Etchevehere, tal como si fuese un resarcimiento a quien asumiría el por entonces Ministerio de Agroindustria, hoy devaluado a Secretaría de Estado.

Ellos agregan que le había resultado muy incómodo al juez conocer los detalles de la votación del 14/11/2017 (14 votos a favor y 11 en contra), por la que se dispuso el pago al hoy funcionario, por entonces ruralista, de dinero depositado 48 horas después.

Al parecer, el abogado Leonardo Martínez Herrero, quien a fines de diciembre 2017 denunció a Etchevehere y en febrero 2018 se presentó en el mismo Juzgado para ratificarla, ha logrado finalmente arrinconar al hoy todavía funcionario de Mauricio Macri en un tema en que la propia Oficina Anticorrupción (OA) dictaminó que se violó la Ley de Ética Pública.

Y todo se complicó cuando apareció Dolores Etchevehere, patrocinada por Santiago Yofre, y dispuesta a cobrarse cuentas pendientes con su hermano, aportando documentación sobre un posible incremento patrimonial de 505% en 1 año.

Pero todo esto es mejor dejarlo de lado. En septiembre 2018 el tema que amenaza a la cabeza del funcionario público es la transferencia de información financiera calificada a algunas personas de su confianza.

Deberá recordarse que no es una afirmación baladí sino que lo reconoció su jefe de Gabinete, Santiago del Solar, quien le dijo con cierto desparpajo a Cristian Mira, periodista del diario La Nación, el 05/09/2018: "Sí, fui yo quien se comunicó con el autor del audio" (Francisco Lugano, presidente de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Exprimentación, Aacrea).

El colega Mira acababa de preguntarle si el polémico audio por Whatsapp -contenido en el que se anticiparon las medidas que difundiría más tarde la Administración Macri, tales como un cambio en el esquema de derechos de exportación o retenciones- había sido originado o no por el gabinete de Etchevehere.

"Por decisión del Gobierno nos comunicamos el domingo a la noche con los presidentes de las entidades agropecuaras para informarles sobre la medida que se iba a tomar. El ministro Etchevehere llamó a algunas y yo a otras", afirmó el tal Del Solar.

¿Quién podría corroborar semejante afirmación? ¿Mauricio Macri? ¿Marcos Peña? ¿Dante Sica? (los 3 superiores que tiene Etchevehere ahora que ya no es ministro).

Si se solicitaran precisiones a Macri o a Peña o a Sica de la instrucción/autorización supuesta a Etchevehere, ¿qué dirían ellos? ¿Acaso resultaría que el exministro hoy secretario realizó una acción por despecho ante la licuación, y convencido de que en horas más se marcharía a su casa? Impensable suponer que el motivo de la filtración fue asegurar algún beneficio a amigos. Podrán sostenerlo otros, jamás Urgente24.

No obstante, hay casi una certeza de que cuando Etchevehere y Del Solar anticipaban las noticias a quien lo transmitiría a su grupo en el sistema de chat Whatsapp, ellos habían mantenido abierto el Registro de Declaración de Ventas al Exterior de granos y derivados, o DJVE (¿se olvidaron de cerrarlo?), lo que permitió liquidar posiciones pagando menos retenciones.

Precisión: El registro recién se cerró el viernes (alrededor de las 14:00), antes del lunes en que se lanzaron las medidas económicas. Pero estuvo abierto todos los días previos (miércoles, jueves) cuando ya era previsible que sucedería lo que ocurrió y se reflejaba en la corrida cambiaria: el gobierno iba a adoptar un plan B, con una suba de los derechos de exportación o retenciones. Todas esas operaciones de compra-venta previo al cierre del registro de exportaciones son legítimas, pese al reclamo de Etchevehere a los exportadores.

Por supuesto que provoca sorpresa que la Oficina Anticorrupción, que dirige la controvertida politóloga Laura Alonso, no haya intervenido de oficio en un tema en el que las sospechas abundan acerca de irregularidades cometidas. Notable afán el de Alonso por conseguir que su gestión resulte olvidable.

Los llamados telefónicos reconocidos por Etchevehere y Del Solar, anticipando en la tarde de un domingo a algunos productores agropecuarios el contenido de los anuncios gubernamentales que se difundirían el lunes, son hechos muy comprometedores en el marco del Código de Ética en la Función Pública, capítulo IV "Principios particulares".

Varios funcionarios de la OA han murmurado que la inacción podría resultarle gravosa a la mencionada Alonso, y recuerdan:

> "Artículo 19. Discreción. El funcionario público debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan el secreto o la reserva administrativa".

> "Artículo 41. Conflicto de Intereses. A fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el funcionario público no puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo. Tampoco puede dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios o que sean proveedores del Estado, ni mantener vínculos que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por el órgano o entidad en la que se encuentre desarrollando sus funciones".

Artículo 35 de la Ley de Ética Pública N°25.188/99,que modifica el artículo 265 del Código Penal, que dice: "Será reprimido con reclusión o prisionb de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesara en miras de un beneficio propio o de un terceero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".

Jaque mate.

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