Fondo Eléctrico de Santa Cruz: La derogación de la ley duerme en un cajón

El proyecto quedó estancado en la inactiva Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados que preside un kirchnerista. Y aunque la iniciativa cuenta con un dictamen y a esta altura puede ser tratada en el recinto, debe cumplir algunos requisitos de difícil acceso.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La derogación de la ley que habilita el Fondo Eléctrico que beneficia a la provincia de Santa Cruz tiene por delante un tortuoso camino.
Si bien la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados consiguió dictamen para su tratamiento, el proyecto ahora descansa en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde está estancado.
Pero no es un caso particular. Todo proyecto que resulte inconveniente para el gobierno y que deba pasar por esa instancia encuentra allí un punto muerto. Desde la oposición aseguran que el presidente de la Comisión, el oficialista Gustavo Marconato, tiene expresas órdenes "desde Olivos" para mantenerla inactiva.
Por ello, se estudia presentar en la próxima sesión de la Cámara Baja una "moción de privilegio" para discutir la actitud de Marconato.
En cuanto a la derogación del Fondo Eléctrico, el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán anticipó a Urgente24 que como ya han transcurrido 30 días desde la firma del dictamen de Energía, y en ese tiempo Presupuesto y Hacienda no lo trató, comenzarán los pedidos para su discusión en el recinto.
Para ello hay 3 opciones:
>Un acuerdo político en la reunión de Labor Parlamentaria que permita su tratamiento en la sesión correspondiente;
>Una moción de "sobre tablas", para tratarlo en la misma sesión. Su aprobación se obtendrá con los 2/3 de los votos; o
>Una moción "de preferencia" mediante la cual se votará el tratamiento del proyecto en las sesiones siguientes. Para esto se debe reunir una mayoría simple, o sea, 129 votos.
Cualquiera de estas iniciativas que necesite de los votos oficiales quedaría descartada. Incluso, hay legisladores opositores que también rechazan la derogación del Fondo Eléctrico, como los radicales de Santa Cruz (ver nota relacionada).
La Ley 23.681 de 1989 establece un cargo del 0,6% (o 6 por mil) y se aplica a los consumidores finales de todas la empresas de distribución de electricidad del país.
La ley, sancionada en último tramo de la presidencia de Raúl Alfonsín, perseguía como objetivo financiar las obras para la inclusión de la provincia patagónica en el Sistema Interconectado Nacional y subsidiar las tarifas locales, muy superiores a las del resto del país. Cuando se incluyó ese impuesto se hizo lo propio con otro para Misiones, con el mismo fin: pero en este caso la provincia concretó la obra en 2 años y el recargo se dio de baja en 1996 mediante la Resolución 153 de la Secretaría de Energía. En el caso de Santa Cruz, ninguno de sus objetivos fue cumplido.

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