La Corte no desearía involucrarse por ahora en el conflicto con las 'pasteras'

Si bien el gobernador entrerriano Jorge Busti desea que la Corte Suprema entienda en el conflicto con las empresas Botnia y Ence y el gobierno uruguayo, la Corte preferiría que, si no hay un diplomático o funcionario uruguayo explícitamente involucrado, sea el juez de Instrucción quien siga investigando el tema. Esto no coincide con los intereses de Busti.

La denuncia penal que promovió el gobierno de Entre Ríos por la instalación de las papeleras en Fray Bentos, Uruguay, ya llegó a la Corte Suprema.

El expediente fue impulsado, a instancias de Busti, por la fiscal de Estado de Entre Ríos, María de los Milagros Squivo, que imputa el delito de contaminación en grado de tentativa en el que presuntamente podrían haber incurrido los directivos de las firmas Ence (España) y Botnia (Finlandia), y también funcionarios del gobierno uruguayo.

La presentación había sido radicada el 19 de enero en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, por el presunto delito de "contaminación ambiental en grado de tentativa".

En el juzgado federal de Concepción del Uruguay, la recibió Guillermo Quadrini, pero la semana última el juez se declaró incompetente.

El magistrado consideró que la competencia originaria y exclusiva de la causa es del máximo tribunal, ya que se trata de un conflicto entre Estados y pueden estar involucrados funcionarios uruguayos.

Quadrilli sí aceptó como querellantes en la causa al gobernador Jorge Busti y su vicegobernador, Pedro Guastavino; su fallo no fue apelado.

El expediente ingresó el viernes en la Secretaría Penal de la Corte, a cargo de Esteban Canevari. Si bien su opinión no es vinculante, es un paso habitual enviar el expediente al Procurador General antes de que los ministros de la Corte traten el tema.

Entonces, la Corte enviará el lunes el expediente al procurador general, Esteban Righi, pero existiría cierta unanimidad en exigir que la causa sea devuelta al juez de instrucción Quadrilli.

Busti espera que el dictamen de Righi convalide la competencia de la Corte. Los abogados que patrocinan a Busti recordaron la Resolución 72 de la Procuraduría, del 30 de agosto de 2002, cuando se indicó a los fiscales federales "que deben defender la competencia del fuero de excepción en este tipo de delitos", según consta en la denuncia efectuada por Busti contra cinco directivos de Ence (Fernando García Rivero, Rosario Pou, José Luis Méndez López, Juan Ignacio Villena Ruiz-Clavijo y Pedro Blanquer Gelabert) y otros cuatro de Botnia (Ronald Beare, Kaisu Annala, Carlos Faropa y Erkki Varis).

Sin embargo, una eventual decisión de la Corte de hacerse cargo del conflicto podría interpretarse como la voluntad del gobierno argentino de elevar la temperatura del conflicto.

La Corte se ampararía en por ahora no aparece en el expediente ningún diplomático involucrado, por lo cual el juez de instrucción debería continuar investigando el caso.

La Argentina prepara una demanda contra Uruguay ante la Corte Internacional de La Haya y Uruguay estaría habilitado a demandar a la Argentina ante el Tribunal del Mercosur, órgano competente para conocer en los conflictos donde está afectada la libre circulación de personas y mercaderías, como consecuencia de los cortes de dos puentes fronterizos.

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