PRIVATIZACIÓN

Termoeléctricas: Tras el escándalo, el Gobierno podría dejar desiertas las licitaciones

Esta tarde se reúne el directorio de IEASA para definir acerca de la preadjudicación en las licitaciones para las centrales termoeléctricas Brigadier López y Ensenada de Barragán, mientras la Justicia investiga una denuncia contra el propio Mauricio Macri por la venta a precio "vil" de ambas usinas. Según trascendió, el Gobierno podría descalificar las propuestas que YPF y Central Puerto -de Nicky Caputo- presentaron para quedarse con Ensenada Barragán por no cumplir con los términos y plazos previstos en el pliego. De ser así, la licitación quedaría desierta. En el caso de la central Brigadier López, la oferta de Central Puerto cumplió con los requisitos pero hay dudas sobre si igual avanzar con la privatización, pues la compañía fue la única oferente.

Ahora se conoció que, probablemente, el directorio de IEASA (ex Enarsa) descalifique las propuestas que YPF y Central Puerto presentaron para quedarse con la central Ensenada Barragán por no cumplir con los términos y plazos previstos en el pliego. De ser así, la licitación quedaría desierta.

En el caso de la central Brigadier López, la oferta de Central Puerto cumplió con los requisitos establecidos pero hay dudas sobre si igual avanzar con la privatización, pues la compañía fue la única oferente.

Según publica EconoJournal, el directorio de IEASA se reunirá este martes (19/02) a las 17.00 y se espera una definición al respecto.

Cabe destacar que pese a haber recibido dos ofertas, la licitación de Ensenada Barragán quedaría desierta porque ninguna de las firmas respetó las exigencias del pliego. YPF ofertó US$229 millones, el precio más bajo, y cancelar la deuda que la central mantiene con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la Anses, pues la central fue construida durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con un préstamo del FGS.

El problema es que la petrolera controlada por el Estado Nacional propuso un canje de deuda por la central. Es decir, que el Estado salde parte de la deuda que tiene con la compañía -por el incumplimiento del Plan Gas correspondiente al año 2017, unos US$840 millonesotorgándole la central térmica. Pero esta propuesta vulnera los criterios establecidos en el pliego ya que no contempla el canje de deuda como modalidad de pago.

Fuentes del mercado eléctrico consultadas por EconoJournal sospechan que la oferta de YPF en realidad solo buscó validar una licitación que venía complicada porque solo Central Puerto figuraba entre los oferentes. Al sumarse YPF, al menos la puja por la central principal recibió dos ofertas.

De este modo, solo Central Puerto seguiría en carrera pero su oferta también presenta inconvenientes porque no cumplió con los plazos previstos en el pliego al momento de demostrar el financiamiento para avanzar con la operación. 

Por otra parte, con respecto a la central Brigadier López, Central Puerto se quedaría con la licitación aunque hay una chance de que se decida no adjudicarla porque la firma fue la única que se presentó y realizó una oferta apenas por encima del precio base.

Recordemos que por la venta de estas dos centrales, hay una causa en la Justicia. La denuncia había sido realizada por diputados del Frente para la Victoria en noviembre pasado, y quedó a cargo del juez Daniel Rafecas e investiga el fiscal Gerardo Pollicita. 

Según los diputados kirchneristas que realizaron la denuncia penal, la construcción de las centrales termoeléctricas Brigadier López y Ensenada Barragán costó alrededor de US$1.000 millones pero su precio de venta fue establecido en la mitad de ese valor sin que se haya explicado de manera consistente las razones para ello. Además, denuncian que Macri le pagó, en carácter de indemnización, $1.600 millones a Iecsa y a Isolux, empresas encargada de las obras, por rescindirle el contrato a fines de 2016. Iecsa era la compañía del primo del Presidente, Angelo Calcaterra.

Las privatizaciones fueron establecidas por el decreto 882/2017, publicado el 1° de noviembre de 2017 y firmado por el propio presidente Macri.

La central Barragán fue tasada por el Estado en más de US$305 millones y un monto mínimo de oferta en efectivo de US$229 millones; mientras que para Brigadier López, la valuación oficial fue de US$207 millones con un mínimo de oferta en efectivo de 155 millones de dólares. En total, serían casi US$400 millones menos que el valor real de las usinas.

“¿Cómo puede admitirse que el Estado Argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 -Barragán- y 110 -Brigadier López- millones de dólares menos de lo que valían en 2012?”, se preguntaron los denunciates.

Y advirtieron que “en el proceso licitatorio ocurrieron numerosas irregularidades, como que Iecsa -que junto a Isolux había ganado la licitación para la construcción de las centrales- dejó sin terminar las obras y fue indemnizada con 1.600 millones de pesos por el Estado durante la actual presidencia de Mauricio Macri”.

“Resulta evidente que los antiguos empleados de la familia Macri han sido allí designados para direccionar y/o influir sobre el procedimiento de privatización de las centrales térmicas y favorecer económicamente a distintas personas cercanas al Presidente”, añadieron.

Recordemos que originalmente se había convocado a oferentes que fuesen operadoras con experiencia acreditada en el área energética, pero luego Iguacel abrió la posibilidad de que puedan ingresar fondos de inversión especulativos, como LoneStar (cuyos representantes en argentina son los ex funcionarios del FGS Luis María Blaquier y Enrique Boilini), PointState (el fondo estadounidense que más negocios ha hecho con el gobierno de Cambiemos) y TGLT (la sociedad que en 2018 compró la histórica constructora de Caputo), consigna la denuncia.

Dos gerentes de Iecsa, Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini, que eran los directores técnicos de las plantas durante su construcción, pasaron a trabajar como integrantes del comité directivo de Enarsa (hoy absorbida por IEASA) inmediatamente después de la rescisión en 2016.

Enarsa, hoy IEASA, es el organismo encargado de llevar adelante el proceso de venta de las centrales, con lo que -según los denunciantes- estuvieron de los dos lados del mostrador, asegurando que el proceso concluya en las manos adecuadas.

 

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