El cambio en el impuesto a las Ganancias beneficiará apenas al 6% de los asalariados

Entre los graves sucesos ocurridos en Las Heras y el reclamo del sindicalista Hugo Moyano, el Gobierno nacional decidió ceder y aumentar el minimo no imponible en la 4ta. categoría del Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, el beneficio será solamente para el 6% de los asalariados, profundizando la brecha salarial porque no resuelve los problemas estructurales que se remontan a la megadevaluación, según informó el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).

El ajuste fiscal basado en mejorar la recaudación tributaria gracias a la inflación y licuando el valor real de las jubilaciones y los salarios comienza a ser cuestionado con severidad.

Bajo un clima de protestas agresivas, el primer relajamiento que admitirá el Gobierno a la ortodoxia impositiva será a favor del 6% de los asalariados que reciben los ingresos más altos.

Actuar en función de presiones y no en base a un plan de transformación, profundizará las inequidades que provocó el ajuste.

En respuesta a hechos de muy grave violencia el gobierno se apresta a aumentar los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias. La medida afectará a remuneraciones superiores a $ 1.800 mensuales.

Parecería que la exagerada presión impositiva sobre los salarios es un problema que afecta sólo a los que más ganan.

Sin embargo, si se tiene en cuenta la presión impositiva total –es decir, impuestos a las ganancias más cargas sociales– se observa que todos los asalariados sufren una carga fiscal muy elevada.

En base a datos oficiales del INdEC se puede observar el siguiente cuadro de situación en el mercado laboral de los grandes aglomerados urbanos del país:

> El 6% de los asalariados está registrado, tiene un salario mensual de $ 2.480 y serán los beneficiados por la medida. La suma de cargas sociales más impuesto a las ganancias para ellos representa alrededor del 33% del costo laboral total.

> El 51% de los asalariados está registrado, tiene un salario promedio de $ 780 y no será beneficiado por la medida. La suma de cargas sociales más impuesto a las ganancias para ellos representa alrededor del 31% del costo laboral total.

> El 43% restante de los asalariados totales son trabajadores "en negro", tiene un salario de bolsillo promedio de $ 450 y, obviamente, no paga cargas sociales, ni impuesto a las ganancias.

Los datos indican que la enorme cuña que existe entre el salario de bolsillo que recibe el trabajador y el costo que paga el empleador no se presenta sólo en los altos salarios, sino que es un problema de todos los trabajadores.

Esto es consecuencia de que, a diferencia de lo que ocurre con el impuesto a las ganancias, las cargas sociales afectan a todos los trabajadores inclusive a quienes reciben remuneraciones inferiores a la línea de pobreza.

En el extremo, una gran cantidad de trabajadores de bajos salarios ven lejana la posibilidad de poder pagar los costos laborales que implica cumplir con la legislación, siendo éste uno de los principales motivos que los induce a operar en la informalidad.

Datos de otros países son consistentes con la idea de que el problema en Argentina no es el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, sino el diseño incorrecto que tienen las cargas sociales.

Por ejemplo, en Chile el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias está fijado en alrededor de US$ 800 mensuales, es decir, un monto no muy diferente al que se cuestiona en la Argentina.

El punto relevante es que, en Chile, las cargas sociales son mucho más bajas, tanto porque las alícuotas son más reducidas como porque se aplican un tope de remuneración sujeta a aporte relativamente bajo.

Adicionalmente, el impuesto a las Ganancias comienza a operar en los primeros tramos de ingresos con una alícuota inicial del 5% y no del 9% como en la Argentina.

La lógica subyacente es imponer cargas sociales acordes con las prestaciones que el sistema de seguridad social puede pagar que, en general, deben ser relativamente bajas para que sean universales.

Las alícuotas de las cargas sociales deberían ser moderadas y con topes de remuneración sujeta a aporte relativamente bajos y la progresividad en el financiamiento lo debe dar el impuesto a las ganancias que, al ser un tributo, no genera derechos a reclamar al seguro social prestaciones adicionales.

En Chile, para las remuneraciones bajas la cuña entre salario de bolsillo y costo laboral es reducida lo que se traduce en menor incidencia del empleo no registrado. Esto trae como consecuencia una cobertura más extensa de la seguridad social con niveles de prestaciones sustentables.

Desde un punto de vista ortodoxo, el ajuste fiscal que produjo la devaluación resulta impecable. Nunca la Argentina logró superávit fiscales como los actuales. Sin embargo, hay señales de que el proceso no es sustentable.

Prueba de ello es que los cambios se van imponiendo en función de la capacidad de presión de cada sector. Aquí se enmarcan las protestas violentas para forzar cambios en el impuesto a las ganancias o juicios previsionales para recuperar el valor perdido de las jubilaciones. Estas tendencias vienen asociadas fatalmente con empeoramiento en la distribución del ingreso.

La alternativa es adelantarse a los conflictos con una estrategia de transformación que apunte a generar bases para un proceso de crecimiento con equidad. En este sentido, y en relación a la política tributaria sobre los asalariados, sería recomendable establecer un mínimo no imponible, pero para las cargas sociales.

Si las cargas sociales se pagaran, por ejemplo, por el excedente que supera el salario mínimo, todos los trabajadores experimentarían una mejora en su salario de bolsillo. Tan importante como esto es que se estaría dando una condición necesaria para que casi la mitad de los trabajadores que trabajan "en negro" entren a la formalidad, paso ineludible para reducir la pobreza.

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