CALMA CHICHA

El Estado aumentaría su intervención en el comercio agrícola

15 días de tregua entre el campo y Cristina Fernández. Ante la opinión pública, el campo desea exhibir su voluntad de utilizar el conflicto solamente como última posibilidad. También debe plantearse cómo recuperar la atención urbana porque de lo contrario tiene menor repercusión.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La Mesa de Enlace -que se reunirá el martes 25/01- anunció una tregua de 2 semanas en el reclamo al Ejecutivo Nacional para que normalice la comercialización del trigo.

Ocurrieron asambleas en Bahía Blanca, María Grande, Laboulaye y Pergamino, y un tractorazo frente a Cargill, en Rosario, pero no hubo acatamiento de los propios productores en el cese de comercialización (las ventas fueron abultadas). Y la protesta careció de repercusión urbana.

Con todo, el presidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo De Angeli, advirtió: "Vamos a tener un año de lucha. El camino es largo; no nos quedemos durmiendo la siesta".

La protesta reciente buscó llamar la atención sobre la intervención del Gobierno en el precio del trigo, que afecta las ventas del cereal desde hace 4 cosechas, transfiriendo más de US$ 2.000 millones a los exportadores y los molinos.

"El problema es el mismo para todos los productores. El reclamo seguirá hasta que recibamos por el trigo el precio que nos corresponde", dijo el presidente de CRA, Mario Llambías, a Radio 10.

Pero es cierto lo que advierte De Angeli: el conflicto continuará.

Aqui algunos datos al respecto.

Silvia Naishtat en el diario Clarín:

"Un estudio realizado por la Cepal, sobre los cambios estructurales en el campo, analiza las denominadas cadenas de valor y llama la atención en quién agrega, precisamente, valor al grano hasta convertirlo en alimento. Sostiene que no solo es un proceso hacia adelante, vía la industrialización, sino también hacia atrás con la innovación genética en la semilla, por ejemplo, y también hacia los costados.

Sin embargo, los primeros eslabones, es decir los productores, son los que menos ingresos perciben proporcionalmente. La Cepal contó 31 cadenas de valor agropecuarias que representan el 15% del PBI, el 48% de todo lo que exporta la Argentina y emplean al 11% de los trabajadores. Y sugiere una regulación inteligente por parte del Estado.

Lo más notable es que, con cotizaciones internacionales excepcionales y una soja cercana a los US$ 500 por tonelada, las mejores carnes, que se exportan vía la cuota Hilton en US$ 16.000 la tonelada y la leche en polvo a punto de perforar los US$ 4.000, el problema planteado con el trigo es sólo la punta del iceberg. (...").

También en Clarín, una entrevista de Candelaria De la Sota fue reveladora de lo amplio del reclamo:

"La primera impresión indica que Piso Gerlo y Alicia Marquard tienen poco en común. El tiene 30 hectáreas en Carreras, en el sur de la provincia de Santa Fe, y ella 1.000 hectáreas en Maciá, en el corazón de Entre Ríos. Sin embargo, coinciden en sus puntos de vista y no dudan al asegurar que el Gobierno busca enfrentar al campo con la sociedad.

Lo que el Gobierno quiere es hacernos pelear a nosotros con la gente, y también entre nosotros, entre las entidades”, dice Piso, que se define como un pequeño chacarero y miembro de la Federación Agraria (FAA), que hace 30 años que trabaja las hectáreas que compró en Carreras, un pueblo donde viven 1.935 habitantes.

A su lado, Alicia Marquard agrega: “El Gobierno quiere que seamos sus esclavos, que produzcamos alimentos baratos y que no tengamos ganancias reales”. Y asegura que “si eso ocurre, vamos a desaparecer”.

Lo dice ella que hace 23 años dejó la ciudad de Buenos Aires para irse a vivir al campo con su marido, con quien produce principalmente ganado en las 1.000 hectáreas que tiene, de las cuales –aclara– “700 son monte inundable”. Lo dice ella que todavía tiene guardado el trigo que cosechó en 2009 en las 200 hectáreas de su campo que sirven para sembrar.

“Si todavía no pudimos vender ese trigo del año pasado (en referencia al 2009), te imaginás que este año no hicimos nada de trigo”, precisa Alicia, que hace años forma parte de la Sociedad Rural Argentina (SRA). (...)".

El Cristinismo considera que el reclamo del campo puede complicar el año reelectoral, y reaccionó con enojo.

Por ejemplo, intentó quebrar la Mesa de Enlace. Sorprendió, en ese contexto, el ataque dominical a Carlos Garetto, titular de la muy moderada intercooperativa Coninagro.

Javier Lewkowicz escribió en el diario Página/12:

"(...) Mario Llambías, Eduardo Buzzi, Hugo Biolcati y Carlos Garetto concentraron sus críticas en el Gobierno por suscribir un acuerdo de precios que beneficiaría a molinos y exportadoras en perjuicio de los productores trigueros.

Ese desgastado grupo de cuatro dirigentes patronales no ha mencionado en sus arengas diarias que uno de sus integrantes se encuentra en los dos lados del mostrador. Ese puede ser el motivo de que sea el más callado de los cuatro.

La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) es una de las entidades que conforman Coninagro, cuyo presidente, Carlos Garetto, compone la Mesa de Enlace.

ACA exporta de forma directa cerca del 8% del total liberado por el Gobierno recibiendo el precio FAS teórico para el trigo (valor que motivó la protesta). Despacha ese volumen al exterior pese a contar con asociados que producen mucho más.

La porción del comercio exterior en la que opera ACA está definida por las grandes multinacionales del negocio, como Cargill y Bunge, que regulan la cuota que recibe cada firma en la cámara de exportadores.

A su vez, ACA les exporta a las filiales de esas multinacionales en otros países, aceptando ese lugar restrictivo en la actividad que perjudica a sus productores. Ese doble juego no inhibió al productor triguero y ganadero Garetto a firmar hace unas semanas un acuerdo con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, para la entrega de créditos subsidiados a productores de Leones, localidad donde tiene su propia explotación.

También participa en la comercialización del trigo desde ACA. Y se anota en la Mesa de Enlace para apuntar contra el Gobierno. Garetto sabe estar en todos lados. Situación similar, aunque no en forma tan amplia, se comprueba con la Federación Agraria Argentina, conducida por Eduardo Buzzi, y la Asociación Federados Argentinos. (...)

Fabián Francioni, intendente de Leones, Córdoba, donde tiene su campo Garreto, le dijo a Página/12 que en esa localidad “los productores no quieren saber de nada con las cooperativas” y que “las entidades ahorcan a los asociados con los precios, cuando ellos venden al FAS teórico”.

“Garetto (productor triguero) les vende directamente a Cargill y Bunge”, agrega. En tanto, desde AFA indican que “con el trigo los productores están ahora muy sensibles, es muy difícil que ACA se quede con una parte, pero puede pasar con la soja”.

Aparece entonces otro elemento para explicar las razones de por qué ACA no se expande para beneficiar a sus asociados: en muchos casos, los propios productores dudan de estar recibiendo el máximo precio posible y prefieren el negocio de la comercialización en sí mismo, desligado del interés de los asociados. (...").


Julián Domínguez, ministro de Agricultura, insiste en que no hay motivos para la protesta. Aunque también anticipa que habrá mayor intervención estatal en la comercialización. La Junta de Granos sigue siendo una meta de buena parte del Cristinismo, para que el Estado participe más de la renta agraria, con la excusa de proteger al mediano y pequeño productor a quien, en verdad, se desprotegió.

Luego Domínguez, es un funcionario muy preocupado con la situación porque él pensaba llevarse su gestión agropecuaria como capital para su proyecto político futuro hacia la Gobernación bonaerense, y esa idea está en crisis ahora.

Sebastián Premici en el diario Página/12, entrevistando a Domínguez:

"(...) –¿Por qué sostiene que el lockout de las entidades agropecuarias fue un reclamo político?

–Mi apreciación es que no está en discusión la política integral del trigo. Nos habíamos propuesto cinco ejes como política para este sector.

> El primero era garantizar el cuidado del suelo y su rotación, veníamos de una cosecha de 7,5 millones de tonelada y este año casi alcanzaremos las 15 millones de toneladas. Por lo tanto, el propósito de asegurar la rotación del maíz, trigo, soja y girasol fue alcanzado.

> El segundo objetivo fue lograr que todos aquellos que quisieran sembrar trigo lo pudieran hacer, sobre todo en la zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires, como Bahía Blanca, lugar que eligió la Mesa de Enlace para hacer su asamblea. Para beneficiar esta zona se creó un Fondo Rotatorio, con un registro manejado desde los concejos deliberantes de cada ciudad. Con este instrumento los productores tienen la posibilidad de acceder al financiamiento a tasa cero para gasoil y las semillas. Después de cuatro años logramos incorporar aproximadamente 2.000 nuevos productores a la siembra del trigo.

> El tercer elemento consistía en garantizar un mercado para nuestra producción. De esta manera, abrimos cinco nuevas consejerías agrícolas en el mundo.

> Los productores también nos reclamaban una señal antes de que comenzara la siembra y por eso abrimos la exportación en 3 millones de toneladas y luego decidimos abrir la totalidad del saldo exportable antes de la finalización de la cosecha.

> Tampoco debemos olvidar que aquellos productores que no quieran malvender su producción, pueden acceder a un crédito del Banco Nación para financiarse a tasa cero. La política sobre el trigo cumplió con todos los requerimientos del sector.

–Si esto fue así, ¿de dónde, entonces, surge el reclamo de la Mesa de Enlace?

La verdad que no entiendo el sentido de la protesta. Cada medida que se toma tiene que estar acompañada de un sentido, apuntar hacia algún lado. Realmente no logro entender cuál es su objetivo, ya que lo que planteaban, lo cumplimos. Al campo nunca le ha ido tan bien como en la última década. Este sector es constitutivo del proyecto nacional, forma parte del núcleo de empresas que tienen presencia en Brasil, Africa, que hacen negocios con India, Rusia, China. Creo que algunos dirigentes pretenden generar una discusión por fuera del sector, pero en nombre de éste, para invisibilizar la revolución productiva de la última década. En los últimos diez años alcanzamos 30 millones más de toneladas de granos, incorporamos al sistema productivo 12 millones más de hectáreas, se crearon nuevos grupos empresarios. La Mesa de Enlace no logrará que retrocedamos y se oscurezca lo positivo de un proyecto que tiene en su núcleo la defensa de los intereses de la Nación. Este cese de comercialización tiene todo el formato de no representar una discusión que sea tributaria de un mejoramiento del modelo de país. Algunos, por dogmas quizá, terminan atentando contra sus propios intereses.

La Mesa de Enlace sostiene que el saldo exportable está repartido entre las grandes exportadoras. Por eso manifiestan que no pueden vender su producción y que no consiguen quién les pague el precio pleno del trigo.

–De casi 15 millones de toneladas de la actual cosecha, ya hay 7 millones de toneladas abiertas a la exportación. Todo aquel que quiera exportar puede presentarse en la Oncca y solicitar un permiso de exportación (ROE verde). Todos los jugadores que quieren comercializar su producción puedan participar del mercado. De hecho, las cooperativas participan de este proceso de exportación de la producción granaria argentina, donde también están las cooperativas que pertenecen a las propias entidades, como la Asociación de Cooperativas Argentinas, vinculada con Coninagro y Agricultores Federados Argentinos, vinculada con la Federación Agraria.

Si los productores tienen la posibilidad de asociarse en cooperativas para exportar y comercializar su producción, como es el caso de la ACA y de AFA, ¿por qué no canalizan todas sus ventas y exportaciones a través de ellas?

–Sueño que el proceso de comercialización de cereales pueda hacerse a través de las cooperativas, pero sería bueno que los productores no usen estos instrumentos solamente cuando tienen necesidades, sino que deberían aprovechar las cooperativas también en las épocas de bonanzas. El movimiento cooperativo debe ser un aliado estratégico del Estado en defensa de los intereses de los productores. En su concepción, las cooperativas deberían funcionar como el respaldo de los más débiles.

Pero esas mismas cooperativas no les pagan el precio pleno a sus propios asociados.

Es un tema que estamos analizando. Sabemos que hay una conjunción de elementos que deben ser tomados en cuenta para resolver los problemas puntuales que aparecen. El camino más acertado en esta discusión sería resolver el conflicto puntual del precio pleno del trigo y quitarle cualquier otra connotación política, que no nos conduce a ningún lado.

En relación con este concepto cooperativista, ¿por qué el Estado todavía no tomó la decisión política de impulsar una nueva Junta Nacional de Granos, que podría mejorar el sistema de comercialización?

En alguna medida este año ensayamos un sistema más o menos parecido. La posibilidad que tiene hoy el productor de retener su cosecha a tasa cero, la garantía expresa de que la molinería adelantará la compra de 1,5 millón de toneladas, con financiamiento estatal y el anticipo de 3 millones de toneladas para la exportación (realizado en enero y que se suman a los 4 millones previos) es lo que haría una Junta Nacional de Granos. Con todo esto estamos garantizando la compra adelantada del 30 por ciento de la producción, con el objetivo de generar las condiciones de mercado y lograr un precio de referencia. Creo que la Argentina va hacia un proceso donde el Estado intervendrá cada vez más en el comercio de granos, como un garante para el almacenamiento de lo que es el abastecimiento interno. (...)".

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