La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España ha pedido explicaciones a Telefónica sobre posibles casos de corrupción que está investigando en varios países que ha evitado especificar, por ahora.
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Telefónica, la corrupción y los corruptos
Cuando Telefónica presentó su Informe de Auditoría, un documento de 700 páginas que corresponde al ejercicio 2017, advirtió a la española CNMV (Comisión Nacional de Mercados de Valores) que estaba llevando a cabo “unas investigaciones internas en varios países sobre posibles infracciones de las leyes contra la corrupción”, en contacto con las autoridades de esos países. No era posible entonces, febrero de 2018, “predecir el alcance o la duración de estos asuntos, o su resultado probable”, decía el texto. La CNMV requirió a Telefónica para que explique el caso de forma más detallada. La operadora afirma que el resultado de esas pesquisas, que siguen en marcha, no afectará a su situación financiera.
La compañía presidida por José María Álvarez-Pallete, informó en su informe de auditoría del 2017: "Actualmente la compañía está llevando a cabo unas investigaciones internas en varios países sobre posibles infracciones de las leyes contra la corrupción. La compañía ha estado en contacto con autoridades gubernamentales en relación con estos temas y tiene intención de cooperar con ellas a medida que prosigan las investigaciones. No es posible en este momento predecir el alcance o la duración de estos asuntos, o su resultado probable".
Sin embargo, en su respuesta con fecha 20/09 al requerimiento de la CNMV sobre las “investigaciones en varios países”, la operadora no especificó ni dónde se han llevado a cabo esas investigaciones ni si como consecuencia de ellas se ha tomado alguna medida. Fuentes cercanas a Telefónica han informado que se trata de investigaciones de casos fuera de España.
Telefónica respondió al supervisor. Por ejemplo, el estado de las investigaciones y el “impacto potencial sobre el patrimonio del Grupo, así como si se ha realizado alguna provisión al respecto”.
Telefónica sostuvo que las investigaciones siguen en marcha, en cooperación con las autoridades gubernamentales, pero que “no es posible en este momento predecir el alcance o la duración de estos asuntos, o su resultado probable”.
En todo caso, la empresa minimizó el impacto de posibles sanciones derivadas de esas investigaciones. “Cualquier potencial sanción como resultado de la resolución de esas investigaciones no afectaría de forma material a la situación financiera del grupo considerando su tamaño”.
La CNMV pidió a Telefónica que le informase sobre el estado actual de las investigaciones y su impacto potencial en el patrimonio del grupo, así como si había realizado alguna provisión para afrontar el posible perjuicio económico que le podrían causar. La empresa le ha asegurado que sigue cooperando con las autoridades y que las investigaciones siguen en marcha.
"Aunque no es posible en este momento predecir el alcance o la duración de estos asuntos, o su resultado probable, consideramos que cualquier potencial sanción como resultado de la resolución de estas investigaciones no afectaría de forma material a la situación financiera del grupo considerando su tamaño", ha añadido.
Riesgos
La CNMV también requirió a la firma que le especificase los riesgos a los que se enfrenta por estos posibles casos de corrupción. La compañía le reconoció que se enfrenta a posibles "sanciones financieras" y la "resolución de contratos públicos", así como a daños en su reputación y "otras consecuencias que podrían afectar de forma negativa a los negocios, los resultados operativos y la situación financiera del grupo".
A petición del supervisor, la operadora también ha sostenido que cuenta con "controles y procedimientos" para prevenir la corrupción y que a principios de 2016 creó un área de cumplimiento, cuyo función principal consiste en prevenir estas prácticas.
En la misma línea, ha apuntado que cuenta con un código de conducta y una política anticorrupción con medidas como "directrices en materia de ofrecimiento y aceptación de regalos e invitaciones", "sistemas de reporte en situaciones de conflicto de interés" y garantías en los contratos.
La CNMV pide también a la operadora que describa los riesgos que puedan derivarse de esas investigaciones, que telefónica resume en "sanciones financieras", la posible "resolución de contratos públicos", daño a la reputación o "otras consecuencias que podrían afectar de forma negativa a los negocios, los resultados operativos y la situación financiera del grupo".
Telefónica incluye, también a petición explícita del supervisor, sus mecanismos de control interno para evitar casos de corrupción. La empresa española afirma que cuenta con esos "controles y procedimientos" preventivos y a posteriori que aplican y gestionan distintos departamentos de la empresa: el área de auditoría interna, la jurídica, la de sostenibilidad o la de cumplimiento, creada a principios de 2016.
En este sentido, recuerda la existencia de un código de conducta y una política anticorrupción, que incluye "directrices en materia de ofrecimiento y aceptación de regalos e invitaciones", "sistemas de reporte en situaciones de conflicto de interés" y garantías en los contratos. En todo caso, afirma que "ha instaurado determinados controles y se encuentra definiendo e implementando otros adicionales".
Asimismo, ha asegurado que está definiendo e implementando otros controles adicionales. La empresa ha admitido, con todo, que no puede garantizar que esta normativa y procedimientos sean suficientes o que sus empleados no actúen infringiendo la normativa y procedimientos del grupo.
"En definitiva, en los últimos años el Grupo Telefónica ha venido mejorando e incrementando los controles y procedimientos de prevención y lucha contra la corrupción y el soborno en una suerte de evolución natural, aprovechando con ello al objeto de las investigaciones internas mencionadas anteriormente", concluyó.