Bonadío no se da por vencido con una causa que complica a Moyano

Luego de que el juez Norberto Oyarbide rechazara el pedido de inhibitoria que le planteó su par Claudio Bonadío en la causa en la que se investiga la defraudación a la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud a través de la Obra Social del Sindicato de Camioneros, el magistrado elevó la causa a la Cámara Federal para que resuelva su pedido.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El juez federal Claudio Bonadío resolvió trabar cuestión de competencia entre su juzgado y el de su par Norberto Oyarbide, en el marco de la investigación por irregularidades en el otorgamiento de subsidios y reintegros por parte de la Administración de Programas Especiales (APE) hacia las obras sociales del Sindicato de los Camioneros.
Así, será la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal la que deberá resolver si Oyarbide deberá entregarle a Bonadio documentación vinculada a la megacausa de los medicamentos adulterados, relacionada con la Obra Social de Choferes de Camioneros de la Capital Federal (Oschoca) y a la Obra Social de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Cargas, según publica el Centro de Infor5mación Judicial.
Cabe recordar que Bonadio le había solicitado a Oyarbide que se inhiba de intervenir en la investigación con relación a esas obras sociales y que le remita toda aquella documentación que guarde relación con la facturación por la venta de medicamentos a esas firmas por parte de la Droguería San Javier SA, también investigada en la causa por los remedios falsos.
Oyarbide rechazó aquella solicitud y, en consecuencia, Bonadio trabó cuestión de competencia para que sea la Cámara la que resuelva el planteo.
Para Bonadío, el objeto perseguido en el marco de estas actuaciones es más específico y restringido que aquél perseguido en la causa que instruye Oyarbide, "cuya investigación se enfoca principalmente hacia la venta irregular de medicamentos para la salud por parte de la Droguería San Javier a las distintas Obras Sociales, enfocándose especialmente en la Obra Social Bancaria la más involucrada, ya que el titular de la misma se encuentra detenido con prisión preventiva en el marco de dicha causa".
Incluso destacó que la investigación contra las obras sociales de los Camioneros "viene siendo realizada en las presentes actuaciones con anterioridad a que el titular del Juzgado mencionado (Oyarbide) se abocara concretamente a investigar las irregularidades en los expedientes de la Administración de Programas Especiales".
Ayer, Moyano y su letrado recurrieron el rechazo que Bonadío expidió a un primer pedido de nulidad de la causa y a partir de ahora será la Cámara Federal porteña quien analice el caso y resuelva si confirma aquella negativa o da la razón al gremialista.
Bonadío había rechazado hace dos semanas un pedido de Moyano para que se declare la nulidad de una parte del proceso en el que se investiga a las obras sociales de los Camioneros por defraudación en el financiamiento de tratamientos.
En este expediente se investiga si la Obra Social de Camioneros (Oschoca) cometió irregularidades, del tipo 'dibujar' tratamientos con medicamentos caros, en los pedidos de a la Administración de Prestaciones Especiales (APE), del Ministerio de Salud, para reintegros por compras farmacéuticas.
La presunta existencia de troqueles supuestamente 'truchos' en remedios oncológicos presentados a la APE y las compras al mayorista farmacéutico Marcos Daniel Hendler, dueño de la droguería "Urbana", también son investigados, entre otras operaciones atribuidas a Oschoca.
Tanto la sede de la obra social como de la droguería "Urbana" han sido allanadas, en este expediente que se inició en 2006 a partir de una denuncia radicada por el titular de la UOCRA La Plata, Juan Carlos "Pata" Medina, adversario histórico de Moyano en la interna sindical peronista.
Bonadío analiza si hubo defraudación con los tratamientos y medicamentos que son financiados con fondos que administra la Administración de Prestaciones Especiales (APE), del Ministerio de la Salud, y en donde estarían vinculadas droguerías que también son investigadas por Oyarbide, en la megacausa por los medicamentos adulterados.
Bonadío tiene en su despacho los documentos donde consta que la obra social de Camioneros recibió del Estado (a través de la Administración de Programas Especiales) casi $70 millones entre 2006 y 2009 para, supuestamente, pagar medicamentos de alta complejidad vendidos a la mutual de los Moyano por su proveedor preferido: la Droguería Urbana, una sociedad que aportó a la campaña presidencial Cristina de Kirchner en 2007, y que está siendo investigada no sólo en este expediente sino también en el que tiene Oyarbide conocido como "la mafia de los medicamentos".
La relación demasiado estrecha que mantienen los Kirchner con Moyano podría terminar en un escándalo si se conociera que la obra social que administra la esposa de Moyano, Lilian Zulet, está relacionada a actividades ilícitas.

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