Avanza el reclamo de UPCN ante el Tribunal internacional de DDHH

El Tribunal de Derechos Humanos de San José de Costa Rica aceptó por primera vez un recurso extraordinario interpuesto por un gremio bonaerense.

Se trata de una demanda presentada en octubre en Washington por el secretario general, de UPCN, Carlos Quintana con el fin de que se restituyan la totalidad de los montos descontados desde julio del 2001 a los sueldos y las jubilaciones de los empleados públicos bonaerenses superiores a los $1.200 mensuales brutos.

En diálogo con el sitio bonaerense Infocielo, el representante legal del gremio, Alfredo Ferrarini explicó que "el Tribunal en una primera lectura dio curso a la denuncia. El abogado para latinoamérica nos ha informado que se fijó la fecha para las "audiencias in bocce", las cuales son para aclarar algunos puntos de la denuncia que no estuvieran claros o para agregar algún hecho novedoso que favorezca al alegato inicial, es decir, si existiera algún fallo o se expidiera la Justicia confirmando el fallo del Dr Arias que ordena la restritución del 100% de la quita, ese hecho se podría agregar a la presentación inicial. En caso de que la presentación siga su curso, la Comisión le aconseja a la Provincia que en 60 días acceda al reclamo de no hacerlo se traslada la demana para ser tratada como un juicio común".

Ferrarini agregó además que "no hay antecedentes de que la Comisión de Derechos Humanos respecto de un reclamo de índole salarial, iniciado por un gremio estatal provincial, lo haya aceptado".

"Nuestra presentación se basa en la discrimación entre los empleados nacionales y los bonaerenses. La Corte Nacional se expide a favor de devolver el 100% a los empleados de Capital y cruzando el Riachuelo estables que sólo se devuelven 6 años. Es discriminatorio", finalizó.

Esto surgió luego de que el mencionado gremio consideró inválido el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que denegó el pago retroactivo del dinero quitado a los estatales bonaerenses, durante la vigencia de la ley de emergencia económica que abarcó 30 meses.

Las audiencias orales ampliatorias se fijaron para los meses de mayo y octubre.

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