El 'caso Garbarz' desliza algunos interrogantes que la revista 'Noticias' olvidó investigar

CIUDAD DE BUENOS AIRES  (Urgente24). Desde el año 2000, en forma periódica, Ariel Garbarz realiza sus ofensivas mediáticas, quien afirma ser proveedor de 'tecnología de punta' para el contraespionaje telefónico e informático. De acuerdo al diálogo que tuvo con Franco Lindner, de la revista 'Noticias de la Semana', él se encuentra "enojado con el entorno del Presidente. Yo lo voté, al principio creo que apoyaba nuestro proyecto de la UBA. Pero él está rodeado de atoritarios y de corruptos, de gente que se cree que te puede patotear".
Garbarz creyó que, con Néstor Kirchner sería proveedor de servicios para el Estado Nacional, tal como ocurrió en días de Fernando De la Rúa, pero luego de entrevistas con funcionarios de la Secretaría de Inteligencia y otras reparticiones, su oferta no prosperó. Sí dice estar vendiendo servicios a Provincia de Buenos Aires.
Garbarz se presenta como "ingeniero eléctrico, director del Proyecto Nacional de Teleinformática de la Universidad de Buenos Aires" pero él, básicamente, es el responsable de la consultora Protección Digital, con sede en Oro 2363 de la Ciudad de Buenos Aires y cuyo rostro institucional es Claudio Garbarz.
Urgente24 reprodujo en febrero un artículo de la agencia OPI Santa Cruz que hacía mención a la publicación 'Poder & Telecomunicaciones', donde Garbarz afirmaba que el Gobierno argentino "tiene en su poder un software gratuito que desarrollamos en la Universidad de Buenos Aires (UBA), destinado a proteger a todos los teléfonos fijos y móviles de las escuchas ilegales. Pero no hay decisión política de ponerlo en práctica; sólo lo usan el Presidente de la Nación, funcionarios del Poder Ejecutivo y directivos de grandes empresas, mientras se niega al resto de la ciudadanía el derecho a la privacidad en las telecomunicaciones".
No obstante, en la entrevista con la revista 'Noticias', Garbarz se queja, en forma reiterada, que su oferta al Estado Nacional no prosperó, culpa a Francisco Carlos Larcher, subsecretario de Inteligencia, a quien considera el verdadero jefe de los espías nacionales, y arremete contra Julio De Vido porque le habría ofrecido, según él, pagos en especies (contratos para 'ñoquis') y no en dinero.
OPI recorbada que Garbarz le había manifestado al blog 'El Informatorio' lo siguiente: "Néstor Kirchner nos pidió apenas asumió, el 25 de mayo de 2003, que instaláramos en sus celulares, en los de los ministros del Poder Ejecutivo e inclusive en móviles de los jefes de la Side, el software que desarrollamos en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y en la UBA que se llama DBA.exe, y que bloquea equipos interceptores digitales. Desde entonces, hace más de 3 años, esas líneas están protegidas".
En 'Noticias', sin embargo, él reconoce que nunca llegó a conversar con Kirchner y que sus diálogos fueron con el tal Larcher, y que no prosperaron.
Garbarz fue consultor en seguridad telefónica del Estudio Moreno Ocampo, a partir de diciembre de 1997, cuando Luis Moreno Ocampo, hoy fiscal de la Corte Penal Internacional, ofrecía un servicio anticorrupción, con cámaras ocultas y micrófonos, para capturar en vivo imágenes de ofertas de sobornos, etc. Moreno Ocampo fue proveedor del Estado cuando Domingo Cavallo libraba su guerra postal contra Alfredo Yabrán, y luego extendió ese servicio a empresas privadas.
Garbarz reapareció en escena como consultor sobre el sistema Excálibur para el cruce de datos en la causa del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, de la revista 'Noticias', donde ahora fue entrevistado por Lindner.
O sea que su relación con los periodistas que trabajan para Jorge Fontevecchia no es reciente. También fue columnista del ex diario 'Perfil' (hoy es un periódico dominical).
Además, escribió en el diario 'Página/12', y por lo tanto no es una casualidad que el hoy diputado nacional Miguel Bonasso, ex columnista de 'Página/12', lo convocara semanas antes que asumiera Kirchner.
También realizó tareas para el ex Frepaso y el ex juez federal Luis Leiva, de Mendoza (fue expulsado por un Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación), por lo que cabe preguntarse si Garbarz no tiene una ideología muy marcada que, probablemente, desalentó la contratación que buscaba en la Side.
Una demostración de ello: el domingo 27 de febrero del año 2000, el diario Clarín afirmó que la red de escucha electrónica Echelon, liderada por USA, sería usada para espionaje industrial, y un blanco habría sido el Ministerio de Economía, según Ariel Garbarz, "consultor especializado en protección de líneas telefónicas, quien dijo tener contratos con esa cartera y la de Salud, que en enero comprobó que 21 líneas de Economía estaban intervenidas, vía satélite desde el exterior, con la misma tecnología que utiliza Echelon y que así lo informó al ministerio".
Afecto a las teorías conspirativas, Horacio Verbitsky escribió en 'Página/12' el 6 de noviembre del año 2000: "Los teléfonos personales del ministro de Economía José L. Machinea también son intervenidos mediante un interceptor de sistema BIOS TDM STG, según consta en otra denuncia judicial, formulada por el ministerio. Igual que en el caso de la revista 'Veintidós' la comprobación fue realizada por el consultor Garbarz. El hallazgo durante el allanamiento ordenado por el juez Urso de un equipo de esas mismas características en los sótanos de la SIDE podrá ser de interés para el juez federal Gabriel Cavallo, quien investiga la denuncia formulada por el Ministerio de Economía".
Sin embargo, el periodista Gerardo Young, autor de un libro sobre la Secretaría de Inteligencia, escribió en el diario 'Clarín' el 11 de diciembre de 2005: "(...) Parece un cuento de ciencia ficción, pero muchos creen que no lo es. Para empezar: en el Consejo de la Magistratura de la Nación y en la Legislatura porteña, en estos momentos están denunciando que tienen sus teléfonos intervenidos por un complejo sistema de espionaje. La denuncia del Consejo ya está siendo investigada en la Justicia y la de la Legislatura, según el vicepresidente segundo Miguel Talento, se formalizará esta semana. (...) El supuesto espionaje viene siendo denunciado por un grupo de especialistas en informática y, según ellos, está avanzando sobre muchos otros organismos del Estado. El Ministerio de Planificación Federal, la Procuración General (de donde dependen todos los fiscales), el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y hasta el Senado de la Nación, serían algunos de los objetivos de esa Gran Oreja. El fiscal federal Jorge Di Lello está a cargo de investigar esos casos. Si bien la Justicia federal lleva años lidiando con denuncias de este tipo, nunca hubo una de semejante magnitud. (...) La Gran Oreja fue denunciada por el Proyecto de Seguridad Teleinformática, un órgano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA impulsado por el Gobierno, pero cuyo director, el ingeniero Ariel Garbarz, genera desde hace años muchas polémicas en Tribunales. Su principal aval hoy es oficial: a través del diputado Miguel Bonasso, a poco de asumir la presidencia, Néstor Kirchner le encargó a Garbarz la protección de los teléfonos celulares de su familia, según confiaron a Clarín fuentes oficiales. En los últimos 5 años, Garbarz lleva denunciando intervenciones en distintos organismos públicos, pero en la mayoría de los casos no pudo probarse nada. Hasta ahora, sólo una vez logró demostrarlo, en agosto del 2003, cuando la Justicia comprobó la intervención de los teléfonos del Ministerio de Economía en tiempos de la Alianza y durante la gestión de Roberto Lavagna. ¿Será cierto esta vez? (...)".
Es muy interesante lo que publicó la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del informe de la Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos Vinculados con el Lavado de Dinero, que presidió Elisa Carrió. En su Sección III puede leerse:
"(...) El martes 22 la Comisión recibió y abrió las ocho cajas enviadas por los Estados Unidos para iniciar la investigación de los supuestos ilícitos y el jueves siguiente recibió asesoramiento de expertos del Banco Central, entre ellos Alicia López, y de laAFIP, con el fin de interpretar los conceptos que aparecían en los resúmenes de cuenta que vinieron en las cajas.
(...) El 29 de mayo la presidenta de la Comisión llevó al seno de la comisión expertos en sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para analizar el modo de cargar y desarrollar una base de datos.
Para ello, la UTN pondría a disposición de la Cámara baja un escáner especial
para procesar la documentación requerida en forma más rápida que otros sistemas informáticos.
Se esperaba que en 72 horas el equipo de la UTN conducido por Ariel Garbarz
instalara el sistema "Néstor" que permitiera el listado de operaciones por orden
alfabético de nombre, cifras e identidad crediticia.
Se trataba del ordenamiento completo de los datos contenidos en las cajas con
los extractos del Citibank de Nueva York y los movimientos de las cuentas de
corresponsalías del American Exchange, Banco República y el Federal Bank.
En la reunión siguiente, por votación de la mayoría (9 contra 1), se rechazó la
propuesta del diputado Caviglia para incluir a Víctor Fogelman como asesor de la Comisión y se descartó el uso del sistema Excalibur para la búsqueda de información. Fogelman había estado vinculado con ex agentes del FBI y con una empresa de seguridad informática que ofrecía servicios a bancos y a empresas de telecomunicaciones.
Asimismo, se impuso la idea de los técnicos de la UTN de escanear toda la
información y almacenarla en una base de datos encriptada para luego trabajar sobre ella en un sistema Office.
Garbarz adelantó a los legisladores que el trabajo de almacenamiento de las ocho cajas con la documentación bancaria enviada por los Estados Unidos demoraría 52 días.
(...) El 26 de junio se conoció la solicitud del juez federal Gabriel Cavallo para que la justicia investigara al ingeniero Garbarz por los delitos de falso testimonio y estafa, en una causa en la que el técnico había afirmado que los teléfonos del Ministerio de Economía estaban intervenidos.
En enero de 2000, Garbarz tenía un contrato con Economía -que fue rescindido
un año después- para proteger los teléfonos de los funcionarios y chequear si existían líneas dudosas. En uno de sus procedimientos, el ingeniero aseguró que los aparatos estaban "pinchados", por lo que el entonces ministro José Luis Machinea ordenó presentar una denuncia judicial que recayó en el juzgado de Cavallo. (...)"
¿Cuál es, entonces, la verdadera historia de Garbarz? Hubiese sido interesante que un buen periodista como Lindner pudiera investigar un poco más.